Opinion
Jaque Mate

No somos iguales

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Sergio Sarmiento

viernes, 22 abril 2022 | 05:00

"El que comete una falta o un delito debe sufrir igual pena, sea débil o poderoso, pobre o rico".

Alfonso Reyes, Cartilla moral

Ciudad de México.- Coincido con el ministro presidente Arturo Zaldívar: la Suprema Corte ha mostrado independencia al descartar un buen número de leyes de la Cuarta Transformación, como la de extinción de dominio o la de austeridad republicana. Siempre es fácil descalificar a los ministros que toman decisiones que a uno no le gustan. Sin descalificar, empero, quiero manifestar mi preocupación por la suspensión que la ministra Yasmín Esquivel ha otorgado a la Fiscalía General para frenar el envío al Instituto Nacional Electoral del expediente sobre la entrega de un sobre con dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente, en un caso de financiación ilícita de Morena.

La ministra Esquivel apuntó que la suspensión es indispensable para evitar "un daño irreparable" al derecho de protección de datos personales de Pío López Obrador. "Sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban".

Pero si la FGR no entrega el expediente, el INE no podrá hacer su trabajo: determinar si se violó la ley cuando David León, exfuncionario del gobierno de Chiapas, quien posteriormente sería funcionario del gobierno federal actual, entregó dinero en efectivo a Pío. El INE no está haciendo la investigación simplemente porque se le antoja: tiene una orden del Tribunal Electoral, y se supone que este es el máximo tribunal de la nación en materia electoral.

El INE tiene, por supuesto, obligación de proteger los datos personales de Pío López Obrador o de cualquier otra persona que someta a investigación. Pero esto no es razón para impedirle cumplir con sus obligaciones legales. De aplicarse de manera sistemática el criterio de la suspensión, se volvería imposible cualquier investigación del INE. Se abrirían las puertas a la violación de la legislación electoral bajo el criterio de proteger los datos personales de los acusados. Se descarta, por otra parte, el principio de supremacía del TEPJF sobre temas electorales.

En el fondo, sin embargo, lo que más preocupa es el mensaje de que es aceptable violar la ley, siempre y cuando esto lo hagan aliados o parientes del presidente. Se fortalece la idea de que "No somos iguales", pero en el peor sentido de la expresión. Se extiende un velo de impunidad a quienes violan la ley, pero solo si son cercanos al presidente.

La entrega de dinero a Pío López Obrador quebrantó la ley que prohíbe las aportaciones de dinero en efectivo a los partidos. Aunque David León negó que en ese momento haya sido funcionario público, reconoció que su "manera de apoyar al Movimiento. fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades". El mismo presidente López Obrador entendió que el acto era ilegal y por eso destituyó a León del cargo de director de la empresa de distribución de medicamentos que estaba creando (y de la que ya no se sabe nada). Puede argumentarse, desde el punto de vista legal, que el delito, que tuvo lugar en 2015, ya prescribió, pero nadie niega que haya ocurrido. Por eso el Tribunal Electoral ordenó al INE que lo investigara.

La suspensión de la ministra Esquivel genera cuestionamientos muy serios. El INE debe proteger los datos personales, sí, pero eso no significa que se decrete la impunidad en la comisión de un delito solo porque el delincuente es hermano del presidente. Alfonso Reyes en su Cartilla moral, la misma que el gobierno ha repartido por millones, advertía que también los poderosos deben ser sometidos a la ley.

Cárcel

Ayer AMLO insistió que quienes votaron contra su reforma eléctrica son traidores a la patria. Incluso sacó el Código Penal para amenazar con cárcel a quienes así sufragaron. Pero sostener una posición liberal, que defienda la libre competencia en electricidad, no es una traición, sino una defensa de la nación.

Twitter: @SergioSarmiento