Opinion

No los dejaron ni defenderse

.

GPS / Dominical

domingo, 04 abril 2021 | 05:00

Armados con un juez que ejercía como de auténtica consigna, le fue negado a la defensa de la candidata del PAN a la gubernatura cualquier resquicio legítimo para obtener una negativa a la vinculación a proceso penal.

El corolario del Jueves Santo fue, literal, el de una crónica de una decisión judicial anunciada, debido a la forma mañosa en que se condujo siempre el ministerio público, para negar derechos elementales que protegieran el debido proceso.

Había que cerrar todas y cada una de las posibilidades que colocaran en riesgo el cumplimiento cabal de la orden dictada desde Palacio de Gobierno.

La semana caótica inició con las revelaciones de ocultamiento de documentales clave para que Paco Molina y sus abogados coadyuvantes se plantaran de manera más sólida frente al juez y continuó con la manipulación de los testigos protegidos, reservados de manera ilegal para evitar riesgos en una deposición adelantada. 

Los enfermaron a propósito. Sufren retortijones y severas jaquecas que no los abandonarán nunca pero de carácter político.

La desigual lucha jurídica no comenzó el pasado 30 de marzo, con el arranque de la maratónica audiencia de vinculación. Tiene ya varios meses, incluso poco más, desde los primeros amparos interpuestos por Maru Campos para conocer las acusaciones que sólo en los medios de comunicación se ventilaban como indiscutible guerra sucia.

En boca de los principales funcionarios estatales existía ya un juicio sumario mediático sin posibilidad de defensa alguna.

Buscó afanosamente la administración corralista generar el mayor daño posible en la imagen de la entonces aspirante a la candidatura al gobierno de Chihuahua por Acción Nacional, pero contrario a ello, topó con piedra.

Los ataques fortalecieron la imagen de la alcaldesa con licencia, que fue levantada en hombros por la militancia panista, a despecho de la voluntad del gobernador que sintió en carne propia la rebelión de las bases, que con una abrumadora mayoría le dijeron “no” a su candidato.

***

El equipo jurídico que soporta la defensa de Maru Campos está integrado por un despacho de talla nacional, encabezado por dos personajes conocidos en Chihuahua. 

Ambos fueron exprocuradores de justicia en el gobierno de Francisco Barrio, cuando apenas Javier Corral hacia pininos y fue arropado, novato, carente de preparación académica.

Gateaba el actual mandatario estatal, cuando Francisco “Paco” Molina y Arturo Chávez Chávez, ya traían experiencia de litigio. Su paso por la administración estatal les permitió a ambos colocarse en puestos de primer nivel en el gobierno de Felipe Calderón.

Paco Molina fue el responsable del combate a la delincuencia organizada y Chávez Chávez, Procurador General de la República por designación del Senado en el último tramo de la administración.

Tuvieron que enfrentar ambos litigantes a un equipo de ministerios públicos que obstaculizaron desde el principio con triquiñuelas de toda naturaleza cualquier posible defensa. Iban no sólo por la vinculación a proceso, sino por medidas cautelares en busca de impedir a la candidata a la gubernatura proseguir en su aspiración.

El equipo de comunicación social del gobierno estatal reportaba segundo a segundo las vicisitudes de la audiencia, en espera de darle al patroncito la noticia del esperado dictamen de encarcelamiento o mínimo, la pérdida de los derechos políticos.

Habían realizado todo para ello: el expediente convertido en un auténtico asco, sin orden, sin lógica jurídica, la teoría del caso destrozada.

Se negaron documentales para una debida defensa. Ni los amparos, ni la orden directa del juez para un cotejo puntual de las probanzas, permitieron a los abogados Molina y Chávez, acceder a la información para documentar con mayor fuerza sus argumentos.

Presentó como verdad la Fiscalía los recibos “certificados” obtenidos de una filtración a El Heraldo y allegados a la carpeta sin pulcritud alguna. La cadena de custodia de las probanzas, que es pilar del nuevo sistema penal, fue ignorada olímpicamente.

No le interesó al juez este contexto en que se obtuvo la prueba, ni mucho menos el escandalazo protagonizado por el Notario Luis Raúl Flores, en el que negó conocer los originales y menos recordar dicha certificación. 

Como respuesta, el notario fue retirado del cargo por una investigación del Registro Público de la Propiedad, patente de corso para hacer chilar y huerto, por disposición directa de quien ostenta la titularidad del Ejecutivo Estatal. Ahí están las evidencias en las mismas declaraciones realizadas por Corral, en las cuales sobre las rodillas se muestra indignado y ordena una investigación.

Pero a la defensa...se le negó tener conocimiento directo de dichas probanzas, para que pudieran ellos mismos también practicar las periciales que fueran necesarias, y rebatir la manoseada cadena de custodia.

El capítulo referente a la negativa de presentar a los testigos protegidos fue otra argucia digna de tiempos oscuros del sistema penal. Con argumentos infantiles acerca de un padecimiento de Covid y otro, por males de naturaleza cardíacos, fueron alejados de cualquier posibilidad de enfrentar cara a cara a los imputados, negando un derecho elemental de quien enfrenta una acusación.

Quiso el MP, siempre y en todo momento, pasar por encima de los imputados y su defensa, y lo logró, con indiscutible auxilio.

La parte jurisdiccional fue un salvavidas invaluable.

***

El juez Samuel Uriel Mendoza, quien fungió como juez de control, fue designado de manera definitiva en el cargo durante un proceso de selección encabezado por Luz Estela Castro Rodríguez, hoy tenebrando desde Barcelona.

Ella fue designada como consejera de la judicatura estatal a propuesta del gobernador del Estado, después de desarticular el primer Consejo de la Judicatura.

Lucha Castro fue la responsable de la comisión que se encargó de dirigir y diseñar el proceso de selección de jueces...que terminó siendo impugnado mediante el juicio de amparo, por estar armado a la medida para permitir llegar a personas pre-seleccionadas por conveniencia.

El proceso de selección de dichos jueces aún permanece bajo investigación, pero cómodamente resguardada en un cajón de la Fiscalía Anticorrupción, en la oscura y plácida inmovilidad de un expediente sobre el cual no existe el más mínimo interés de mover.

Primero fue suspendido en sus funciones el Consejero Joaquín Sotelo Mesta, quien había sido designado a propuesta del poder legislativo, con el pretexto de que realizó declaraciones acerca del procedimiento desaseado de designación, antes, mucho antes, de avanzar un milímetro a su denuncia, que está más estancada que el agua maloliente del Chuvíscar en tiempo de secas.

***

En este contexto, la persecución es auténticamente de Estado. 

Primero fue la andanada mediática para acusar y dictar sentencia ante la opinión pública. Luego fue el procedimiento amañado, que la misma Maru ha venido denunciando una y otra vez. 

La última ocasión en que lo hizo fue la misma noche del jueves cuando se dictó auto de vinculación a proceso. Ahí le puso nombre y apellido al persecutor, que sin cuidar ningún prurito ético o de la moral pública, ha desatado una desigual pelea, pervirtiendo los fines justicieros de la Fiscalía General del Estado y sus ministerios públicos.

Es una justicia a modo con fines de carácter político, mediante una estrategia simple: acorralar a la defensa, arrebatarle cualquier oportunidad.

Se trata de actuar con sigilo, desorden y ausencia de respeto a cualquier garantía, estirando la liga a más no poder con el único objetivo de cumplir un capricho personal de quien ostenta en estos momentos el poder estatal.