Diario
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GPS Dominical
sábado, 20 mayo 2023 | 22:43Con total descaro acudió por segunda vez el exsecretario de Salud y director general del Ichisal, Eduardo F.H., ante el juez de la causa por el delito menor de uso ilegal de atribuciones y facultades, en libertad gracias a una fianza de apenas 800 mil pesos -que podrá pagar casi en abonos-, y le mintió cara a cara sin sonrojarse siquiera, tratando de engañarlo para evitar la vinculación a proceso.
En ese intento desesperado y evidentemente contumaz, trató de enredar con su parloteo al togado haciendo ver que los 401 millones de pesos contratados como deuda fueron una salida emergente, casi obligada, del Instituto Chihuahuense de Salud con motivo de la pandemia de Covid.
Enredado en bandera de “víctima”, casi lloriquea como queriendo hacer ver que -en tales condiciones- fue una medida que justificaba en el fondo la ilegalidad de la deuda contratada con la financiera Bansi S.A., dándole vuelta a la autorización del Congreso y en franca violación de la Ley de Disciplina Financiera.
Rasgó sus vestiduras, pidió sacar al fotógrafo del Tribunal Superior de Justicia que documenta el juicio en imágenes, culpó al Consejo Directivo del Ichisal -Junta Ejecutiva- y al secretario de Hacienda, Arturo F.V. de ser los responsables reales por haber autorizado el crédito, incluso lo pretendió justificar por ignorancia al no ser abogado. Le hizo segunda su representante legal.
Descarados -él y su abogado-. Hasta fue comparado por la defensa con un piloto que en una situación de emergencia sólo siguió instrucciones de la torre de control.
Nada de ello lo justifica, por una sencillita razón, elemental, -que debiera conocer él y su misma representación jurídica-, en los documentos insertos en la carpeta de investigación y en la revisión forense practicada por la Auditoría Superior del Estado, constan las lacónicas actas que en realidad parecen minutas por lo sintético de las mismas.
En dichas documentales públicas, firmadas una a una por los asistentes a la reunión del Consejo celebrada en febrero del 2021, no existe siquiera mención genérica de la pandemia, o condición económica urgente por razón de ella, nada de nada. Ni un solo argumento en relación con las razones esgrimidas ante el Juez de Control, que pacientemente lo escuchó, pese a las horas de perorata insustancial.
Palabras más, palabras menos, en el acuerdo 07/01/2021 para la firma del reconocimiento de adeudo por 401 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda, base del proceso penal seguido en su contra, -de acuerdo con el acta levantada- expresó el funcionario la problemática aguda con que se cuenta respecto a la entrada de los ingresos estatales, por lo que -dijo- se ha platicado con la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda.
A ese respecto -continuó señalando-, se pretende llevar a cabo un convenio de reconocimiento de adeudo para realizar el cobro, y contar con el instrumento jurídico en donde se establezca que la Secretaría de Hacienda falta de transferir recursos al Instituto, y a través de él, se proponga el mecanismo de pago o transferencia de los mismos, por lo anterior se pone a consideración la aprobación para llevar a cabo el Convenio de Reconocimiento de Adeudo.
Pésima sintaxis, cero claridad argumentativa, nada de seso, desde entonces pura improvisación, irresponsable, en puesto de primerísimo nivel. Mucho menos, ni una mención a la emergencia del Covid, situación que nadie puede negar por real, pero excluida de la motivación del acuerdo legalmente establecido y documentado.
La propuesta -como era de esperarse- fue aprobada por unanimidad de votos de quienes tienen derecho a ello, autorizándolo a realizar el acto jurídico-financiero, pero en términos de ley, nunca en contravención de la misma.
Luego vino la siguiente proposición, el acuerdo 08-01-2021, la gestión del “crédito”, en iguales, pésimas afirmaciones y argumentos.
Habló “El Higadito” -siempre protagónico- de las pláticas con Hacienda acerca de los adeudos, que mucho de ello es dinero de los proveedores, que hay imposibilidad que exista pago inmediato, por lo que propone un esquema de cesión de derechos de cobro, con alguna institución bancaria o financiera.
De esa manera, se pide al Consejo que autorice que él en calidad de secretario de Salud y Director General del Ichisal, realice las gestiones correspondientes, en caso de que se pudiera acceder a alguno de estos esquemas con una institución financiera, proponiendo el mismo Eduardo F.H. la figura del factoraje, en el cual -explicó a los consejeros- el banco compra la deuda, pagando inmediatamente a proveedores, con lo que se facilitan las cosas a Secretaría de Hacienda y ayudaría en gran manera al Instituto.
Nada del Covid en el segundo acuerdo, cuando tenía todo para hacerlo, siendo la Secretaría de Salud el eje de la batalla contra el virus. Mentira vil ante autoridad judicial.
Con dichas aprobaciones -ojo para realizar procesos apegados a la ley-, “El Higadito” corrió a Hacienda, para arrancar un documento más, una autorización expresa para la cesión de derechos de cobro, tratando de vacunarse desde entonces de cualquier responsabilidad.
La autorización del Consejo es del 17 de febrero del 2021; el oficio de Hacienda número SH-0145/2021 es del 16 de marzo, fecha en que acude a Bansi para firmar un contrato de servicios generales con apertura de la cuenta 00099108436, a donde Hacienda haría seis depósitos por el monto adeudado durante los siguientes seis meses.
Un día después, firmó Fernández el convenio de Descuento de Documentos con Bansi SA, obligándose al pago de comisiones e intereses por 24 millones. Para el 19 de marzo del 2021, ya estaban en la cuenta BBVA 0132818779, perteneciente al Ichisal, los 377 millones de pesos depositados por Bansi.
De ese dinero dispuso directamente Ichisal, contraviniendo el mismo acuerdo de Consejo, en donde quedó asentado que sería Bansi quien pagaría a la proveeduría. Mintió ahí una vez más el exsecretario de Salud, añadiendo un dato más para fortalecer la teoría del caso, con una maquinación mentirosa de principio a fin, sin importarle hacerlo incluso ante el mismo Juez.
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Ni uno solo de los integrantes titulares del Consejo Directivo del Ichisal acudió a la famosa reunión del 17 de febrero del 2021. Ni el entonces gobernador, Javier Corral, ni el secretario de Hacienda, Arturo F.V.; ni la secretaria de Cultura, Concha Landa; ni el secretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo. Irresponsables y astutos, dejaron solito al “Higadito”.
En su lugar mandaron a diversos funcionarios públicos de segundo y tercer nivel a estampar su firma en un documento que forma parte de una investigación de carácter penal, en la cual están necesariamente involucrados y pudieran ser llamados en cualquier momento: José Ildefonso Miramontes Fierro, de Hacienda; Blanca Hernández Portillo, de Cultura; Eduardo Enrique Ocampo Hernández, de Desarrollo Social.
Estuvo ahí como testigo inmóvil, sin decir palabra alguna -al menos no hay constancia de lo contrario-, la representante del Órgano interno de Control, María de Jesús Escamilla, enviada personalísima de la secretaria de la Función Pública.
Por supuesto, participó en la sesión el secretario de Salud, director general del Ichisal, secretario del Consejo y representante del Gobernador en sus ausencias, Eduardo F.H., el “Higadito”, clavado hasta el tuétano.
Fue él quien propuso -de viva voz- contratar la deuda, arrancó la autorización del Consejo, y dispuso de los recursos para pagar proveeduría.
Ya había mentido el secretario de Salud ante el Consejo Directivo, ¿porqué no habría de hacerlo tratando de salvar su pellejo en audiencia penal?, pese a la protesta de conducirse con verdad.