GPS Dominical

sábado, 26 agosto 2023 | 20:53

Para nadie es desconocido que el exgobernador César Duarte trabó buenas relaciones con el grupo gobernante actual cuando, durante su sexenio de 2010 a 2016, peleó, negoció, cedió, hizo acuerdos, alianzas y pactos con Acción Nacional. Igual lo hizo con otras fuerzas políticas.

Los interlocutores azules con él fueron, en su momento, la misma gobernadora Maru Campos y el ahora fiscal general del Estado, César Jáuregui, ambos como diputados; además del que fuera dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, hoy secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, entre otros.

En el pantano jurídico y político en el que ahora se encuentra Duarte Jáquez, era una obviedad suponer que el exmandatario capturado en Miami y extraditado a Chihuahua habría de enfrentar un proceso penal menos drástico del que vive preso en el penal de Aquiles Serdán.

Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia en las supuestas 21 causas penales iniciadas durante el periodo de Javier Corral, la situación política lógica que podría esperar el ahora recluso es muy diferente a la que enfrenta. Y que enfrenta enfermo, disminuido, entre los escombros del poder que ejerció en sus buenos tiempos.

En vez de beneficios, ha recibido otro apretón directo al cuello, otro empujón a lo más hondo de ese pantano, como le ha pasado cada vez que ha tratado de salir a tomar oxígeno, como en cada audiencia de las que ha protagonizado, en las que no se resiste a la tentación de hablar como si estuviera en una tribuna y no en el banquillo de los acusados.

El sorpresivo video de la gobernadora del pasado miércoles por la noche es muestra de esa realidad reseñada. Surgió horas después de ejecutarle a Duarte una nueva orden de aprehensión de otras tantas que, según lo que ha trascendido, ya ha solicitado la Fiscalía General del Estado.

No será sorpresa que los jueces de control obsequien los siguientes mandamientos de detención al Ministerio Público, pues la actuación judicial contra el exgobernador ha puesto de cabeza a sus defensores cada tercer día desde su llegada a la entidad para ser procesado.

Así lo ha demostrado también la jueza Delia Valentina Meléndez, a cargo del primer proceso por peculado que enfrenta el imputado. Sus resoluciones han sido implacables, sistemáticamente en contra, a juicio de la defensa integrada por abogados locales y foráneos que no han logrado una sola resolución favorable a su cliente.

***  

En el mensaje de la mandataria lanzado por redes sociales, ella misma explicó el proceso mediante el cual su administración solicitó el principio de excepción dentro del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, que permite imputarle nuevas causas penales además de la específica por la que fue entregado a la justicia estatal.

Muy clara en el dominio de los aspectos técnicos, Campos Galván también fue enfática en el respeto al debido proceso, a los principios legales y a los derechos humanos.

A la vez, no dejó de reiterar el “ni perdón ni olvido” que marcó el comienzo de su administración tras un accidentado proceso de entrega-recepción, producto de los berrinches, excesos e irresponsabilidad de su antecesor, Javier Corral, que le dejó un estado paralizado.

Tampoco omitió Maru las advertencias de actuar contra todos los que han hecho uso indebido de los recursos públicos del estado, con lo que quedó evidenciado que siguen elementos políticos mezclados en el proceso contra Duarte Jáquez.

Por ahora no es visible que el Gobierno federal esté tratando de incidir para evitar cualquier posibilidad de que el exgobernador recupere la libertad hasta con alguna medida precautoria, por enfermedad o por no justificarse la extendida prisión preventiva de años sin recibir sentencia.

Que no sea visible esa presión federal no quiere decir que sea inexistente. Bien puede ser bajo la mesa, pues otra cosa que tampoco es desconocida es la proclividad del presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger al golfista antecesor de Maru y hundir a Duarte cada vez más profundo.

