Opinion

Participación ciudadana electoral

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Gerardo Cortinas Murra

lunes, 05 julio 2021 | 05:00

La función electoral garantiza el cumplimiento del principio constitucional de todo gobierno republicano: la renovación pacífica y periódica de los gobernantes, a través del voto popular. Legitimando así, el acceso de los ciudadanos al poder público. Recordemos el fundamento constitucional: 

“ART. 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal…” “ART. 41… La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”

En el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) encontramos la siguiente referencia: “El rol de las elecciones (competitivas) en los sistemas democráticos es fundamental. En primer lugar, las elecciones constituyen la base del concepto ‘democracia’. Hay democracia cuando los detentadores del poder son elegidos popularmente en una lucha abierta y libre por el poder”.

“En segundo lugar, las elecciones son la fuente de legitimación tanto del sistema político, como de sus líderes o dirigentes. En tercer lugar, las elecciones son el medio a través del cual se verifica la participación política en las grandes mayorías”.

A mi parecer, los conceptos del IIDH son equívocos, toda vez que confunde el objeto de las elecciones: que la renovación periódica de los gobernantes constituye un acto republicano, completamente ajeno al gobierno democrático. 

En otras palabras, a través de los procesos electorales los ciudadanos participan en la renovación periódica de sus gobernantes, independientemente de que el sistema político sea democrático o no. 

Resulta falso entonces, que las elecciones “constituyan la base del concepto democracia”, porque las elecciones no constituyen -por sí mismas- la fuente de legitimación del sistema político, sino del acceso al poder de los gobernantes.

En efecto, la definición del IIDH confunde los conceptos de participación política y participación electoral. Ambas, especies de la participación ciudadana, pero cada una de ellas tiene sus propias características y diferencias específicas. 

Así, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la participación política se expresa en forma no institucionalizada -como una forma de oposición en contra de los actos de gobierno- mediante manifestaciones de organizaciones sociales, grupos de presión, e inclusive, por ciudadanos aislados. 

Por su parte, la participación electoral es 100% institucional: se lleva a cabo en un día preestablecido y se agota con la emisión del voto. La legislación electoral establece otras formas de participación electoral como son los funcionarios de las casillas receptoras del voto y los observadores electorales.

En cuanto al resultado final, la participación electoral conlleva un resultado preciso: El cómputo de los votos por parte de los organismos electorales y el consecuente nombramiento de los nuevos gobernantes. En cambio, en la mayoría de los casos, la participación política no garantiza la obtención del cambio previsto en las políticas públicas.

Al día de hoy, el estado de Chihuahua tiene una población de 3 millones 700 mil habitantes -en números redondos-; de ellos, 2 millones 900 mil son electores. Es decir, casi 800 mil chihuahuenses son niños y adolescentes.

La participación ciudadana electoral fue del 46%. Lo que significa que casi la mitad del electorado (un millón 300 mil) participó en la elección de los nuevos gobernantes. Una cantidad bastante aceptable, considerando la grave situación de insalubridad e inseguridad que aqueja a la sociedad chihuahuense.

Por desgracia, la participación política en Chihuahua sigue siendo un sueño guajiro, toda vez que los tribunales -federales y locales- no aceptan que la denuncia popular es un derecho legítimo de los chihuahuenses para denunciar actos de corrupción oficial. Lo cual, por desgracia, garantiza la impunidad de cientos de servidores públicos corruptos.