Opinion
Periscopio

¿Licencia para embriagarse?

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Armando Sepúlveda Sáenz
miércoles, 18 septiembre 2019 | 05:00

Recientemente las autoridades administrativas del gobierno del estado, según nota del Diario de Chihuahua del pasado viernes, se percataron que las disposiciones de la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua eran ineficaces para alcanzar el propósito que pretendían lograr y por otra parte terminaban por promover conductas indeseables.   

La Ley, al final de su artículo 1º.   “promoviendo la protección a la salud frente a los riesgos derivados del abuso en el consumo de bebidas alcohólicas’’.   A fin de evitar los riesgos, la Ley faculta al gobierno del estado para determinar los horarios de venta de bebidas embriagantes (Artículo 7, fracción III). La Ley en vigor data de 2017 y se supone que moderniza su aplicación superando las deficiencias que la anterior tenía. Por lo que corresponde a los efectos indeseables, la nota de referencia recoge de los funcionarios la existencia de una demanda extraordinaria las horas previas a la entrada en vigor de la “ley seca”.

En lo personal, no entiendo la preocupación gubernamental, cuando el que tiene que solventar la demanda es el negociante (legal o ilegal) de bebidas alcohólicas ya que, ante la imposibilidad de adquirir el bien, el consumidor novato y no previsor caería en abstinencia forzada.   Todo mundo sabe, sin embargo, que el consumidor aficionado o empedernido (dipsómano puede ser el caso) o social, adquiere con anticipación la dotación necesaria. El alcohólico tiene en inventario, el abasto necesario para enfrentar cualquier “sequía” oficial o de mercado. 

La actualización no tocó lo que atañe a las prerrogativas de las personas. Esto es, el propósito de la Ley es a final de cuentas: los riesgos en que pueden incurrir las personas en el ejercicio de su libertad y responsabilidad.  Afectar en alguna medida los riesgos por la autoridad, sólo puede hacerse vulnerando los derechos de las personas.  Ignoro si los funcionarios de la Secretaría de Gobernación realmente consideraron el consumo final de alcohol como un riesgo de salud y si además consideraron otros riesgos de “salud” para la persona bebedora y las decisiones que toma bajo el efecto de ingesta etílica (necesariamente diverso; las personas no tienen igual respuesta a una ración dada).  O sometiendo a severo análisis la exposición de motivos de la Iniciativa a fin desentrañar la formulación del problema y los principios, normas y medidas, así como su pertinencia epistemológica, metodológica y ontológica. Pero lo afortunado de la decisión por la ruta que sea, tiene indudable mérito. 

Aquí lo que interesa es la perspectiva que llevó al Ejecutivo y a los integrantes del Congreso del Estado a mantener como pertinentes al ‘’problema”: la injerencia indebida en la esfera de la decisión soberana de las personas de adquirir bebidas que potencialmente deriven en estados anímicos y volitivos indeseables que lleven en la práctica (dado que pueden, en su caso, tener resultados indeseables e incluso fatales para ellos o afectar derechos de terceros).

Renglones arriba se mencionó que las medidas han sido verificadas en los hechos como ineficaces. Sin embargo, se les daba pábulo en los medios, presumiblemente para vanagloriarse de la pureza moral de las autoridades y/o el compromiso con las mejores causas ciudadanas (simulación, pues).

Lo sorprendente, (aunque no tanto, dado que, salvo notables excepciones, en cada político contamos con un autoritario) es que transcurridas décadas de la suscripción de Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos; de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como de la reforma a la
 Carta Magna en materia de Derechos Humanos (2011) aún sobrevivan este tipo de normativas. 

Ejemplo de cómo se repiten enfoques (paradigmas) a lo largo de décadas es el afán de adecuar mediante leyes la conducta individual propia de los regímenes autoritarios en función de fines valiosos según su postura ideológica. No es gratuita la adopción del catecismo cívico (Cartilla Moral de Reyes) en la 4T. 

Si se trata de convocar a nuevas conductas, es preferible que todos asumamos como normas básicas de conducta personal la observancia rigurosa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las normas constitucionales consecuentes y sus leyes instrumentales. 

El afán de proseguir la trayectoria de legislar aplicando ciertos patrones -que facilita el trabajo sin duda- ya “probados”, dio licencia a considerar propósitos y acciones de salvaguarda de la salud individual en la ley de alcoholes, con la necesaria desventaja de postular acciones indirectas -horarios y cierres de expendios-. Si se trata de modificar conductas, a ojos vistas, son más eficaces y aleccionadoras las multas significativas aplicadas sin cortapisas para quienes conduzcan vehículos en estado inconveniente.

En fin, hay que felicitar a las autoridades por su decisión, sólo resta lanzar la iniciativa para modificar la Ley, y otras disposiciones legales para realmente incidir en la salud y las conductas responsables con el respeto a otras normas y derechos de terceros.