Opinion
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Ministerio Público

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Ernesto Avilés Mercado
sábado, 30 noviembre 2019 | 05:00

Del proceso de consulta ciudadana, llevado a cabo el pasado domingo, donde Participaron 62 mil ciudadanos, de los cuales 35 mil  votaron 'No' al proyecto de iluminación y 26 mil por el 'Sí', las primeras lecturas sobre este resultado arrojan que aunque no se alcanzó el 10% que se tenía contemplado para validar el proceso, más de 62 mil personas es una buena presencia ciudadana; el proceso electrónico sí funciona, porque aunque se presentaron en algunos lugares enormes filas, el presionar la decisión en una maquina fue lo bastante rápido y fluido, por lo que no se tenía que esperar mucho para manifestar su decisión.

De tal forma que en cuanto a la organización del proceso, el Instituto Estatal Electoral realizó un buen trabajo.

Lo que sí requiere una revisión a fondo, es la organización que se presentó por parte de la Presidencia Municipal, porque si el proyecto continúa siendo el fortalecer la eventual candidatura de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván a la gubernatura del Estado, quienes tuvieron la responsabilidad de socializar el proyecto de iluminación, no lo hicieron correctamente, y quienes lo operaron tampoco, de tal forma que si no pueden con un proceso con tan solo el 10% del total del padrón electoral, difícil, muy difícilmente podrán con una responsabilidad a nivel estatal.

Lo que ha quedado claro, es que el gobernador del Estado Javier Corral, no contempla a la presidenta municipal como su candidata a sucederlo, pero también es cierto que es la mejor posicionada de su partido el PAN y el promover a un candidato o candidata diferente, le pudiera representar una nueva alternancia en la gubernatura del Estado.

Lo rescatable del proceso, es la postura de María Eugenia Campos Galván, al reconocer de inmediato los resultados del proceso, aun y cuando por no haber alcanzado el 10% del padrón registrado, no era vinculante, pero de cualquier forma, se respetó la decisión mayoritaria.

Por otra parte...

En días pasados se hizo pública una denuncia penal por extorsión en contra del fiscal Cesar Augusto Peniche Espejel y otra persona que también colabora en la fiscalía del Estado; resulta que el ex secretario de Educación Marcelo González Tachiquín, quien se encuentra recluido en el CERESO, acusado de desviar diversas cantidades de dinero cuando fungió como secretario, presentó pruebas de que por varios meses, un persona plenamente identificada como integrante de la Fiscalía, le estuvo exigiendo dinero para evitar su detención, supuestamente ordenada por el propio fiscal, coincidentemente, cuando le fue imposible entregar más dinero, ese mismo día fue detenido

Lo que sí es cierto y comprobable, es el olvido ignominioso que hace la Fiscalía del Estado, en contra de los agentes del Ministerio Público, quienes no cuentan con las herramientas mínimas para trabajar y responder a la gran responsabilidad de procurar justicia.

Las medidas disciplinarias ordenadas por la Secretaría de Hacienda Estatal, establecen que se deben checar la entrada y salida de los agentes, no solo en cada turno, sino también al momento de cubrir una audiencia y al regreso, pero resulta que los escritorios y computadoras que utilizan los del turno matutino, son las mismas del turno vespertino, de tal forma que en cada relevo, se tienen que esperar hasta por varias horas para que se desocupen los espacios y las computadoras para poder hacer su trabajo.

La Constitución establece que la policía ministerial estará bajo las órdenes del Ministerio Público, pero en Chihuahua es letra muerta, ya que por instrucciones del propio fiscal Peniche y del comisionado Oscar Aparicio Avendaño, la gran mayoría de los agentes ministeriales se encuentran haciendo el trabajo que les corresponde a los agentes federales, como el combate a las drogas, el huachicoleo, y el decomiso de automóviles de procedencia extranjera, mientras que las investigaciones del fuero común, como robos, fraudes, homicidios y demás delitos que sí les corresponde investigar, simplemente no lo hacen.

Una de las partes más vulnerables de la Fiscalía, la constituyen los agentes del Ministerio Público, porque son los peores pagados de todo el esquema de justicia, por lo que de manera permanente se presentan renuncias para buscar otras opciones, aunque el Estado haya invertido tiempo y recursos para capacitarlos.

Considero que jamás ha estado en duda la buena fe del gobernador Javier Corral, respecto de buscar justicia para Chihuahua, pero qué no habrá nadie que le diga que si los policías estatales dejan de atender los asuntos del fuero común, para ocuparse de los delitos federales, es por cuestión de dinero; no es lo mismo detener a una persona acusada de robar un objeto dentro de un centro comercial, que a quien cuenta con una veintena de pipas transportadoras de combustible robado...

Lo que sí es ejemplar y digno de reconocer, es la capacidad de ahorro del fiscal Cesar Augusto Peniche Espejel, quien de toda una vida de funcionario público, ha encontrado su verdadera vocación como inversionista y empresario.

Una de las frases más importantes atribuible al benemérito de las Américas Benito Juárez, es la que establece que:

Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honorada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala".

Ojalá y a un lado del código de ética que cuelgan los funcionarios estatales en la pared de sus oficinas, puedan colocar esta frase que en mucho ayudaría para que nunca pierdan de vista que son servidores públicos y su deber es servir a los intereses de la ciudadanía y no servirse de ellos...