Opinion

Pueblos indígenas en la política

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Francisco Flores Legarda

miércoles, 22 septiembre 2021 | 05:00

“El maestro de la alimentación es el ayuno.”

Jodorowsky

La política social, el bienestar, la calidad de vida y la pobreza, son algunos de los conceptos que se enmarcan en la teoría del desarrollo y que se han utilizado indistintamente; por un lado la política social es caracterizada como una herramienta para superar la pobreza, pero también para impulsar un cambio positivo en la vida de la población; por su parte bienestar y calidad de vida son elementos esenciales del desarrollo, entendidos éstos no como un medio, sino como un fin del desarrollo, no tan solo desde la perspectiva económica, sino desde un enfoque integral. Con este planteamiento teórico, la política social en el ámbito de los pueblos y comunidades indígenas, es conceptualizada como una herramienta que emplean los diversos actores sociales (Estado y sociedad civil organizada) no solamente para superar situaciones de pobreza, sino sobre todo para impulsar el desarrollo comunitario en las áreas de salud, educación, vivienda y servicios públicos. Ello corresponde a que por un lado el Estado es quien administra y distribuye los recursos de la sociedad, y por otra, la población al no encontrar una respuesta a sus problemas y necesidades sociales por parte del Estado, construye e impulsa sus propias alternativas de solución. Conforme a este razonamiento, el estudio de la política social y los pueblos indígenas parte de la tesis: “Se puede construir una política social desde la base, para las propias comunidades indígenas”. 

Para el caso México, es importante señalar que estos tres tipos de Estado han estado presentes; observables a través de los cambios que se fueron dando en la historia y que en cierta forma, fomentaron el crecimiento de un enorme aparato institucional, especialmente en el área de la salud, la educación y la asistencia social, que de acuerdo a los planteamientos de Esping-Andersen, el quehacer de las políticas públicas en los países subdesarrollados se relacionan principalmente con la pobreza , la cual Esping-Andersen clasifica en Modelos: Uno dominado por la asistencia social, otro de seguridad social obligatoria y un tercero denomina “socialdemocracia”. 

De los tres modelos planteados por Esping-Andersen, según Boltvinik , el que se ha promovido en nuestros países para combatir la pobreza extrema a partir de los años ochenta, es el primero: el residual o liberal, en el cual la asistencia social se otorga a quienes se encuentran en la situación de pobreza extrema y donde no existe la universalidad de los servicios sociales. Un dato que es importante acotar, es el aumento de la pobreza en México y en la mayor parte de los países de América Latina, como causa de esta son las constantes crisis económicas y sociales de una gravedad sin precedentes, que está llevando a grandes sectores de la población a un rápido empobrecimiento. Para contrarrestar este crecimiento de la pobreza, los gobiernos por recomendación del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional aplican a finales de los años setenta y principios de los ochenta medidas neoliberales, que en vez de aminorar la brecha entre pobres y ricos la ha aumentado más. 

No se puede hablar de política social, sin hablar de bienestar, calidad de vida, desarrollo y pobreza, pues la política social es vista como un fin para impulsar el desarrollo con bienestar y con calidad de vida en sus múltiples dimensiones, tanto objetivas, como subjetivas; no obstante hay autores que visualizan la política social, como una herramienta para combatir la pobreza. En esta disyuntiva la política social, es entendida como un conjunto de herramientas que emplea el Estado para impulsar el desarrollo de la sociedad, a través de elevar los niveles de vida de población en sus diferentes aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, que le permita a los habitantes de la sociedad vivir una vida digna, con calidad en sus múltiples dimensiones. 

Asimismo, es un proceso integral, donde se garantizan condiciones plenas de acceso a bienes y servicios otorgados por las instituciones públicas, que permiten elevar permanente y sistemáticamente el nivel y la calidad de vida del ser humano y el mejoramiento social de la población, en sus diferentes ámbitos y dimensiones estructurales. La política social que sea ha venido experimentando en los países latinoamericanos una reorientación conceptual, caracterizados por visión compensatoria, entendida como la acción de introducir medidas destinadas a amortiguar los costos sociales y políticos de los programas de ajuste estructural; selectividad y focalización, es decir, abandono de la pretensión de provisión universal y homogénea de servicios y beneficios, y concentración de los mismos en grupos-meta previamente definidos, especialmente en el marco de la priorización del combate a la pobreza; privatización de los servicios sociales y descentralización de los mismos a través de la transferencia total o parcial de la tarea social estatal a actores privados o estatales regionales y locales. 

