Arturo García Portillo

viernes, 26 mayo 2023 | 05:00

En el argot policíaco, y de ahí hacia la parla popular, en realidad generalizada, se dice que una ciudad, una zona, un estado, se ponen “calientes” cuando aumenta súbitamente la incidencia delictiva, y en particular, los llamados delitos de alto impacto, como asesinatos con arma de fuego. La pegunta es ¿y cuál es la plaza caliente a que se referirá este artículo? Respuesta: a todo el país. 

Hace dos días en una nota que yo leí de El Universal, de México, pero que ya ha circulado por muchos medios y espacios, dice con todas sus letras “Gobierno de AMLO es ya el más violento: impone récord histórico de 156 mil 136 asesinatos”. Es decir, esta cifra ya rebasa a lo ocurrido durante todo el sexenio de Peña Nieto y también al total de los ocurridos en el de Felipe Calderón. Por años los morenistas encabezados por el presidente López Obrador han acusado al sexenio del panista con todo tipo de epítetos y lo han puesto como el paradigma de la descomposición. Pues resulta, y aquí los números hablan, los datos duros y no las apreciaciones del primer mandatario, dicen que ya este sexenio tiene el récord de asesinatos, es el primer lugar en ese rubro, y como aún le queda más de un año de gobierno, evidentemente la cifra final va a quedar mucho muy lejos de los anteriores. 

Pero eso es solo el efecto. Analicemos ahora los números. Más allá de las acusaciones a Calderón, de haber actuado sin un plan, de haber pateado el avispero, de detonar lo que ocurre en la actualidad, lo cierto es que las cifras se elevaron en el marco del combate a los delincuentes, de haber emprendido un amplio despliegue para quitarles su capacidad de desestabilización, su generación de dolor y muerte. En cambio, el mandatario morenista lo ha hecho complaciéndolos, dejándolos hacer. O en el mejor de los casos, si alguien quiere ser benevolente con él, apostando a solucionar los problemas sociales que incuban a muchos delincuentes. Para el presidente, en una evaluación simple y limitada, hay delincuentes porque hay pobres, y si no hay pobres no hay delincuentes. Pero las soluciones que ha ofrecido ni han disminuido la pobreza ni la delincuencia. Y en vastas zonas del país el gobierno ha sido arrinconado o expulsado, y los eventos delictivos se multiplican como lo hacen los sapos en tiempo de lluvias. Como dije al principio, tantito más, o tantito menos, prácticamente todo el país se duele de esta misma situación. 

Entonces, no parece que las medidas ensayadas, así dicho, en el tono más científico de la expresión, estén dando resultados. Ni las sociales, ni las financieras, ni mucho menos las de administración del monopolio de la fuerza que corresponde a todo estado nacional. 

Pero no me voy a quedar en el orden federal de esto. En los días recientes arreció una ola de ejecuciones en las ciudades principales de Chihuahua como Juárez y la capital, que también han calentado las plazas locales, y han dado pie a oblicuos analistas y funcionarios federales para señalar como responsables a los gobiernos municipales. 

Estados y municipios padecemos la inacción de la autoridad federal. 

En la época de Felipe Calderón, y todavía, aunque se muerdan la lengua, se hinchaban los pulmones para acusarlo de la inseguridad. Todo era culpa del gobierno federal panista, todo. Ahora que los datos los sientan justo en ese mismo banquillo, quieren hacer creer que ellos si hacen su papel y los culpables somos los gobiernos municipales. Pues claro, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ya se sentaron del otro lado de la mesa, y se les olvidaron sus referentes.

Y como solemos decir a propósito de esto, y las encuestas lo corroboran, sale sobrando quien “tenga la culpa”. La gente cree que son los tres órdenes de gobierno, no distingue. O bien tienden a exonerar de toda responsabilidad a López Obrador por ser dadivosos, sin advertir que no hay vínculo entre una cosa y otra.

No admite duda que al menos en Chihuahua, y mucho menos en Juárez, las inversiones fuertes en equipamiento de policía, en adquisición de tecnología, en capacitación, han corrido a cargo del gobierno municipal. Y recientemente por esta misma experiencia, la gobernadora ha llevado estos esquemas al ámbito estatal. Un proceso que no se concluye de un día para otro, que sigue desplegándose, y que pronto, en la maduración del modelo, podrá empezar a arrojar resultados. 

Si queremos resolver esto, solo hay de dos. Decir las cosas como son y exigir lo que corresponde a cada esfera, claro y cada uno. Y ponerle al jale. Y mejor aún, coordinados.