El Diario

domingo, 04 abril 2021 | 07:09

A través de la violencia y el miedo que generan sus asesinos y extorsionadores, diferentes grupos del crimen organizado siguen aterrorizando a los pobladores de gran parte del noroeste del estado, ante la evidente impotencia del fiscal y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Ya sea por omisión, debilidad, negligencia, corrupción, complicidad, miedo o simple desinterés, los principales responsables de la seguridad estatal consienten en gran parte la producción de drogas en el estado, o su transporte hacia los Estados Unidos, a través de brechas clandestinas construidas por los mismos criminales y casi sin patrullaje policiaco, como lo ha admitido para justificar su ineficacia el fiscal del Estado.

Además del recurso que les genera el narcotráfico, los grupos armados talan rapazmente los bosques tarahumaras, extorsionan y saquean minas, e intimidan a los candidatos políticos que no se alinean a ellos –al grado de que algunos partidos prefieren no arriesgarse a nominarlos por las amenazas de los jefes de plaza– como el asesinato que sucedió en Nuevo Casas Grandes, aunque se sabía que el candidato tenía un negro historial.

Los narcos de las plazas imponen el terror, y aunque la respuesta oficial es que denuncien, el bárbaro código de plata o plomo convence más que la credibilidad en la eficacia policiaca. Y mientras, siguen en incremento la inseguridad ejidataria y la de las colonias y pobladores asentados en la región.

Como argumentamos, casi al término del mandato de Corral, continúa muy tensa la zona fronteriza entre los estados colindantes de Sinaloa, Durango y Sonora –lo que no es nada nuevo– y entre los cárteles opuestos, los policías y los sicarios de uno u otro bando, quienes a veces están cortados con la misma tijera.

En tanto, las principales ciudades del estado están inundadas en drogas de todo tipo que no son muy difíciles de conseguir, y de múltiples abusos, torturas, feminicidios y asesinatos e incidentes violentos relacionados con la distribución de diferentes drogas ilegales.

Esta sangrienta guerra en Chihuahua tiene años, pero ha empeorado recientemente, y, a excepción de algunos enfrentamientos directos entre policías y criminales –al parecer por vendettas–, Corral y los líderes de la Policía Estatal se blindan mientras que pasa lo peor de la época de elecciones, sólo investigando lo que es a favor de sus intereses políticos. Desplegándose públicamente y aparentando como si realmente estuvieran haciendo su trabajo.

El fiscal tiene bien detectados los bandos y líderes criminales, pero realmente parece que no hay voluntad política para investigar profundamente y dar más resultados para la captura de los líderes criminales prófugos, el desmantelamiento de las bandas criminales o la investigación profesional de los nexos de los cárteles con mafiosos de cuello blanco allegados a la administración estatal, u otros ya encarcelados, que no viven tan mal en sus celdas, por cierto. A estas alturas, es imposible que las estrategias estatales fallidas empiecen a dar resultados, menos ya casi al término de lo que consideramos el peor gobierno en la historia del estado.

Hay quienes piden que Corral sea acusado de cargos criminales de “complicidad por omisión. Dicen en Estados Unidos que hay en México estados donde el narco gobierna… esos estados son Chihuahua y Sonora y lo vamos a demostrar”, declararon miembros de la familia mormona LeBaron, quienes fueron trágicamente afectados por los asesinos en esa zona.

Todo lo que sucede en Chihuahua es muy sospechoso, y para deslindar responsabilidades, se tienen que investigar más a fondo las conexiones del gobernador Corral y todos sus jefes policiacos. Corral viajó en varias ocasiones a Mazatlán, Sinaloa, y a pueblos en Durango, dos estados reconocidos –como Chihuahua mismo– dentro del famoso triángulo dorado del narcotráfico, y también a Houston. Todos esos vuelos y viajes fueron financiados por el erario público, sin que Corral haya aclarado a la prensa crítica quiénes fueron sus acompañantes en éstos, o a qué fue, o a quiénes visitó específicamente. Tampoco quiso nunca transparentar sus itinerarios de vuelo, como exige la ley de Transparencia que dice cumplir.

Por ello, a estas alturas de la violencia en Chihuahua no suenan descabelladas las exigencias de los LeBaron para investigar a Corral por delincuencia organizada a través de una comisión federal que investigue su gobierno a fondo. Existen suficientes acusaciones y sospechas provenientes de diferentes sectores chihuahuenses, y creemos que Corral tiene que ser medido con la misma vara que él ha utilizado para acusar y criminalizar a sus oponentes políticos: las leyes. ¿O seguirá siendo Chihuahua un estado donde impere la impunidad que el mismo Corral prometió erradicar muchas veces?