Opinion

Los cómplices de los asesinos están en gobierno

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La Columna de El Diario
domingo, 10 noviembre 2019 | 05:00

Ahora debemos preguntarnos con absoluta seriedad si el gobernador del Estado ha trabado relaciones con el crimen organizado en Chihuahua.

Junto con su jefe de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Óscar Aparicio Avendaño, personalmente ha boicoteado con secreta tenacidad a las instituciones de seguridad pública bajo su jurisdicción y colocado a Chihuahua entre las entidades del país con mayor impunidad. En luto permanente a su población.

Corral, protegido las 24 horas por un grueso escudo de escoltas y vehículos con el mayor blindaje del mercado, no está expuesto a que lo alcancen las llamas en un camión maquilador de transporte de personal atacado en Juárez por sicarios y menos ser brutalmente baleado por gatilleros en una brecha de la región serrana como lo fueron las madres LeBaron y muchos de sus hijos.

Sus traslados, la mayoría de ellos, aunque no lo ameriten y surjan del más recóndito capricho, son en cómodo helicóptero o avión, para que su humanidad no se exponga al fastidioso trajín mundano. En el sobrevuelo, bajo sus pies, las personas -sus súbditos- padecen las más espantosas vejaciones.

Tenemos datos extraoficiales que encajan perfectamente con la información oficial pública sobre el sabotaje del gobernador contra el fortalecimiento de la seguridad en las zonas norte y noroeste de la entidad, con sedes en Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes.

Están registradas al menos dos reuniones en las que participaron Corral, Aparicio y el fiscal general del estado, César Augusto Peniche. Fue discutida ahí la reestructuración policiaca y ministerial en todos los municipios de la región de Nuevo Casas Grandes, hoy todavía bajo la jurisdicción de Ciudad Juárez.

Aquella zona convulsa es donde a principios de la semana fueron acribillados los integrantes de varias familias LeBaron y Langford (aunque específicamente el ataque haya ocurrido al interior de los límites con Sonora) pero de ninguna manera se trató de un hecho aislado.

Son decenas de personas asesinadas en aquella vasta, intrincada y desamparada región durante el régimen corralista. Impera a sangre y fuego la ley del crimen organizado con todo y resistencia de las autoridades municipales y de la sociedad civil, particularmente de la multitudinaria comunidad mormona, que ha sufrido y defendido heroicamente. 

El crimen administra a las policías de todas las corporaciones e impone condiciones en el comercio de todo tipo de productos y prestación de servicios, en especial de los combustibles.

La extorsión tiene carta de naturalización en una zona que es ejemplo palpable de Estado fallido, con auténticos impuestos, que condicionan protección de bandas rivales y contraprestación por derecho de piso. Hay un Estado sobre otro Estado, abúlico e indiferente, que hace como que gobierna; exitoso en su discurso, desastroso en los hechos.


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Hemos citado en este espacio con frecuencia el acuerdo mediante el cual Corral y la Fiscalía General se hicieron del control de las policías preventivas en aquella zona, en febrero del 2017, apenas cinco meses después de haber llegado a la gubernatura.

Justo la violencia tremenda propició esa acción pero ni tuvo resultados, ni hubo rectificaciones ni enmienda alguna. ¿Por qué? La respuesta no la han dado ni el gobernador ni sus responsables en la materia, Peniche y Aparicio; al contrario, han sido premiados con las ratificaciones correspondientes cada vez que es exhibida su incompetencia y su evidente corrupción. Continuaron los muertos, las extorsiones...

Luego de esa “toma” sin resultados de las policías municipales por parte de la Fiscalía General hubo mayor presión de la comunidad hacia el Gobierno del Estado a través de políticos opositores a Corral en el Poder Legislativo.

Consiguieron al menos modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía para crear la zona noroeste de la institución que implicaría el fortalecimiento de la zona Juárez quitándole aquellos municipios y elevando la categoría de aquella región a zona sede con todos los recursos económicos y humanos correspondientes.

En las dos reuniones descritas líneas arriba, en particular Corral y Aparicio se negaron rotundamente a aceptar las propuestas de agentes del Ministerio Público que aparecían como candidatos a dirigir la zona noroeste, circunstancias que mueven a la convicción de que la intención es mantener abierta la operación delictiva, no a frenarla.


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Un año hace ya de la publicación en el periódico oficial del Estado de Chihuahua del decreto LXV/RFLEY/0875/2018 XVII P.E., que reforma el artículo quinto, misma fracción, de la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Sus artículos transitorios promulgan en blanco y negro, sobre papel oficial, que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, deroga todas las disposiciones que se opongan al mismo, ante lo que deberán realizarse “las modificaciones que resulten necesarias a acuerdos, protocolos, convenios o demás instrumentos jurídicos”.

Ordena que a la “entrada en vigor del presente decreto, las carpetas de investigación, los recursos humanos, materiales y financieros y, en general, todos los asuntos que actualmente se estén atendiendo por la Fiscalía de Distrito Zona Norte con competencia en los Municipios de Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos y Nuevo Casas Grandes; y por la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, con competencia en los municipios de Madera y Gómez Farías, quedarán a cargo de la Fiscalía Zona Noroeste”.

Para lo cual, se instruye a la Secretaría de Hacienda, para que realice las “previsiones presupuestales y administrativas que resulten necesarias para la infraestructura que sea indispensable, así como los recursos humanos financieros imprescindibles para la debida implementación”.

Pero hasta el momento nada de esto ha ocurrido. Hay una lentitud pasmosa, criminal, absurda. Tiene un año el decreto en mención que resulta obligatorio y no ha sido acatado, dilación que mueve necesariamente a pensar lo peor en la obstrucción de una adecuada persecución e investigación de los delitos, y la prevención de los mismos.

Trece meses largos en los que se ha acentuado el abandono en la zona, con crímenes de alto impacto, con profunda trascendencia comunitaria, que pone a prueba cada día con mayor rigor la resiliencia de pobladores que no encuentran solución a la maldición traducida en inseguridad.

El crimen golpeó contundente en la estructura del Gobierno municipal de Gómez Farías en aquel lejano 2018, con el ataque artero al alcalde electo, corolario de escenas de terror continuas, y hoy, da muestras de superioridad brutal, sanguinaria, asesinando a mujeres y niños, frente a una autoridad extraviada en la insoportable levedad del poder, incapaz de implementar un decreto de reorganización, que mueve necesariamente a sospecha.

“... mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento”, dice el decreto firmado de puño y letra de Corral Jurado, en Palacio de Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho”; fatua norma jurídica. Presentamos las imágenes correspondientes en las ediciones impresa y digital de La Columna.

Por ello la pregunta inicial es obligada, dados los acontecimientos en que se incendian poblaciones y son masacrados sus habitantes, los más inocentes, en el más terrible abandono. Suena descabellado, pero no lo es, cuando se revisa el dato crudo, espeluznante, del andar burocrático negligente, cómplice de Corral y su jefe policiaco Aparicio.

A la fecha ni siquiera han sido capaces de encontrar un local adecuado para instalar la zona noroeste; apenas andan sacando vehículos de un terreno porque dicen que van a edificar instalaciones nuevas: falta pelearse con Hacienda por los recursos, sin autorización de suficiencia.

Menos han avanzado en la reorganización administrativa, del personal y de las finanzas, en una evidente postura dolosa de acátese pero no se cumpla, mientras la región convulsiona en el estertor aciago y doloroso en que la ha colocado el crimen.

Así es en todo el estado, con un denominador común llamado Javier Corral Jurado, cuyo régimen aparece colocado en el bando de los malos,  no de los buenos.