Opinion
Periscopio

¿Personas, con o en situación de, discapacidad?

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Armando Sepúlveda Sáenz

miércoles, 08 diciembre 2021 | 05:00

Leí en este medio una nota que reseña las afirmaciones de una persona que se asume como representante de las personas con diversidad funcional (SCJN dixit); resultado de la interacción entre las características del individuo, el entorno y las actitudes de la población (CDPD):  personas en situación de discapacidad (Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua). Si la nota recoge lo afirmado por el protagonista, muestra una confusión conceptual a la que hay que salirle al paso por las consecuencias que implica. Sobre todo, porque en la legislación vigente en el estado de Chihuahua conviven dos concepciones antagónicas sobre la capacidad jurídica de las personas “con discapacidad”.

Para dilucidar la pregunta que da nombre a este artículo, es menester hacer referencia a algunos antecedentes. La Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF), data de 1993 y es congruente con la visión de discapacidad que se recoge en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), algunos profesionales siguen aplicando el llamado modelo médico basado en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 1980.

En el Preámbulo de la  Convención se expresa la concepción de discapacidad que es materia del tratado: “Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” conceptualización que corresponde al denominado modelo social de discapacidad que puntualiza la interacción entre las características personales y el contexto social (actitudes y el entorno funcional).  Debe señalarse la impropiedad de incorporar a la definición de discapacidad la concesión al modelo médico relativo a la calificación de deficiencias cuando en realidad se trata de diversidades funcionales, como lo demostró en sus estudios Agustina Palacios 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011 enmendó en 2018 la definición original por la siguiente: “Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. 

La Convención es definitiva al considerar que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las características de la persona y el entorno funcional y actitudinal, esto es, la discapacidad no está en la persona sino en el entorno. 

No obstante, en cualquier proceso jurisdiccional administrativo o judicial lo que debe prevalecer es la Constitución Federal y la Convención. Y en su defecto, el circuito federal judicial está para hacer valer la personalidad jurídica y los derechos de las personas en situación de discapacidad (o como define la SCJN: con diversidad funcional).

El derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley se encuentra expuesto en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de manera particular respecto a las personas con discapacidad, en el artículo 12 de la CDPD y en artículo 1º Constitucional. Este derecho humano es clave. Se trata de un derecho que representa uno de los presupuestos del modelo social y de derechos humanos, incorporado a la CDPD a través del principio de respeto a la dignidad inherente, autonomía individual y la libertad de tomar las propias decisiones, mismo que engloba uno de los mayores cambios en la forma de percibir la discapacidad, al constituirse en una especie de derecho llave o llave jurídica para la apertura de otros derechos. Es una “condición sine qua non a los efectos del goce y ejercicio de todos los derechos, en igualdad de oportunidades”.

La SCJN, al respecto, en su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad (p.34) afirma: “Tomando como fundamento el modelo médico-rehabilitador, así como prejuicios e ideas estereotipadas, el ejercicio de este derecho había sido negado tradicionalmente a las personas con discapacidad, afirmando que por el sólo hecho de tener esa condición,  sea cual fuere el grado y tipo de discapacidad, tenían limitada su autonomía y capacidad jurídica para la toma de sus propias decisiones, por lo que eran objeto de un procedimiento de interdicción que concluía con la designación de un tutor, que era quien sustituía a la persona con discapacidad en todas sus decisiones e intereses (modelo de sustitución en la toma de decisiones)”. Por consiguiente, no cabe mantener en la normativa federal y local, ninguna disposición que contravenga, el Pacto, la Convención y la Constitución en lo relativo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por cierto, por lo expresado, esta designación se presta a confusión jurídica y debe leerse, en situación de discapacidad o con diversidad funcional.