*** 

Hay más elementos en el aire que quedan desde el anuncio de la nueva orden de aprehensión ejecutada; elementos que suben la tensión más alta que los elevados niveles de presión arterial padecidos por el imputado, los cuales le han ocasionado varias crisis.

El activismo mediático de Duarte Jáquez, por ejemplo, parece no ser del agrado del Palacio de Gobierno. Han sido evidentes las molestias ocasionadas por buscar entrevistas en todas partes, mandar cartas a la opinión pública y debatir en las audiencias judiciales como si fuera el circo de una sesión legislativa.

Es claro que esa libertad de expresión -que el exgobernador pretende ejercer como si no estuviera recluido en prisión- ha sido factor para otros varios coscorrones que debe haber recibido para obligarlo a bajar el perfil y dejar de generar la falsa impresión de que ya tenía un pie afuera del penal.

Otro elemento importante es la mucha, muchísima información que el exmandatario debe tener sobre algunas situaciones que ocurren dentro del Cereso, donde corren leyendas, algunos mitos y también historias reales con datos muy precisos de los turbios asuntos que maneja la justicia.

De ejemplo está el caso de Enrique López Acosta, alias “El Cumbias”, favorecido con una sospechosa liberación pese a estar identificado como jefe de un grupo criminal y ser acusado de una masacre; y el de uno de los coautores del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el exalcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz.

Allegarse de información de esos botones de muestra y tal vez de otros tantos casos de los archivos negros del penal pueden ser factores para mantener a alguien preso. Adentro y calladito se ve más bonito que afuera. Si así está difícil mantenerlo en silencio, libre no tendría frenos.

En ese marco, ya ni siquiera Javier Corral ha requerido de atacar a Duarte Jáquez. Esa tarea ahora la realiza la Fiscalía del Estado y los jueces de control, principalmente la jueza Delia Valentina, quienes hasta pareciera que realizan las audiencias de mero trámite, con una resolución prefabricada.

***  

A la situación del exgobernador también debe agregarse otro ingrediente que puede ser factor para el endurecimiento del discurso político y jurídico de la autoridad estatal.

Nuevos actores alrededor de la Fiscalía General pudieran también estar empujando para meter la cabeza de Duarte en lo más hondo del agua y el fango cada vez que el ballezano-parralense trata de salir a tomar aire, como única alternativa para sobrellevar el encierro.

En este apartado aplica muy bien la vieja, pero siempre vigente consigna porfirista: en política los amigos son falsos y los enemigos verdaderos. Se van las alianzas, favores, afectos, amistades y complicidades; llegan los rencores, los ajustes de cuentas, las traiciones. Hasta cansado debe estar Duarte de experimentarlo en estos años desde 2016.

Así, la nueva causa penal instruida contra el exgobernador bien podría ser el preámbulo de una cascada de procesos que lo mantendría con una prisión preventiva sobre otra cada vez que fuera necesario garantizar su reclusión.

De la veintena de acusaciones contra el imputado, es de suponer que la Fiscalía General de la República (FGR) -el canal oficial con la justicia estadounidense que aprobó la extradición y aplica el principio de excepción- dosificará también a la administración de Maru Campos las autorizaciones para fincar nuevos cargos.

Si de ese total llegan a validarse unas cuantas más, ni siquiera todas, espera a Duarte Jáquez un largo tiempo entre las paredes y los barrotes del Cereso, por más que su salud física y emocional vaya en picada, como ha estado desde que cayó en desgracia.

Otra vez sin prejuzgar sobre su inocencia o culpabilidad, el problema social más preocupante es que, como otros muchos más, el exmandatario está preso sin sentencia firme y sólo con la pena anticipada que representa la medida cautelar de la prisión preventiva, que se ha vuelto como un vasito de agua, a nadie se lo niegan los jueces.

Así, por lo que puede verse hasta el momento tanto en el plano legal como en el político, el exgobernador no tendrá forma de salir de prisión al menos durante el gobierno de Maru y el de López Obrador.