Opinion

Pensiones, el retrato de la incapacidad corralista

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Luis Javier Valero Flores

domingo, 08 noviembre 2020 | 05:00

La retrata nítidamente. 

La crisis de Pensiones Civiles del Estado (PCE) se recrudeció cuando lo peor de la pandemia se abate sobre los chihuahuenses. Reveló, no solamente la incapacidad gubernamental para hacerle frente, sino también la indolencia y falta de compromiso del nuevo amanecer con los chihuahuenses, evidenciada por la política de lanzar hacia adelante los problemas, los compromisos económicos y la reconstrucción de las instituciones del estado.

En este caso, la encargada de la seguridad social de más de 100 mil chihuahuenses.

No podía ser peor el panorama. La mayoría de los hospitales están colmados, tanto en la hospitalización general, como en la Covid-19, lo mismo en las dos ciudades mayores, como en el resto.

Ahora reportaron un problema mayor, la falta de oxígeno en los hospitales General y Central de la capital del estado, a la que le achacan el fallecimiento de por lo menos seis personas. (Nota de Bernardo Islas, El Diario de Chihuahua, 7 de noviembre de 2020).

El verdadero panorama es de espanto en Chihuahua, los reportes de personas que fallecen por falta de cupo en los hospitales se acumulan diariamente, más los que deben esperar turno para acceder de los respiradores artificiales, o las informaciones de empleados de las funerarias de Juárez, consistentes en que ha aumentado el número de personas muertas en sus domicilios, lo que hace presumir que la cifra de fallecimientos por el Covid-19 es mucho más alta que la reportada oficialmente.

El otro aspecto negativo, es la increíble voracidad de los propietarios de la mayor parte de los hospitales privados, los que exigen verdaderas fortunas para acceder al ingreso de algún paciente.

Era sabido, en 2016, que la situación del sistema de salud en Chihuahua sufría un deterioro creciente y que la mayor parte de los supuestos avances en esa materia, informados por el gobernador César Duarte, eran falacias.

Pero la llegada de Corral no sirvió para detener el deterioro, al contrario, es una conclusión generalizada la de que el hospital de Pensiones en la ciudad de Chihuahua era uno de los mejores del estado. El Hospital General de la capital gozó, también, por un buen tramo del siglo actual, por contar con un excelente servicio, pero no sucedía lo mismo, en el resto de las instalaciones, ni las a cargo del Gobierno del Estado, ni en las federales.

Acometer una profunda reestructuración del sistema de salud, gravemente dañado por las corruptelas, era una de las ingentes tareas del nuevo gobierno.

Hizo lo contrario, Pensiones es el peor ejemplo de ello. 

A la llegada del actual director general, Alberto José Herrera González, a fines de 2016, el adeudo de las dependencias (Gobierno de Chihuahua, UACh) a la institución ascendía a los 596 millones 876 mil pesos. 

Al 31 de agosto del 2020, el adeudo llegaba a los tres mil 671 millones 478 mil pesos, un incremento del 500 por ciento. (“Confesiones de un crimen de lesa humanidad”, Beatriz Verduzco Gutiérrez, El Puntero, octubre 30 de 2020).

Además de un adeudo a proveedores de alrededor de 700 millones de pesos.

“No obstante que PCE fue creada hace más de 60 años, no cuenta con una red hospitalaria y siempre ha prestado el servicio de hospitalización a través de la subrogación en clínicas y hospitales privados”. (Ibídem).

Pero hay otro aspecto, acaso más ilustrativo de la gravedad de la situación. Hasta la llegada de Javier Corral, PCE contaba con una plantilla de médicos generales y especialistas de 600 “y al 2019 había decrecido a 457, no obstante el incremento en el número de derechohabientes”. (Ibídem).

Sabedor de la situación, al llegar la pandemia, el actual grupo gobernante decidió dejar fuera de esa atención al hospital de Pensiones y sólo se acondicionó una área en Urgencias para los pacientes que lo requirieran, en tanto eran enviados a los hospitales-Covid. 

El saldo es terrible, según el director Herrera, habían fallecido, hasta la fecha, siete derechohabientes en esa área. (Nota de Omnia, 16 de octubre de 2020).

Pero resulta que los principales deudores de Pensiones son la Secretaría de Hacienda, la UACh y la Junta Municipal de Agua de Chihuahua, las que, a su vez, argumentan que Hacienda les debe las cantidades adeudadas a la institución de seguridad social, pero la Junta Directiva tiene facultades para iniciar un proceso de cobranza.

