Opinion
Periscopio

Qué hacer frente a la sequía (2 de 2)

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Armando Sepúlveda Sáenz

sábado, 29 mayo 2021 | 05:00

En nuestra columna previa sobre el tema, establecimos, conforme a las mediciones que brinda el monitor de sequía en México, que la totalidad del estado de Chihuahua se encuentra en sequía. El 27.2 % del área está en sequía moderada (D2); 56.2 % se encuentra en sequía severa (D3); el 14.2 del área estatal se ubica en sequía extrema (D3) y el 2.4 % están en   sequía excepcional (D4); en el área D4 se encuentran cinco municipios, a saber: Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Ojinaga; todos en la frontera con Estados Unidos, pero en continuidad con la sequía presente al “otro lado”. Lo sabemos porque la metodología e indicadores son los mismos para aquel país que para el nuestro. El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de detectar el estado actual y la evolución de este fenómeno. 

La percepción sensible lleva a considerar el fenómeno de la sequía y sus consecuencias, como una contingencia recurrente y a considerar las medidas para enfrentarla, aislando el fenómeno y atendiendo a medidas de emergencia inmediatas y de corto plazo. Por ejemplo, restringiendo el uso de agua disponible en presas para cultivos y usos pecuarios, imponiendo vedas a la extracción del agua subterránea o reduciendo la relativa a los usos domésticos, comerciales e industriales. 

Las condiciones de clima, suelos, orografía, flora endémica, precipitación pluvial, vientos, entre otras, acarrean en condiciones de sequía, un agravamiento de los procesos de pérdida de la capa vegetal, arrastre de suelos orgánicos, déficit en la filtración hidráulica al subsuelo. El clima semidesértico y la pobre calidad de los suelos son condiciones ancestrales, así que la lucha contra la deforestación y desertificación debiera haber ocurrido de siempre en la escala social. Descubrir la necesidad de encarar los problemas hoy, habla claramente de la supina inconsciencia política de las administraciones estatales y federales precedentes –aunque para el caso de la federal actual es una vocación permanente--. A esto se suman la displicente actitud de los productores agropecuarios y forestales, entre los cuales destacan aquellos que depredan con sus prácticas de riego los mantos freáticos en gran medida extrayendo agua fósil, que es imposible de reponer dadas las condiciones reseñadas, y aquellos que desperdician las magras existencias de agua en las presas. A esto se agregan las conductas de uso urbano del agua que implican un gran desperdicio del recurso proveído. Sin embargo, respecto a la totalidad del recurso hidráulico es prácticamente irrelevante en condiciones normales (menos del 20%), en tanto que en condiciones de sequía el volumen que asimilarán las actividades agropecuarias puede aumentar hasta 90%.

La desestabilización de los sistemas ecológicos no se presenta de forma homogénea en toda la superficie estatal. Hay microclimas, con precipitaciones más abundantes, aunque igualmente erráticas que cuentan con suelos con características más fértiles, éstos pequeños lunares son pocos y de dimensiones escasas. La sequía acelera la fragilidad de los sistemas agroclimatológicos principalmente en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. 

En resumen, las “zonas afectadas” muestran una gran heterogeneidad en cuanto a su gravedad, pero en general el estado de Chihuahua sufre afectación en cuanto proceso de deforestación y desertificación. 

Afortunadamente el marco normativo internacional contiene instrumentos valiosos en el reconocimiento de los problemas referidos y qué hacer frente a ellos. Sólo se citan los más relevantes e instrumentales: Programa 21, es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el medio ambiente. Agenda 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques fue firmada por más de 178 países en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil entre el 3 y el 14 de junio de 1992. En particular es relevante para nuestro país la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países Afectados por la Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África (1994), ratificado por México.

Conforme a este Tratado, se entiende por “lucha contra la desertificación” las actividades que forman parte de un aprovechamiento integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas para el desarrollo sostenible y que tienen por objeto:  • la prevención o la reducción de la degradación de las tierras, • la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas, y • la recuperación de tierras desertificadas; cabe puntualizar que por tierra se entiende. por “tierra” el sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biota y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema; por “mitigación de los efectos de la sequía” se entiende las actividades relativas al pronóstico de la sequía y encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los sistemas naturales a la sequía en cuanto se relaciona con la lucha contra la desertificación.

La Convención establece cuatro principios que los países deben atender: a) las Partes deben garantizar que las decisiones relativas a la elaboración y ejecución de programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía se adopten con la participación de la población y de las comunidades locales y que, a niveles  superiores, se cree un entorno propicio que facilite la adopción de medidas a los niveles  nacional y local; (b) las Partes, en un espíritu de solidaridad y asociación internacionales, deben mejorar la cooperación y la coordinación a nivel subregional, regional e internacional, y encauzar mejor  los recursos financieros, humanos, de organización y técnicos adonde se necesiten;  (c) las Partes deben fomentar, en un espíritu de asociación, la cooperación a todos los niveles  del gobierno, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los usuarios de la  tierra, a fin de que se comprenda mejor el carácter y el valor de los recursos de tierras y de  los escasos recursos hídricos en las zonas afectadas y promover el uso sostenible de dichos recursos; y (d) las Partes deben tener plenamente en cuenta las necesidades y las circunstancias especiales de los países en desarrollo afectados que son Partes, en particular los países menos adelantados. La Convención también es prolija en la especificación de programas y acciones.

En suma, se requiere como material básico para la definición de la diversidad problemática, información objetiva, relevante y suficiente para sustentar la definición de medidas específicas a considerar en las políticas públicas, que atiendan a los problemas reales, desde la concienciación hasta la recuperación de tierras, pasando por el uso racional y responsable del recurso hidráulico.