Opinion

Perversidad en el Poder Judicial

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Sixto Duarte
lunes, 08 abril 2019 | 20:09

El solo título de la entrega de esta semana bien pudiera aplicarse a lo que acontece tanto en el Poder Judicial de la Federación, como en el Poder Judicial del Estado. Parece que no puede pasar una semana sin que los gobernantes en turno metan la mano e intervengan en lo que se supone es un poder independiente, el Judicial, que a su vez debe ser garante del respeto a la ley e impartición de justicia.

En lo relativo al Poder Judicial de la Federación, la ocurrencia de la semana fue del senador Ricardo Monreal, al proponer crear una tercera sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta aquí todo bien. El problema surge cuando se sustenta dicho plan en incrementar el número de ministros de la Corte, de los once que actualmente desempeñan su cargo, a los dieciséis que se proponen. La trampa -porque parece ser que toda actuación de estos siniestros personajes tiene que llevar algo de ventaja para ellos- es el hecho de que, al aumentar el número de ministros, controlarían la Suprema Corte, minando la independencia que este órgano debe tener.

Monreal ha estado obsesionado con la idea de controlar el Poder Judicial. Ya en meses anteriores, promovió un discurso perverso en contra de los integrantes de la Corte, en el sentido de señalarlos por los altos emolumentos de los mismos. Le echó al pueblo bueno y sabio encima a un órgano que debe actuar ajeno a toda injerencia política. Antes también habían promovido la creación de un Tribunal Constitucional, a pesar de que es precisamente ésta la función de la Corte. Ahora, viste su discurso de aumento de ministros y control de la corte con la frase “sala anticorrupción”, aprovechando el impacto que generan estas palabras en la población. Irónico que habiendo sido señalado como gobernador de Zacatecas, ahora maneje ese discurso.

Ya en otros estados de la República ha sucedido que, cuando no se controla el Poder Judicial, y no se pueden remover a los magistrados integrantes por la garantía de inamovilidad, los gobernadores simplemente promovían el incremento de magistrados para ahogar a la oposición que pudiera existir en la judicatura.

La ocurrencia de Monreal tiene como fin el tan anhelado control judicial. Si verdaderamente quisiera combatir la corrupción, promovería el desafuero de su compañero senador Napoleón Gómez Urrutia.

Por otro lado, aquí en la entidad -o en la aldea, como señalan los miembros del grupo gobernante-, nuevamente vuelve a haber escándalo en cuanto a los nombramientos de jueces. La pseudoabogada “Lucha” Castro, -quién en caso de serlo, es una vergüenza para el gremio-, nuevamente volvió a hacer de las suyas al manipular los exámenes de elección de jueces, a fin de que quedaran quienes le son cómodos al actual régimen, y no los que tengan mejores credenciales. El señalamiento no es golpeteo político de la oposición, ni un complot del duartismo, ni obra de ninguno de los fantasmas que todavía persiguen a la supuesta luchadora social. Tampoco hay injerencia de la Cuarta Transformación para desestabilizar a Chihuahua. El señalamiento lo hizo su propio compañero dentro del Consejo de la Judicatura, el abogado Joaquín Sotelo.

No es el primer exceso en que la consejera incurre. Necesitaríamos varias entregas como ésta para poder describir cada una de las arbitrariedades en que incurre, ya de manera cotidiana. Ahora, independientemente de los resultados, aquellos jueces que resulten electos serán siempre cuestionados en su legitimidad. Un Poder Judicial demeritado como el de Chihuahua, no puede garantizar una efectiva impartición de justicia cuando esta “delincuente con charola”, como la describió un senador de la República, es quien decide quiénes serán jueces en el Estado. Si hay mucho compromiso con ella, de plano, ¿no hay otra chamba que le puedan dar a Castro? Una donde no haga tanto daño.

Lo anterior pone en evidencia que tanto el grupo dominante a nivel federal, como el grupo dominante a nivel estatal, sienten el más profundo de los desprecios por la división de poderes. No se alcanzará una democracia consolidada mientras no exista respeto a la rama judicial por parte de los gobernantes en turno. Aunque probablemente el pueblo bueno y sabio no quiera que se consolide esa democracia de la que hablamos; finalmente, le dieron el control de los órganos legislativos tanto a López Obrador como a Corral. Eso evidencia que la gente busca autócratas, más que demócratas.