Principio de progresividad en derechos humanos

PERISCOPIO

Armando Sepúlveda Sáenz
miércoles, 20 febrero 2019 | 02:16

En la colaboración previa, observaba que las medidas particulares que toma el Ejecutivo Federal en materia de asignación de recursos al programa de estancias infantiles, amén de todos los efectos sobre la operación de los centros de cuidado infantil, el menoscabo principal lo sufrían los derechos del sujeto. Perspectiva de derechos que generalmente se obvia en el análisis. Y sin embargo, es la base jurídica de la exigibilidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Es relevante recuperar una premisa fundamental y que los políticos en papel de mandatarios con frecuencia omiten: las niñas y niños que reciben servicios mediante los centros de atención financiados con el erario público, no tienen el carácter de beneficiarios (no entraña una relación del que generosamente otorga bienes o servicios a otro que recibe porque la voluntad unilateral del primero otorga el beneficio) sino de sujetos de derechos. Éstos reciben bienes y servicios porque el Estado los proporciona para satisfacer derechos del sujeto, se trata de obligaciones de aquel.
La fracción tercera del Artículo 1º. de la Carta Magna establece: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
De los cuatro principios señalados, los primeros tres son de orden general y el cuarto de aplicación. El principio de progresividad contemplado en los tratados internacionales refiere un mínimo, el proceso de progresión queda en poder de los Estados obligados.  Por tanto, las medidas que adopten deben ser  según la Observación General No. 3 del Comité  de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas: “deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones”. La jurisprudencia sobre el principio (tesis:1a./J. 85/2017) señala: “En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador  tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente”. Por consiguiente, el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar). “La progresividad implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. En el contexto, por progreso se entiende que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar”.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Hacienda Carlos Urzúa creen que en aras de ahorrar recursos es procedente por vía del poder administrativo que ostentan, cercenar los recursos destinados a atender los derechos de niñas y niños.
Cabe suponer que en virtud de las “fugas perversas de recursos” que caracterizan según ellos, el desempeño de las Estancias Infantiles, justifica por un lado el recorte de los recursos financieros a la mitad y por el otro que el contenido de las tareas desempeñadas por dichos centros de atención pueden ser suplidos por las abuelas (suponiendo que vivan, no trabajen, quieran o estén igualmente capacitadas para sustituir al personal especializado que labora en la atención integral de los infantes en dichos centros). No satisfechos con la reducción presupuestal están en la tesitura de aumentar el número de infantes al ampliar el segmento de atención a partir de dos años.
Por otra parte no es deleznable  la idea de entregar los recursos a los padres que hasta ahora estaban destinados al Programa, para que éstos los destinen a la estancia infantil de su preferencia. Lo cual no excluye la necesidad de aplicar todo el rigor de la ley a las personas que han participado en actos constitutivos de delito, por desviación de recursos que los contribuyentes proporcionamos al Gobierno Federal para su administración eficiente. El gobierno en turno, al igual que en su momento, aquellos que le precedieron están obligados a aplicar la Ley sin cortapisas.