Opinion

Política legislativa

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Gerardo Cortinas Murra

lunes, 08 noviembre 2021 | 05:00

El estudio de la función legislativa implica no sólo el análisis del proceso legislativo como creador de leyes, sino además, el comportamiento ético de sus integrantes. Lo anterior, porque “las legislaturas constituyen un actor sumamente importante para la dinámica de gobierno democrática”.

Si se toma en cuenta que las principales funciones de los legisladores son las de representar, legislar y controlar, “es en el ámbito institucional de las legislaturas donde en mayor o menor medida se dan (o debieran darse) los principales debates sobre los asuntos públicos, porque representan intereses sociales, se controlan los procesos gubernamentales, y se deciden políticas públicas”.

Por desgracia, en México la función legislativa siempre has estado sujeta a los caprichos de los gobernantes en turno. Al extremo, de que el Poder Legislativo, federal y los locales, no constituye un poder independiente; sino más bien, una extensión del Poder Ejecutivo. 

Durante años, he denunciado públicamente la sumisión política de las últimas legislaturas locales. En el sexenio de César Duarte, el desempeño de la LXIII Legislatura demeritó la imagen del Congreso local; al grado de convertirlo en una ‘Oficialía Legislativa’ y la figura del Presidente del Congreso (Enrique Serrano) reducido al papel del “edecán legislativo” del Ejecutivo Estatal.

De la LXIV Legislatura, en el año 2014, señalé que “la Legislatura debía de abstenerse en seguir los infames antecedentes de su predecesora, mismos que la hacían merecedora de ser considerada como la peor Legislatura en la historia del Estado; sin embargo, la actual Legislatura -aún sin cumplir un año en funciones- ya ha superado, obstinadamente, el mísero desempeño de la anterior”.

Durante el mandato de Javier ‘El Inútil’ Corral, las dos legislaturas siguieron la misma suerte de las legislaturas anteriores: quedaron sujetas a los caprichos insanos del exgobernador, aprobando un sinnúmero de ordenamientos legales y nombramientos de funcionarios públicos, sin importarles pisotear los principios constitucionales y éticos más elementales. 

En cuanto a la tendencia de reformar la Constitución, podría explicarse en términos generales, como la forma de ajustar los principios fundamentales del pueblo mexicano al modo de gobernar del gobernante en turno. 

Al respecto, Luis Rubio afirma que “el problema de fondo es que nuestros representantes populares siempre proponen soluciones temporales, parciales y contrarias a la posibilidad de construir una sociedad de reglas institucionalizadas que permitan a todo ciudadano saber dónde está parado y cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Soluciones temporales (que) minan la función de la autoridad, y crean un entorno de irresponsabilidad y de incertidumbre…” 

Para el jurista Jorge Carpizo, nuestra Constitución está muy “manoseada”… por lo que no es deseable ni conveniente que continúe el torrente de reformas… (porque) reformar la Constitución en México es cosa fácil, y más, cuando las propuestas provienen del titular del Poder Ejecutivo”.

En el ámbito local, al inicio de la legislatura pasada, se incrustó en la Constitución local el principio del ‘Parlamento Abierto’; sin embargo, la sumisión política del diputado panista Fernando Álvarez, provocó que este principio, fuera letra muerta.

Así las cosas, es evidente que la problemática socio-económica de nuestro Estado “no es de leyes sino de la indisposición o incapacidad de las autoridades respectivas a hacerlas cumplir: se aprueban nuevas leyes o se anuncian nuevas disposiciones, pero todo sigue igual”. 

Al parecer, existe una franca disposición de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la actual Legislatura, para hacer efectivo el principio de ‘Parlamento Abierto’, para darle participación a la ciudadanía chihuahuense en los procesos legislativos.

De ser cierta esta postura, sería una forma para erradicar la deteriorada imagen del Congreso Local. Estaremos atentos…