¿Por qué no lo hace?

Menudo problema tienen el secretario Arturo Vélez y el gobernador Corral, pues a los empleados estatales, incluidos los maestros y trabajadores de la UACh, quincenalmente les descuentan la cuota de Pensiones ¿en dónde está el dinero, a dónde va?

O peor aún, Hacienda sí entrega los recursos recabados quincenalmente, pero los adeudos anteriores, simplemente los envía al futuro. No es menor el problema, más de cuatro mil millones de pesos, con todo y adeudos a proveedores, en tanto la situación de PCE sigue deteriorándose, sin que el gobernador Corral intente hacer un cambio por detener tal situación.

Si se requiriera de una evidencia, para demostrar el modo en que la administración corralista avienta a los próximos gobernantes los problemas, sirva de ejemplo el boletín de prensa en el que la Junta Municipal de Agua de Chihuahua se deslinda del adeudo del gobierno de Duarte: 

“En la actual administración del gobernador Javier Corral, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS) ha cumplido en tiempo y forma con los pagos a Pensiones Civiles del Estado (PCE) por la cantidad de 315 millones de pesos de manera puntual mes a mes. El adeudo al 31 de mayo 2020, que asciende a 247 millones de pesos sin contemplar recargos, corresponde a la pasada administración encabezada por el ex gobernador Cesar Duarte…”. (JMAS, Chihuahua, Chih., a 02 de noviembre de 2020).

Enfatizaron en que la deuda es de “la anterior” administración y que presentarán las denuncias correspondientes.

Ya se van y apenas lo anuncian.

Estaban obligados a presentar la denuncia, pero los adeudos no le pertenecen a una administración o a otra, -en el discurso y la información sí- pero son del Gobierno de Chihuahua y quienes estén al frente de él deberán asumir los compromisos heredados.

De lo contrario, la nueva administración -que tomará posesión en 10 meses- podrá decir lo mismo que la actual, “son adeudos de la administración de Javier Corral” y no pagarlos.

La demagogia no tiene límites. 

Hasta en dos ocasiones, la Junta Directiva de Pensiones “acordó que las instituciones deudoras debían de llegar a un convenio para empezar a regularizar sus pagos”, pero resulta que el presidente de ese órgano de dirección de PCE es el titular del principal deudor de la misma, Arturo Vélez, el secretario de Hacienda.

No es un asunto que se pueda posponer. Pensiones, al no contar con una unidad hospitalaria que atienda a los pacientes Covid, depende de los hospitales privados y si, como es el caso, estos se encuentran llenos, entonces trasladan a los pacientes a otras ciudades.

Así, el fin de semana del 2 al 4 de octubre, cuatro pacientes Covid de PCE no fueron recibidos en las clínicas privadas, tuvieron que esperar en el área de Urgencias por un espacio; el siguiente fin de semana (9 al 11 de octubre) se volvió a tener cuatro pacientes contagiados y un paciente más en Ciudad Juárez. Los cinco fallecieron. No hubo camas disponibles. (Ibídem).

A eso se suma que los adeudos a Pensiones han generado la falta de medicamentos e insumos y la negativa de los hospitales para aceptar a los derechohabientes de PCE; en consecuencia, el aumento del riesgo de los pacientes al “pretender darles la atención en el área de Urgencias de la institución sin tener los equipos e insumos que son necesarios”. (Ibídem).

Por su parte, un grupo de maestros jubilados y pensionados de Juárez, pertenecientes al subsistema estatal, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE sección 42 le enviaron una carta al presidente López Obrador, “para que se haga una investigación sobre el abuso de autoridad, negligencia omisión o colusión de hechos de corrupción por parte del Ejecutivo del Gobierno del Estado, por el director de Pensiones Civiles del Estado y por la dirigencia sindical  de la sección 42”.

Entre las causas señaladas incluyen el adeudo de las dependencias a Pensiones y señalan al ilegal cobro de la cuota de Pensiones, la que debido a su estatus de jubilados no deberían descontarles. Le piden al presidente se realice una auditoría externa, con el fin de encontrar a los responsables de la crisis financiera de Pensiones y fincarles cargos.

Otros maestros y jubilados se sumaron a tales protestas el viernes en la capital del estado.

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