Opinion
Hablando y escribiendo

Los tiburones sin cárcel y con dinero

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Ernesto Avilés Mercado

domingo, 02 agosto 2020 | 05:00

Las medidas cautelares que se le impusieron al ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, consistentes en un brazalete para que pueda ser monitoreado en tiempo real las 24 horas del día, así como la entrega de su pasaporte para evitar que pueda salir del país, evidencian, cuál es el verdadero interés respecto de la detención del economista chihuahuense, que fue extraditado desde España y resguardado en uno de los hospitales más lujosos de la Ciudad de México.

En su calidad de Testigo colaborador, figura que por cierto no se contempla en nuestra legislación penal, Lozoya Austin ha declarado que está dispuesto a denunciar “A quienes instrumentaron a las instituciones del Estado mexicano, personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, y en su momento lo dará a conocer con nombres, cargos, hechos y circunstancias que rodearon el aparato organizado de poder que se alejó del Estado de Derecho”; es decir, que dará a conocer la forma en que se operó y quiénes participaron.

Esta circunstancia seguramente se pondrá en evidencia con los más de 12 videos que dice tener el ex director de PEMEX, donde se podrá advertir el comportamiento de muchos de quienes intervinieron en los actos de soborno y corrupción que se han comentado, principalmente con quienes en su momento fueron legisladores, líderes de partidos y representantes populares, que contribuyeron a la aprobación de las reformas estructurales, concretamente para que el capital extranjero pudiera invertir directamente en los procesos de perforación, extracción y refinamiento de hidrocarburos.

Lo que seguramente se estará analizando por parte de quienes saben y recuerdan perfectamente que recibieron recursos de Pemex, por apoyar estas reformas, es la prescripción de los delitos, ya que aunque en el caso de Emilio Lozoya, no podrá ser acusado por el caso de Odebrecht, por haber prescrito los delitos, gracias al amparo que promovió en el 2018, existen todavía una gran cantidad de personajes de la vida pública del país, que seguramente al igual que René Bejarano, fueron captados recibiendo recursos en efectivo, por parte de quien estaba al frente de PEMEX.

No hay que olvidar que para que un video pueda ser considerado como prueba plena en el proceso penal, tiene que estar adminiculado con otras pruebas; es decir, que forme parte de un conjunto y no sea solamente una prueba aislada, porque existe ya jurisprudencia donde se establece que no tendrá valor determinante, aunque sí se puede tomar con una valoración indiciaria.

El gran reto de la Fiscalía General de República, es presentar este caso bien sustentado y con un soporte jurídico suficiente, para que por un lado se confirme su responsabilidad y la de otras figuras de la política en la administración pasada y que no sirva única y exclusivamente para que el presidente López Obrador, exhiba los videos en las mañaneras.

Otro de los riesgos más importantes que se tienen en este proceso penal es que el presidente caiga en el síndrome de Javier Corral; es decir que tome el papel de fiscal, de perito y hasta de testigo y que no advierta que su intromisión contamina la totalidad del proceso y eventualmente facilite la impunidad penal de quienes verdaderamente participaron y utilicen estas mismas intromisiones para alegar persecución política.

Caso semejante se está presentando en la corte de Miami, donde no se ha resuelto en definitiva si el ex gobernador César Duarte, podrá llevar su proceso fuera de la cárcel donde se encuentra; ya que ha trascendido que una persona del primer círculo de Javier Corral, comentó en audio que el Estado le brindaba protección a grupos criminales que operan en la entidad y que la presencia de César Duarte en Chihuahua, constituiría que su vida corriera peligro inminente.

Al respecto, es importante destacar que Javier Corral, difícilmente podría estar apoyando directamente a algún grupo criminal, ya que sabe perfectamente que este tipo de negociaciones, tarde que temprano salen a la luz pública y no va a perder la oportunidad de cruzar el pantano como dálmata, aunque no responda por lo que puedan hacer sus hermanos.

Sin embargo, en las estructuras policiacas del Estado no se tiene la certeza de que efectivamente así sea; es decir, que por el hecho de que algunos sean corruptos y jueguen con las dos cartas, por un lado, el de policía y por otro el de criminal, en la misma persona, no necesariamente tiene que estar avalado por el gobernador mismo.

Y en este contexto, la juez que está llevando el caso de Duarte en Miami, no conoce las regiones de Chihuahua donde se concentran las redes del narcotráfico, ella sólo conocerá de las estadísticas y número de homicidios y datos corroborables de la violencia existente en la entidad, homicidas detenidos y sentenciados, y en base a esto, seguramente se formará su propio criterio.

Ojalá y los procesos penales que se deriven de estas acciones tanto del ex gobernador César Duarte, como de Emilio Lozoya puedan llevarse de la manera en que lo establece la ley y no se caiga en temas de estrategia electoral, donde se ponga por delante el interés político personal, por el de la ciudadanía que reclama justicia… ojalá

*integrante de la AECHIH