Opinion

Los reeleccionistas ahora son antirreeleccionistas

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Luis Javier Valero Flores
domingo, 17 marzo 2019 | 01:53

Ninguna otra fuerza abogó, pataleó, empujó, con todas sus fuerzas, las propias y las prestadas por un importante sector del empresariado, más allá del más cercano (el de la Coparmex) que el panismo, tanto en el gobierno, como fuera de él, por la reelección continua de alcaldes y diputados.
En esos afanes, hipócritamente, el priismo los acompañó algo más que alegremente, el PAN les ofrecía en bandeja de plata la posibilidad de que por lo menos la mitad de los alcaldes, extraídos de sus filas, tuvieran en sus manos la posibilidad de reelegirse, hasta por tres veces.
Vedada la posibilidad de que los hijos de extranjeros y mexicanos pudieran acceder a la Presidencia de la República -cosa que le impidió a Carlos Hank González ser candidato de su partido, el PRI- con el tiempo, priistas y panistas convergieron, bajo la sombra de Carlos Salinas, en ese propósito. Le abrieron la posibilidad al exfuncionario refresquero, Vicente Fox, de acceder a la Presidencia.
¿Por qué se rasgan las vestiduras, ahora, gritan y se desgañitan porque los morenistas y sus aliados lograron imponer la revocación de mandato? ¡Es la puerta para la reelección presidencial, previenen!
Pero antes nos endilgaron cientos de horas con anuncios en los medios electrónicos; interminables tiras de “sesudas” disertaciones en las columnas periodísticas y no poco frecuentes programas con analistas, estudiosos, dirigentes partidarios y empresariales para hacernos ver las bondades de la reelección continua.
De este modo, decían, se le devuelve a la ciudadanía la posibilidad de que pueda evaluar la gestión de los gobernantes; si fue positiva, terqueaban, los reelegirán, y si no, po’s no!
Nos decían que de ese modo podría dárseles continuidad a los programas de gobierno, que los gobernantes acumularían más experiencia.
Está mal esa medida, les argumentábamos los opositores a la reelección, pues en un régimen como el mexicano lo normal será que los gobernantes usen el erario con el único afán de reelegirse.
¡Ya está madura la sociedad mexicana, eso ya no sucede, no sucederá! Nos espetaban.
Y ahora, que López Obrador impulsó la aprobación de la revocación, ¡intentos reeleccionistas de “El Peje”! Claman los reeleccionistas de ayer, convertidos, ahora, en fieles seguidores de Don Francisco I. Madero, cuyo sobrino, Gustavo, es uno de los mejores exponentes de todo lo anterior.
Murieron cientos de miles para oponerse a la reelección, les decíamos. Ya pasó más de un siglo, ya construimos la suficiente democracia, respondían.
El abogado, experimentado militante priista, César Cabello, acuñó unas frases, ecos coincidentes de otras de distinto origen, que describen como muy pocas la realidad del sistema de partidos aún existente en el país.
Escribió en su muro de Facebook:
“El régimen de partidos es esquizofrénico ideológicamente:
Una diputada progresista propone la criminalización de las mujeres que abortan.
Un partido como el verde propone la pena de muerte.
El presidente AMLO propone una consulta sobre derechos fundamentales de la mujer (desconociendo que un derecho reconocido por la Constitución no se somete a consulta sólo se protege) y ningún partido se opone a esto ni siquiera los mas ‘progresistas’.
Un partido como el PRI, que surge de una revolución cuyo grito de guerra era ‘sufragio efectivo, no reelección’ ha votado por la reelección y ahora se suma a la propuesta para consultar sobre la permanencia del Ejecutivo y abre la posibilidad de apoyar la reelección de este.
Tenemos partidos de trabajadores que sus dirigentes son todo menos trabajadores.
Un partido reeleccionista como el PAN, ahora expone su contrariedad por la reelección.
Y así los demás partidos.
… Ven riesgo de reelección en revocación de mandato”.