Con base en ésta postura del desarrollo, la política social hacia los pueblos indígenas impulsa acciones de desarrollo comunitario, entendiendo éste como un proceso, donde los individuos son responsables de su propio desarrollo, con el apoyo de los grupos y la coordinación institucional; así también es caracterizado como un método social, por medio del cual, a través de las técnicas de promoción del hombre y de la movilización de los recursos institucionales, se pretende lograr una mejor y ordena utilización de estos recursos, en beneficio de la colectividad, orientado a obtener el pleno desarrollo de los hombres. En este contexto, la política social es entendida principalmente como “política”, es decir, como objeto y resultado de procesos de decisión política que ocurren dentro de las condiciones de un determinado estilo de desarrollo. 

Asimismo, han asignado a lo que resta de las políticas sociales usualmente presentadas como espacio de solidaridadcriterios y valores propios del mercado, del individualismo y de la competencia, contrarios a la cultura de los derechos universales propia de la utopía de la sociedad industrial, caracterizados en el Estado de Bienestar. El objetivo de los programas macroeconómicos neoliberal, de acuerdo a Coragggio , puede sintetizarse en desmantelar las estructuras centralizadas de política social, y crear un mercado de programas sociales donde múltiples iniciativas descentralizadas, compitan por recursos y clientes – beneficiarios. Pasando de una política orientada por la utopía liberal de derechos universales –donde todo ciudadano tendría derecho a servicios básicos según sus necesidades, y aportaría al fisco según ingresos- a una política de redistribución focalizada, donde lo universal es que todos deben pagar por los bienes y servicios que necesitan, provistos por empresas orientadas según criterios de lucro. En este proceso de construcción, cabe acotar los siguientes señalamientos; 

El Estado de Bienestar y el Estado Neoliberal existen, coexisten y se complementan; el primero (Estado de Bienestar) se resiste a dejar de financiar una política universal, en la que pobres y ricos tienen los mismos derechos a ser beneficiados por los servicios que otorgan las instituciones públicas en las áreas de salud, educación, asistencia social, vivienda, servicios públicos, entre otros, ya sea por la presión que ejercen los grupos sociales o por el interés político de grupo; el segundo (Estado Neoliberal), trata por un lado de incidir en las deficiencias que las instituciones públicas presentan; por otro, el sector privado busca aumentar su riqueza a través de la venta de bienes y servicios, captando para ello, a la población que cuenta con los recursos o que simplemente se muestra desalentada por la mala atención que prestan las instituciones públicas; en esta disyuntiva el Estado Neoliberal busca compensar y dar respuesta a las necesidades de la población en situación de desventaja, a través de programas focalizados. 

