GPS Dominical

domingo, 12 marzo 2023 | 05:00

Aun cuando efectivamente existen colectivos feministas considerados algo radicales quedó claro el ocho de marzo que ni siquiera tales grupos mostraron la furia exhibida por algunas decenas de mujeres a las que no interesó la conmemoración sino agredir por motivos eminentemente políticos.

No golpeaban con sus martillos, sus mazos; ni rasgaban con cutters, ni prendían fuego con sus encendedores; ni usaban el aerosol, en favor de la equidad de género, o de la no violencia contra las mujeres, sino contra sus opositores políticos o contra los que ellas consideran sus aliados hombres...o mujeres. Sin distinción.

Esos grupos se han venido infiltrando entre las miles, miles y miles de mujeres que asisten a defender la igualdad pero no para provocar más violencia sino para seguir exigiendo piso parejo con los varones, en todos los ámbitos, donde aún prevalece violencia y disparidad.

La mayoría rechaza destrozar los paraderos de transporte colectivo por donde van sus hijos todos los días a la escuela y/o a su trabajo, por la sencilla razón de que es la infraestructura básica más elemental que permite la movilidad en una ciudad de casi el millón de habitantes, que luce colapsada en sus principales arterias por los daños ocasionados.

Tampoco están de acuerdo con la agresión a las empresas que generan los empleos indispensables para hacer frente a las necesidades de subsistencia en un entorno complicado desde el punto de vista económico, con inflación como no habíamos visto en años, que trajo como consecuencia un encarecimiento de precios en algunos casos inauditos, como el de la tortilla.

Esas miles de mujeres, un número histórico para un ocho de marzo, no participaron masivamente en la destrucción de edificios históricos, con pintas que deben ser arrancadas con solventes que dañan la cantera, o la madera; menos buscaron prender fuego a los inmuebles, como vimos en videos e imágenes lo que ocurrió en Palacio de Gobierno, en su puerta principal y en ventanas.

Está lejos de haberse convertido la marcha –a todas luces legítima por derechos menoscabados a la mujer- en una orgía generalizada de destrucción masiva, sino más bien terminó en evidente abuso de la libertad de expresión y manifestación, con ejercicio anárquico de la protección que la fecha y su ideal ofrecen a unas pocas a quienes vimos causar los desmanes en una estela de destrucción de casi tres kilómetros sobre la avenida Universidad, donde los daños quedaron expuestos públicamente y son penosamente reparados poco a poco con cargo a las empresas y a los impuestos de los chihuahuenses.

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La estación Deza y Ulloa, de la cual tenemos imágenes, quedó cerrada por casi 48 horas al uso de los miles de pasajeros que por ella pasan. Los usuarios tenían que irse hasta el paradero del Seguro Social o el de la División del Norte y caminar un kilómetro o más a su destino.

Quedó inservible dicha instalación, no sólo por los vidrios rotos, -que ya de por sí representan un riesgo de caídas y lesión- sino porque con martillos fueron vandalizados los sistemas de cobro y funcionamiento.

Esas máquinas que permiten recargar saldo o verificar el mismo, y los torniquetes de control de acceso, quedaron totalmente inservibles, por lo que debieron ser sustituidos.

Todavía horas después de que pudo funcionar el paradero, hay evidencia de los destrozos. Los vidrios tuvieron que esperar, así como los restos de los mismos sobre la calle.

Aún en estos momentos pueden visualizarse los daños causados en los paraderos División del Norte, Sor Juana, Imss, Trébol y Fuentes Danzarinas, pero ninguna como Deza y Ulloa.

El destrozo y marca radical de unas y unos cuantos inició con puntualidad en la estatua de Francisco Villa; de ahí a la mueblería Gala; luego la funeraria Latinoamericana; la farmacia del Ichisal y enseguida la farmacia Guadalajara; El Diario de Chihuahua; Bancomer, etcétera. De ahí a Palacio, Rectoría, el ayuntamiento y la Torre Legislativa.

Poco a poco han sido reparadas las marcas indelebles del spray multicolor predominantemente morado, con señalamiento de personas como presuntos acosadores sexuales, violadores y feminicidas, que nada tienen que estar haciendo en las calles. 

Esos perjuicios materiales son nada -frente al dolor que embarga a las familias por la pérdida de un ser querido, o las lesiones por violencia sexual cometidas, que jamás podrán ser borradas ni calmadas- pero colocan en serios predicamentos a las empresas que luchan por sobrevivir tratando de reducir gastos para conservar empleos y pagar prestaciones. Pagaron ellos también por todos esos violentadores sexuales.

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Fue detenido German G.M. de 25 años como único responsable del acto vandálico ocurrido en Palacio de Gobierno, tras ser identificado mediante varios videos de manera principal uno de Tik Tok en el que acusaba al gobierno de engañar al hombre para abusar de la mujer, evidentemente bajo algún estado de excitación.

Vemos a Germán arrojando una piedra sobre uno de los ventanales que ardía con llamas hasta de un metro.

Pero no fue el único. Difundimos otro video tomado en la puerta de Palacio donde unas jóvenes enmascaradas, con muchísimo riesgo a su integridad, trataban de prender unos papeles con un encendedor, ayudadas por el spray de una lata de pintura a modo de lanzallamas.

A estas horas la autoridad ya debió determinar la responsabilidad de Germán por su intervención en los actos de vandalismo. 

No creemos que vaya a ir la Fiscalía por más participantes, aunque le asista la razón jurídica para ejercer acción penal y exista presión de los diversos sectores económicos y empresariales, y algún sector social, que exigen que los desmanes no queden impunes.

En el fondo lo que buscaban esas radicales era provocar una acción directa de la autoridad, para que interviniera con mayor fuerza y rigor la policía, en busca de la foto del tolete y el escudo sobre la humanidad de las jóvenes.

Tenemos imagen en nuestra edición digital de un contingente de agentes estatales mujeres listas desde temprana hora para intervenir. Había también en acuartelamiento más elementos varones y la posibilidad de acudir a la Guardia Nacional, que finalmente llegó cuando hubo fuego, y fue estrictamente indispensable la presencia.

La intención oficial fue no dar gusto con esas imágenes de represión que algunas buscaban, como corolario al ejercicio abusivo de manifestarse, por un derecho en el cual todos estamos de acuerdo, a una vida libre de violencia para las mujeres con mejores condiciones para su desarrollo pleno.

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Las mayorías se suman al 8M por reivindicación de los derechos de las mujeres. Están ahí las estadísticas de los crímenes cometidos en contra de ellas a lo largo de los años.

El año pasado Chihuahua fue el sexto lugar nacional con 39 víctimas; el 2021 ocupó el cuarto lugar, con 46 mujeres asesinadas por cuestión de género.

Hubo una reducción de feminicidios del 16 por ciento, pero el fenómeno está ahí y es lacerante, inaceptable.

Debe alzarse la voz en contra de estas y otras agresiones cometidas cotidianamente en contra de las mujeres, en el sector público y privado, incluso en el seno familiar. Es necesario e indispensable hacerlo.

La marcha 8M entonces encuentra toda la justificación, pero olvidan las radicales políticas que dentro de Rectoría cuyas paredes fueron rayoneadas y algún vidrio quebrado, había mujeres; lo mismo dentro de los periódicos y en el mismo Palacio de Gobierno. Ellas fueron paradójicamente violentadas por unas cuantas que desvirtuaron la voz y acción de miles que de manera legítima exigen sus derechos y no deben por ningún motivo ser acalladas.