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Opinion

Pendejear a la federación y liberar a los LeBaron

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GPS Dominical

domingo, 28 enero 2024 | 05:00

El minuto a minuto de lo que pasó entre lunes y martes pasados, el levantón de cuatro miembros de la aguerrida comunidad de los LeBaron y su posterior liberación, tuvo tres momentos complejos con visos que pudieron desatar una crisis de relevancia internacional.

Un momento fue la denuncia de Julián y Adrián LeBaron, el lunes entrada la tarde, de la desaparición con tintes de secuestro de las cuatro víctimas. El reclamo rebotó con fuerza en todo el país y puso a trabajar horas extra por la noche al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

Otro momento fue a la media mañana del martes cuando, desesperados sus familiares ante una evidente falta de resultados, los habitantes de Galeana y otros pueblos colapsaron el centro de la capital con la marcha realizada, además de su irrupción en Palacio de Gobierno.

El tercero fue cuando la gobernadora Maru Campos, en medio de las presiones de los LeBaron y una conchudez atroz del Gobierno federal, decidió pedir en público al presidente, Andrés Manuel López Obrador, dejar de “ser omiso, sino es por decir pendejo”.

Poco más de dos horas después de pendejear al jefe del Ejecutivo Federal, Julián LeBaron grababa frente a Palacio un video de agradecimiento entre aplausos y gritos de júbilo de los manifestantes. Directamente dio las gracias a Maru, a De la Peña y al fiscal general del Estado, César Jáuregui, luego de las horas de tensión.

Previamente, el mismo líder y activista social había podido corroborar vía telefónica que sus compañeros Miguel Ángel Moreno y Manuel Horacio Ríos Jacobo, que poco antes seguían desaparecidos, estaban con bien. 

Fueron enlazados por teléfono desde Madera, sanos y salvos dentro de lo posible en un contexto que parecía apuntar a la fatalidad, después de que otros dos integrantes de la comunidad, Bruce LeBaron y Shem Lamar Stubbs, habían sido liberados, pero ellos no.

Pendejar a Andrés Manuel y liberar a los LeBaron casi al mismo tiempo no fueron casualidades, sino consecuencias de decisiones tomadas en medio de esa crisis, una que no puede considerarse cerrada porque la tensión por la inseguridad sigue viva y receta golpes cada día.

Lo que era la gran nota sangrienta que ponía a Chihuahua como epicentro de otra tragedia, tuvo inesperado final feliz. Pero no es posible ponerle punto y aparte, todavía, sino puntos suspensivos, ya que dicho episodio no está del todo cerrado.

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Es inigualable el atractivo de las rutas de motos y razers en algunos puntos de la sierra, como Madera y Nuevo Casas Grandes. Especialmente son atractivas para los llamados turistas de alto valor, que pueden darse el lujo de escaparse dos o tres días en vehículos que son costosos hasta para su desplazamiento.

Son espacios que indudablemente deberían ser más seguros y vigilados, pero de los que no tienen control los gobiernos municipales, todos coludidos o sometidos por el crimen organizado.

La presencia estatal es escasa por la propia naturaleza del terreno y las limitantes que tienen en fuerza y despliegue la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos son insuficientes para cubrir la vasta geografía de Chihuahua.

Del Ejército y la Guardia Nacional, con mayor capacidad de personal para despliegues permanentes más efectivos, ni sus luces en los puntos más complejos de la entidad; ni sus luces, ni mucha voluntad para atender el grave problema de la delincuencia organizada, prácticamente invisibilizado en la entidad.

En este contexto ocurre la desaparición de los LeBaron, los cuatro integrantes que además reportaron que el cártel dominante en la región de Madera y los límites con Sonora, tenía a un quinto secuestrado, Ramiro Cervantes, dueño de una desponchadora en Mesa del Huracán, desaparecido hace dos semanas.

Pero hace casi cinco meses, a principios de septiembre pasado, un levantón con otros fines también fue registrado en una de esas rutas cercanas a Nuevo Casas Grandes, cuando la víctima fue desaparecida por un comando armado que con ese ataque reaccionaba a lo que consideraba agresiones de otro grupo criminal asentado en Juárez.