En el proceso, del paso de un Estado de Bienestar al Estado Neoliberal, existen muchas contradicciones, una de ellas, creo yo que es la más importante, hace referencia a la responsabilidad de un ente institucional, que deba asumir la tarea de reproducción de la fuerza de trabajo, que el mismo sistema capitalista requiere para su desarrollo. En esta vertiente analítica, cabria acotar los esfuerzos hechos por algunas organizaciones sociales, especialmente por su quehacer profesional, ya que la población al no encontrar respuesta en las instituciones públicas y no tener acceso a los servicios otorgados por el mercado, recuren a ellas para obtener los servicios y de esta forma solucionar sus problemas y necesidades. Sin duda alguna, la multiplicidad de experiencias de trabajo de diversas organizaciones tanto sociales como civiles, así como el trabajo de algunos gobiernos de izquierda, como la participación directa de la población en ciertas localidades, han tenido un papel importante en los últimos años, en este proceso de construcción de una alternativa diferente, sobre todo por la pérdida de las funciones Estado, el desmantelamiento del modelo centrado en la acción gubernamental y por el agotamiento del Estado neoliberal. En esta disyuntiva, el Estado a su vez trata de recuperar las capacidades en términos de reorientación y de limitación de objetivos que se plantea como imposibles, sin la participación de la sociedad civil, con los otros actores sociales, no solamente con los organismos políticos, sino con el conjunto de actores que están en la esfera de lo social. Es decir, cuando el Estado se ha retirado de algunas funciones, ha creado un espacio (campo social) que está buscando ocupar la sociedad civil, mediante la ejecución de una política de corresponsabilidad no solamente con las organizaciones políticas, sino con el conjunto de actores, desde las comunidades de expertos hasta aquellos individuos que están organizados en grupos, asociaciones y movimientos sociales, reconociendo su autonomía. Como una medida contraria a las disposiciones de los organismos internacionales, se plantea propuesta desde el tercer sector, es decir, con la participación de la sociedad civil organizada, tales como: el modelo de otra economía centrada en el trabajo, modelo emergente, modelo de políticas alternativas a la sociedad del trabajo, modelo de desarrollo alternativo para la sociedad y el modelo de política social “Matriz San Lugo”. Abreviando, podemos decir, que el Estado es una institución que hace referencia a un tipo de organización política, la cual está determinada por el modo de producción capitalista prevaleciente de esta época, con pleno ejercicio del poder en una entidad territorial establecida y dinamizada por los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales; con plena capacidad para instrumentar una infraestructura administrativa, financiera, militar y diplomática que facilite la aplicación de las leyes y los programas de desarrollo en coordinación con los diversos sectores sociales, bajo un modelo de política social que tenga como referencia la participación de la población en la toma de decisiones en un ambiente de democracia plena. 

En esta lógica neoliberal, es importante observar el fuerte impulso que se hace a los procesos de participación, ya que los organismos internacionales demandan programas y proyectos con participación plena de los sectores sociales, en especial de los llamados vulnerables y que se debaten en la pobreza extrema; no obstante su llamado se queda en el discurso de los gobiernos de América Latina, quienes se mofan al reconocer crecientemente la participación como una estrategia esencial para abatir el rezago y la pobreza; acción del Estado que demuestra escasos avances en cuanto a la ejecución efectiva de programas con altos niveles de participación comunitaria, debido a que estos son muy reducidos. También son usuales los programas en donde se hacen fuertes apelativos a que se trate de programas participativos, cuando en realidad hay un mínimo contenido real de intervención comunitaria en la toma de decisiones. El discurso dice sí a la participación, pero los hechos con frecuencia dicen no.  En este proceso, el discurso a favor de la participación es generalizado pero los hechos no. En realidad el discurso no ha sido acompañado por procesos serios y sistemáticos de implementación. 

Esa distancia entre discurso y hechos tiene entre sus causas principales la presencia silenciosa de bloqueos considerables dentro del mismo gobierno, y en sectores poderosos de la sociedad, al avance de la participación vista como fuente de disminución del control social asociado al poder formal. Desde éste enfoque, toda participación adquiere un matiz ideológico; la población busca asumir un compromiso histórico para tomar parte en el poder y es una de las primeras propuestas surgida para reducir el conflicto entre gobernantes y gobernados. Así, queda claro que la participación es un recurso, no un recurso instrumental, sino un recurso político, es decir, está referido al poder y su ejercicio en la gestión de los asuntos públicos. Así la participación vista desde el referente gubernamental mantiene su carácter de recurso para manejar las tensiones de forma democrática, pues el debate abierto contribuye a hacer aceptables las propuestas y programas del gobierno, a mejorar tales programas y propuestas; y a validar y legitimar la idea gubernamental. 

