Opinion

Participación ciudadana como mecanismo de identidad y pertenencia

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Patricia Barraza de Anda

viernes, 30 abril 2021 | 05:00

Ciudad Juárez.- La literatura sobre significaciones, experiencias, bondades y no bondades de la participación ciudadana es relativamente abundante. Es definida como la intervención de los (as) ciudadanos (as) en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular. De manera equivalente, como la representación de vinculación y/o comunicación entre la población y las instituciones del Estado. Asimismo, se observa a modo de la intervención de la ciudadanía en la toma decisiones respecto a la administración de los recursos y de las acciones que impactan el desarrollo de sus comunidades. 

Por su cercanía a la población, a sus problemas y la necesidad de su atención mediata e inmediata, su importancia es de mayor procedencia en localidades demarcadas como municipios en el caso de nuestro país. A consideración de algunos (as) estudiosos (as) de la materia, en el caso de México, la participación ciudadana ha sido rehén de representaciones paternalistas, institucionalizadas y clientelistas que tienden a la construcción de una ciudadanía pasiva que requiere de intermediarios para cumplir sus demandas o expectativas. Quizá a ello podemos atribuir el que, a pesar de que en el transcurso de los años ha habido una evolución de la normatividad jurídica, hasta la fecha ésta no ha permeado de tal manera que aliente una cultura que empodere a la ciudadanía, que la diferencie como un derecho y obligación democrática. El discurso, reconocido en nuestra Constitución, en diversas leyes estatales y locales, incorpora la participación ciudadana. Sin embargo, en la práctica las posibles adecuaciones del marco jurídico e institucional no han construido los canales, que verdaderamente incentiven una comunicación eficaz para una gestión legítima y corresponsable de la atención de los problemas y del desarrollo de la comunidad y por consecuencia del país. Es decir, que apueste a una nueva cultura de gobierno. En el caso que nos ocupa, los conductos, en el mejor de los argumentos, se han manifestado a través de lo que conocemos como la sociedad civil organizada, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) antes Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), asociaciones civiles, grupos religiosos, etcétera. 

Por lo que se refiere al Municipio de Juárez existe una experiencia muy cuantiosa y bastante apreciable, a citar lo relativo al tema del feminicidio, violencia en contra de las mujeres de Juárez, trata de personas, educación, cuestiones ambientales, seguridad, etcétera. Es de reconocer que, aunque el loable activismo de muchas de estas organizaciones ha tenido un mayor eco en instancias internacionales, más que en las nacionales y locales, también ha contribuido localmente a fomentar de forma meritoria una cultura del derecho a manifestar organizadamente una inconformidad legítima ante la indiferencia de las autoridades en turno. Lo que positivamente también ha abonado a sensibilizar en el significado de la voluntad colectiva, responsable y comprometida. Por lo tanto, en la actualidad el tema de la participación ciudadana no es relevante o suficiente con el solo reconocimiento del derecho que la ley otorga. Su preeminencia se desprende de sus prácticas que se materializan en los procesos innovativos que diseña, implementa y evalúa. En ello toma relevancia la forma en que ésta es institucionalizada, el carácter con el cual se impulsa la expresión ciudadana, la puesta en común de las creaciones individuales y colectivas, el modelo de interacción entre las personas, la persuasión a la comunicación horizontal, lo que dignamente contribuye a generar identidad y sentido de pertenencia a su comunidad.