En aquella ocasión la víctima fue de apellido Poggio, heredero de un cercanísimo operador de Amado Carrillo, envuelto en pugnas que, de no haber tenido una atención oportuna de la autoridad estatal, hubiera desatado una guerra criminal de enormes proporciones.

También en esa ocasión hubo un rescate envuelto en muchas dudas. Y no es la única similitud con el caso de los LeBaron, pues tampoco hubo decidida intervención federal a pesar de todas las implicaciones de un crimen de esta naturaleza.

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En el caso de los LeBaron, la denuncia pública tomó por sorpresa a la Fiscalía General del Estado, que hasta la llegada de la caravana de protesta a la capital no había podido tener una querella con los datos precisos del delito y las víctimas, de las que ya para el martes en la mañana habían sido liberadas dos.

No obstante, la operación desde Palacio comenzó la tarde del lunes y siguió hasta entrada la noche, sin concretar una movilización efectiva de fuerzas en coordinación con las autoridades federales, casi indispensable para llevar a buen término cualquier operación.

A la par de la manifestación que llegó a la capital con decenas de pobladores de colonia LeBaron, dicen que el fiscal Jáuregui había dispuesto ya un operativo con apoyo de la SSPE, para buscar intensivamente cualquier indicio del grupo criminal que levantó a las víctimas.

En Palacio contenía la crisis De la Peña, con la recepción inmediata de los manifestantes que ya en otras ocasiones habían mostrado su capacidad de organización para movilizarse y presionar a las autoridades, a las que pueden poner de cabeza en cuestión de minutos.

En la reunión con los LeBaron, tanto el secretario de Gobierno como el fiscal general, conectados con Maru vía WhatsApp -o Telegram si eran asuntos más delicados- giraban instrucciones y daban pistas para cumplir con la válida exigencia de los afectados, a pesar de que era casi imposible que salieran conformes de la reunión.

Terminado el primer encuentro privado, Julián y sus hermanos reforzaron las advertencias y organizaron un posible cierre de un puente internacional, si no eran rescatados los que permanecían presos.

Ni por esa advertencia, la autoridad federal dejó la actitud simuladora que la distingue en este tipo de crisis y en la atención a las causas sistémicas y esenciales de la violencia, que más allá de los delitos del fuero común, desbordados igual que los federales. 

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En este punto de la crisis de los LeBaron, desatendida a nivel federal, porque el Ejército y la Guardia Nacional ahora casi ni simularon la colaboración, es probable que se encuentre la causa del reclamo de la gobernadora, elevado a un punto en el que hasta logró dejar callado a López Obrador.

“Nada, nada, nada. Cuando hay groserías no (...) No hay necesidad de eso”, respondió el presidente cuando fue cuestionado sobre el calificativo que le dedicó Maru. 

El tema lo zanjó así, porque ni de loco podría meterse a dar respuestas sobre un problema más que desatendió en Chihuahua, como otros tantos que ha dejado crecer o incluso ha generado.

El fracaso de la corrompida Guardia Nacional; las ejecuciones y masacres constantes en Juárez y Chihuahua, pero además la ola de levantones por varios puntos de la sierra, son innegablemente problemas que demandan intervención federal, independientemente de que haya delitos del fuero estatal que surgen como consecuencia.

¿No hay necesidad de groserías? ¿Seguro? Más bien, por las consecuencias sociales de una política fallida de seguridad, sí hay necesidad de eso y de otros cuantos calificativos más, pues ignorar los problemas o simular atenderlos merece cuando menos una mentada.

La gobernadora se quedó corta con el calificativo que enfureció a las huestes morenistas de la entidad, pero las reacciones fueron nomás para defender al presidente, no la vida de personas privadas ilegal y violentamente de su libertad. Nada de empatía con quienes estaban en riesgo de aparecer muertos en cualquier momento.

El oficio de Jáuregui y De la Peña, chicoteados por Campos Galván, llevó a ese final inesperado de la crisis, que además evidenció cómo son turbias las fronteras entre el crimen y la autoridad. 

Pero no es un capítulo cerrado porque los responsables del delito están libres. Y hasta que sean detenidos ellos, hasta que también haya imputados presos por cuando menos otras dos decenas de desapariciones entre el fin del año pasado y el inicio de éste, podrá comenzar a hablarse de justicia.

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