El estudio encontró que tanto las autoridades y pobladores indígenas creen que la asamblea comunitaria juega un papel determinante en los procesos de desarrollo, debido a que ésta, tal como lo afirma Lourdes C. Pacheco promueve la participación y la toma de decisiones, como dos elementos indiscutibles y necesarios para el desarrollo; 5 es decir, la asamblea es visualizadas como un espacio para el análisis y la discusión de los problemas y necesidades que afectan el desarrollo comunitario, y que mediante la toma de decisiones en consenso, se determinan las alternativas, los responsables y las directrices a seguir, a través del voto libre, secreto y directo. Sin embargo, es importante señalar que la asamblea también es considerada como un espacio para ratificar acuerdos, previamente discutidos en grupo, que tienen intereses particulares y no comunitarios, es decir, se recurre a la asamblea, como una medida para legitimar su propio interés y no aquellos de carácter colectivo, generando en algunos casos, conflictos al interior de las comunidades, como conflictos intercomunitarios. 

Por su parte, los comités comunitarios, son espacios en los cuales se promueve y se impulsa la participación de la población; donde el servicio que otorgan los habitantes indígenas se transcribe en mano de obra, especie o en dinero, y donde la acción social se aduce en actividades y tareas concretas, en beneficio de la colectividad y el desarrollo comunitario. La organización y número de comités, surgen no por el obsesión de las autoridades (delegado municipal), sino más bien de las propias necesidades vertidas en asamblea, como de los recursos tanto humanos y técnicos que se tengan en las comunidades. 

En éste espacio, los habitantes indígenas participan de acuerdo a sus capacidades, conocimientos y habilidades, tratando de situar a cada quien en el lugar adecuado, bajo un sistema de competencias y responsabilidades, donde la experiencia tiene un papel fundamental; es decir, no se puede poner al campanero al frente de un comité de obras, cuando en la comunidad se cuenta con la presencia de ingenieros civiles. 

Por su parte las faenas comunitarias, son espacios concretos de participación colectiva, en las que interviene hombres y mujeres de 14 a 60 años de edad; donde las actividades y tareas se cristianizan en obras de beneficio público, como son: abrir calles, pavimentar, barrer, hacer guarniciones, instalar drenaje, pintar y edificar espacios públicos, organizar festividades cívicas y religiosas, diseñar y ejecutar proyectos productivos y culturales, etc., Actividades en las que debe participar toda la población, tanto de los que se encuentran en la comunidad, como de aquellos habitantes que viven fuera de la comunidad, ya sea por su situación de migrantes, o porque realizan actividades educativas fuera de su comunidad. No obstante deberán pagar una cuota o asignar algún familiar en su lugar para que la actividad se cumpla. La faena, es catalogada como espacio de participación que permite la interacción y convivencia de los habitantes, y que mediante la suma de esfuerzos, conocimientos y habilidades se construye el bien común; en este sentido la “faena” representa un espacio donde la acción comunitaria se concretiza en forma inmediata en un servicio social para mejorar la calidad de vida de la población, ya sea a través de la instalación de tubería para el agua potable, pavimentar una calle, construir un edifico o simplemente dar mantenimiento a las instalaciones educativas, etc.. 

En el caso del Alto Mezquital, es importante observar que las comunidades Hñahñu tienen un sistema de organización, basado en la organización comunal (asamblea, comités y faena) y en el trabajo colectivo (faena); asimismo, poseen un sistema de cargos para impulsar las fiestas y tradiciones. En esta lógica, la razón misma de la organización social, está determinada por metas y objetivos a alcanzar; es decir, por una imagen objetivo construida en forma colectiva, la cual se concretiza con la participación y con organización 9 de la población. Sin el binomio “participación – organización”, prácticamente sería imposible llegar alcanzar determinados metas y objetivos planteados por algún grupo o comunidad. Con base a ésta vertiente, podemos decir, que la organización social y política, los sistemas normativos propios y todas las expresiones culturales, que los pueblos y comunidades indígenas poseen, son elementos constitutivos de los pueblos y parte de la autonomía que cotidianamente se ejerce. 

