Opinion

Los gobiernos locales al borde de una crisis fiscal

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Serafín Peralta Martínez

domingo, 19 julio 2020 | 05:00

No me habría animado a escribir estas notas, sino hubiera sido porque de propia voz, el presidente López Obrador dijo que “sí aceptaba revisar la fórmula de reparto”, en alusión a una pregunta que en su conferencia mañanera le hizo una periodista, relativa a la demanda que han estado planteando un grupo de gobernadores la mayoría del Partido Acción Nacional (PAN).

La demanda de gobernadores por más recursos fiscales, se ha venido intensificando a medida que se ha prolongado la contingencia sanitaria del Coronavirus, que ante la necesidad de implementar medidas de seguridad ý atención a la salud de las personas y de atención médica y hospitalaria, los gobiernos estatales y municipales han tenido que reorientar su gasto presupuestal, cancelando programas de inversión en infraestructura física y destinándolos a la atención de enfermos y de ayudas a los más necesitados.

En la medida que se propaga y crece el número de contagiados por el Coronavirus, en la medida que se prolonga la fase de contingencia, en esa medida crecen las necesidades presupuestales de los gobiernos locales y en esa misma medida se acentúa la contracción económica. Esta situación ha llevado al borde de una crisis fiscal histórica y sin precedentes, y los estados con un excesivo endeudamiento, podrían declararse en impago.  

De modo que la presión que han hecho los gobernadores, parece que es el mejor camino para evitar la debacle fiscal (Hacienda les acaba de mandar 20 mil millones de pesos). 

Por lo pronto, hay que valorar la decisión del presidente López Obrador y los gobernadores deben tomarle la palabra, para ponerse a trabajar en la revisión el pacto fiscal, que surge con la firma de Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos de los estados, naciendo así el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), con su Ley de Coordinación Fiscal que lo regula desde entonces y que entró en vigor el 1º de enero de 1980.

En efecto, junto con el SNCF nacía un nuevo sistema tributario que tenía como característica, que los estados renunciaban a su potestad tributaria y era el Estado mexicano, el que centralizaba la potestad tributaria. Es decir, desde entonces, los impuestos son federales, porque es el Gobierno federal, a través del Poder Legislativo que es la Cámara de Diputados y del Senado de la República mexicana, el único facultado para establecer o imponer los impuestos.

La característica del sistema fiscal mexicano y el que los gobernadores junto con la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal deberán de revisar a fondo, es que desde 1980 ha venido funcionando con muy pocos impuestos: Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial Sobre la Producción y los Servicios (IEPS), TENENCIA (derogado por Felipe Calderón por compromiso electoral), Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN) e Impuesto al Comercio Exterior, a los Hidrocarburos y algunos Derechos.

Esta es la raquítica estructura impositiva, con la que desde 1980 viene soportando el presupuesto público. La característica es que los recursos que se recaudan (lo poco que se lograba recaudar por la predominancia de una excesiva evasión), no alcanzan, ni nunca han alcanzado para atender bastas necesidades presupuestales. No es casualidad que la recaudación de impuestos como proporción del PIB, sea de las más bajas en el mundo (hasta antes de 2013 la proporción era menor al 10%, con la reforma fiscal de 2013 y al ampliar el gravamen del IEPS, dicho porcentaje ha aumentado al 15%, pero seguimos estando muy por debajo de las medias mundiales, que es del 34%).

Desde 1980 a la fecha no ha habido nuevos impuestos, los impuestos siguen siendo los mismos. A ningún presidente le ha interesado aumentar los impuestos; siempre se ha antepuesto el interés electoral del partido en el poder. Primero fue el PRI que mantuvo la misma estructura impositiva durante cuatro sexenios; después fue el PAN, qué durante dos sexenios, sólo podo establecer dos nuevos impuestos (Impuestos a los Depósitos en Efectivo y el Impuesto a Tasa Única) que al no dar los suficientes ingresos y crear dificultades fiscales, se derogaron en 2013; y finalmente Morena, con AMLO en el poder que cómo candidato y ahora como presidente, prometió no aumentar los impuestos.

Como se observa, los presidentes siempre han cuidado el costo electoral, sin importar que el gobierno no tenga recursos para financiar el desarrollo, y como consecuencia de ello, aumente la pobreza. Una economía, es desarrollada si su sistema impositivo es fuerte.

De modo que revisar el Pacto Fiscal como dicen los gobernadores, no sólo es revisar la fórmula de reparto, como lo ha dicho el presidente López Obrador. Esto implica revisar la estructura impositiva, la composición de la masa recaudatoria repartible, los criterios de reparto y su fórmula en Participaciones y Aportaciones federales, y de la centralización de programas federales, etc, etc, etc.

Revisar el Pacto fiscal, terminaría introduciendo un nuevo sistema tributario o fiscal, pero en medio de una crisis económica como la que hoy vivimos, no hay viabilidad para su implementación; a lo que más se puede llegar, es a modificar el reparto de lo que ya hay.