Pues bien, este régimen de partidos puede desmoronarse al influjo de un fenómeno que nunca evaluaron adecuadamente, porque nunca sopesaron correctamente las consecuencias de sus desastrosas gestiones gubernamentales, el de López Obrador, quien pretende usar su fuerza política para imponer su mayoría en el Congreso de la Unión, en las legislaturas y en los gobiernos estatales.
Poca cosa, quiere convertirse en el factótum de la fuerza política que continúe su obra gubernamental. Sabedor de que la fuerza de Morena estriba, no en el partido, sino en su inconmensurable fuerza personal, ahora calificada de manera unánime por encima del 80 por ciento de las simpatías ciudadanas, pretende que bajo su sombra los candidatos de Morena y aliados se erijan en la fuerza hegemónica en el país, por todo el sexenio y más allá.
Eso es lo que se esconde, en las segundas intenciones de la aprobación de la revocación de mandato.
La primera, cómo no coincidir, es la de otorgarle a la sociedad la posibilidad de cancelar la gestión de algún funcionario, fruto de la elección popular, si llegado el momento se satisfacen determinados requisitos.
Es ahí en donde aparecen los primeros “asegunes”, en los pasos, fechas y momentos concretos que deberá realizarse la revocación del presidente de la República, de ningún modo en la necesidad de avanzar en esta, una de las primeras reformas sustentadas en la implantación de la democracia participativa.
En un giro más de las propuestas lopezobradoristas, cambió su propuesta inicial, consistente en que a la mitad del mandato se sometería al arbitrio popular, ahora, los diputados aprobaron que la consulta sobre la revocación del mandato se haga en la misma fecha de la elección de diputados federales. No antes, no después, no importa que no sea a la mitad.
¿Por qué no se podría hacer en el momento en que un determinado porcentaje de ciudadanos así lo solicitara y no esperar hasta la mitad del mandato presidencial?
Si un mandatario acumulara un inmenso rechazo al primer año de su gobierno ¿Cuáles razones habría para impedir que la ciudadanía pudiera optar por la revocación del mandato? ¿Por qué esperar tres años?
Más aún ¿por qué hacerla el mismo día de la elección de diputados, fecha en la que también se elegirán a 13 gobernadores?
Las razones son más que evidentes: para aprovechar el enorme arrastre popular de López Obrador.
Eso es todo.
No hay la pretensión de empujar en la construcción de un entramado democrático, característicos de la democracia participativa, ni la de avanzar en la conformación de un régimen parlamentario, si se quiere con presidente de la República, pero distinto al vigente, más acorde a los requerimientos de una sociedad democrática, dentro de los parámetros de las sociedades capitalistas hoy existentes.
Muy lejos estamos de un gobierno, por lo menos, socialdemócrata, del tipo de los existentes en los países nórdicos.
Pero la reforma aprobada puede recibir serias impugnaciones jurídicas pues contiene, de entrada, a la espera de las opiniones de los expertos jurídicos, serias violaciones al orden constitucional; la principal, la de que por medio de una resolución legislativa modifica una decisión electoral, ya que el Transitorio Tercero de la reforma establece la derogación de “toda disposición que contravenga al presente decreto”. (Sic).
Más allá de las desventajas electorales por hacer que la consulta sobre el mandato se haga en las fechas señaladas, los actuales gobernantes no pueden ser objeto de la reforma pues todos se encuentran en la misma tesitura que el presidente López Obrador, son gobernantes por mandato popular, que no puede ser modificado en virtud de la nueva legislación.
Por fuerza, las nuevas disposiciones no pueden aplicarse retroactivamente, en este caso; aplicarían a quienes resultaren electos a partir de la entrada en vigor de la ley, la que, todavía, deberá pasar la aduana del Senado, en el que Morena no tiene mayoría calificada.
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