Si bien en los países desarrollados las organizaciones sociales surgen como una forma de iniciativa, para incidir en la vida social y en la organización de la sociedad civil; en los países como México, las organizaciones sociales, surgen como una respuesta a la falta de credibilidad hacia el corporativismo mexicano, y ante la falta de respuestas del Estado a las demandas de los diversos grupos sociales, lo cual da lugar a organizaciones integradas por pequeños grupos con demandas específicas y comunes como la vivienda, ecología, empleo, feminismo, derechos humanos, atención a jóvenes, grupos de la tercera edad, etc. Asimismo, se observa que las organizaciones sociales, empiezan a ocupar los espacios abandonados por los partidos políticos y por el Estado. Definir a las organizaciones sociales en México es un reto importante, debido a que existen conglomerados, asociaciones y movimientos múltiples que tienen objetivos y estructuras diferentes, y todas éstas se denominan organizaciones sociales. Contrario a este tipo de proceso organizativo; los pueblos y las comunidades indígenas tienen sus propios mecanismos asociativos para solucionar problemas y necesidades, las cuales bien entran en el concepto de organización social. 

Está problemática para situar las experiencias de organización de los pueblos y comunidades indígenas en un constructo suelen ser complicadas, ya que existen pocos referentes teóricos que aborden dicha problemática. No obstante para la definición de la organización social comunitaria, es fundamental tomar como eje la participación social, debido a que este concepto adquiere un rasgo y una particularidad, tanto en los procesos, sus formas, como en su intencionalidad, representada por el desarrollo comunitario. 10 Conclusiones La política social que se ha aplicado a los pueblos indígenas de México, entre ellos los Hñahñu del Ato Mezquital, desde los años 40 hasta los años 80, se sujeta a una política indigenista de integración, la cual se institucionalizó y se convirtió en política del Estado Mexicano a partir de 1940, y desde esa fecha buscó integrar a los pueblos indígenas al sistema capitalista, mediante la aplicación de diversas estrategias, enmarcadas en las teorías: Evolucionista, Funcionalismo y Relativismo Cultural. La política social que el Estado ha propuesto para los pueblos y comunidades indígenas en estos dos últimos sexenios (Zedillo y Fox), se enfoca a dar continuidad a los programas y proyectos establecidos por la administración de Carlos Salinas de Gortari; es decir, la aplicación de una política social, con carácter de asistencia social, al que EspingAndersen llama modelo “liberal” o residual, donde los individuos en situación de pobreza extrema, son atendidos por el Estado neoliberal, a través de una política de focalización; lineamientos y metas recomendadas por el Banco Mundial, y establecidas en los programas de: Solidaridad, Progresa, Oportunidades. Sin duda los programas y proyectos que impulsan las autoridades institucionales, como una medida para abatir la pobreza y la marginación de los pueblos y comunidades indígenas, se complementan con las acciones que realizan los habitantes, a través de sus propias estrategias de organización y participación social; en aras de impulsar el desarrollo comunitario.

Ambos procesos se enriquecen, pero en cierto sentido, también se contraponen, ya sea por las posturas, los intereses y las perspectivas de los actores sociales que interactúan en el él. Con base a estos elemento, considero que sí se puede construir una política social indígena desde las propias bases de los pueblos indígenas, ya que estos grupos tienen diversas formas de organización y participación social, en las que se discuten, analizan y resuelven sus propias problemáticas y que no ha sido tomada en cuenta por los planificadores; que sin duda alguna hace falta apoyo económico y técnico sí, pero el Estado a través de su aparto institucional, debe plantear respuestas de solución a dichos requerimientos, ya que es su función, como administrador de los recursos nacionales, y 11 en eso creo que en eso se está fallando, ya que no hay una distribución equitativa de la riqueza. 

Para ello, se requiere en primera instancia partir de un Estado estratega, cuyo objetivo no sea otro que el desarrollo y un compromiso básico con la democracia, bajo la premisa de que no está solo, ya que hay otros actores y el surgimiento de nuevos actores sociales; es decir, la sociedad civil organizada quien también contribuye a planteamiento de soluciones y alternativas para el desarrollo, por lo que los nuevos gobiernos con perfil de izquierda, deben asumir una lógica de un gobierno que reconozca la capacidad estratégica de la población, en la población y que se relaciona con el desarrollo, visión que ambos tienen y que es reintroducido por la práctica constante de las organizaciones no gubernamentales, mediante el establecimiento de un contrato social.

Salud y larga vida

Profesor por Oposicion de la Facultad de Derecho de la UACH

@profesor_F