La Columna de El Diario

domingo, 24 febrero 2019 | 01:56

La decisión presidencial de eliminar las estancias infantiles no es menor. Sigue el estruendo por todo el territorio nacional debido a la fuerte carga de incongruencia, superficialidad caprichosa e inocultable interés político electoral que conlleva esa operación que algunos han calificado como “la operación ganso contra los niños”.

Afecta la decisión a dos grupos vulnerables cuya protección se supone era prioridad de la Cuarta Transformación: niños menores de cuatro y cinco años con alguna discapacidad, así como madres trabajadoras de estrato poblacional humilde.

En el fondo subyace un supuesto combate a la corrupción, pero sin mostrar prueba alguna, más que generalidades, y la intención de desarticular una presumible base electoral armada por el PAN para sustituirla lamentablemente, por otra mediante el subsidio directo sin intermediarios.

Se condena a más de 300 mil niños en todo el país a deambular con parientes, los llevados y traídos abuelitos, o con vecinos, en condiciones inadecuadas de atención, educación, salud e higiene.

Y más que ello, desmantela un sistema supervisado de más de nueve mil estancias de cuidado, donde intervenían cuando menos tres instancias, DIF Nacional, Salud y Sedesol, para vigilar y revisar el funcionamiento, que hasta donde sabemos era normal, pero que se ha estigmatizado a raíz del grave suceso de la guardería ABC.

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Para colmo, la Presidencia de la República y sus funcionarios morenistas empiezan a desgranar el equipo que desde la campaña trabajó por el triunfo y que ahora es vilipendiada.

Clara Torres, quien era la responsable del sistema de estancias auspiciado desde la Secretaría de Desarrollo Social, con una amplia trayectoria en el cuidado infantil, es la primera en aceptar que había corrupción y situaciones que debían atacarse, pero que no son la generalidad ni involucraban a los responsables de las estancias. Eran delegados y otros funcionarios los que buscaban sacar provecho indebido.

Nada menos que Clara siguió ayer con su causa pero ahora de la mano de sus antiguos amigos panistas, la alcaldesa de Chihuahua Maru Campos y sus operadores. En Juárez su apoyo a las estancias tiene al menos una década. Ha dicho acá el alcalde independiente que su respaldo a las guarderías es con todo”.

Nada pudo sacar de la cabeza a López Obrador que había irregularidades “sumamente graves y una red de corrupción”. Es lo que en este momento quiere escuchar.

Y Ariadna Montiel, la subsecretaria del Bienestar Social, sólo alimentó, en el susurro al oído, la desinformación existente y le agregó un toque personal de malicia, al señalar nexos con un sacerdote pederasta.

Pese al ataque, del cual Clara ha pedido rectificación, no ha cesado en su empeño de señalar como un error la decisión.

Otra figura, Lía Limón, hace lo propio en medios nacionales. Ella fue la fundadora del programa en el gobierno de Vicente Fox.  

Es insistente en que las estancias no son guarderías o bodegas de niños y niñas, son lugares con personal calificado en atención integral a los menores, por ejemplo, detecta a muy temprana edad posibles discapacidades, para lo cual se tiene un certificado oficial.

Para Lía, sin el recurso directo de Sedesol, las estancias están condenadas al fracaso, sin un real sustento o motivo claro que justifique su eliminación.

No son sólo ellas. En Palacio Nacional las manifestaciones son cotidianas, del personal de estancias que exigen el regreso del programa. Ya se interpusieron los primeros amparos colectivos.

En Juárez ya no hay acciones de protesta. Las que estaban programadas para la próxima visita del presidente en marzo se cancelaron.

Han decidido constituirse en estancias infantiles particulares, pero sin el apoyo oficial, el precio del servicio aumentará considerablemente, con un detalle adicional.

Temen la persecución posterior del gobierno de López Obrador. Nada más Cofepris, el órgano sanitario dependiente de la Secretaría de Salud, puede clausurarlas bajo cualquier pretexto. No se diga el DIF Nacional o la Sedesol.  

Los responsables de las estancias están atrapados en una arbitrariedad que arrojará a la basura el esfuerzo para constituir y sostener más de 245 estancias en el estado de Chihuahua, que siempre funcionaron, igual que el resto, en el estándar, sin mayor irregularidad.

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Con un horario de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, las estancias se acomodaban al horario de las madres y padres trabajadores, que en general muestran un alto nivel de satisfacción con el servicio.

Un reporte del 2008 por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, basado en una encuesta a beneficiarias y beneficiarios del programa, nos habla de satisfacciones de muy bueno a bueno del 98 por ciento en cuanto al desempeño en hábitos de salud; 98 en trato amable; 97 en dos comidas calientes; 97 en actividades lúdicas; 94 en vigilancia de vacunas; 95 en atención. El único punto bajo era la atención médica, que era del 66 por ciento.

Como resultado de lo anterior, los padres consideran que los niños mejoraron en su independencia y autocuidado en un 96; hábitos sociales, 95 y lenguaje, 95. Del resto, sólo un uno por ciento empeoró, y el resto continuaban igual como llegaron.

Es decir, había resultados tanto en el desempeño de las estancias infantiles como en la satisfacción de los padres de familia.

Pero ¿quiénes son esos padres de familia?

Más de 200 mil se ubican en una situación económica de marginación baja y muy baja.

El 70 por ciento de quienes llevaban sus hijos a las estancias carecen de seguridad social, y por lo mismo su servicio médico se limita al Seguro Popular.  

Antes de llevar a sus hijos a la estancia sólo un tercio trabajaba; hoy han mejorado su calidad de vida casi en un 100 por ciento al obtener un empleo, porque tienen quien cuide a sus hijos.

Han mejorado su salario hasta en un 30 por ciento. Hay beneficios.

¿Y los responsables de las estancias?

Son personas emprendedoras que se han especializado en el cuidado infantil, son maestras o educadoras, que tienen que pasar por un procedimiento de certificación oficial y después de ello, estar bajo supervisión permanente.  

¿Por qué entonces cancelar el proyecto si los resultados son benéficos?

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El argumento central es la corrupción. Se detectaron irregularidades en cerca de 300 estancias, donde había listados de niños inexistentes para cobrar el subsidio, que es indispensable porque representa el 70 por ciento de los ingresos.

Pero no hay más. No hay casos concretos, ni denuncias, ni señalamientos públicos. La decisión presidencial se basa en líneas generales: Cero corrupción y no intermediarios en la distribución de los recursos.

Que el dinero lo usen las madres o padres de familia con las estancias, o con un pariente que cuide a los niños.

Se olvidan de que cuidar a los niños no es tarea superficial. Se había profesionalizado mediante un sistema regulado que hoy se desmantela.

Condenar a las estancias a privatizarse no es tan simple. La regulación estatal y federal estará encima de ellas, con un ingrediente adicional de polarización, de buscar cualquier pretexto para clausurar y sancionar.

Por eso la simple expresión de Montiel en relación con la palabra pederastia utilizada para denostar es una señal de alerta e intolerancia. De desprestigiar y difamar.

Es grave que se coloque ese tema tan sensible sobre la mesa en contra de quien sería la responsable del programa y que renuncia ante su desaparición oficial.

De quien antes era una aliada, les consiguió votos, y hoy es defenestrada.

Pero, además, se agrede directamente a población en estado de indefensión, que recibirá unos cuantos pesos al mes, y que con ellos atenderá otras necesidades y no las de sus hijos en una estancia adecuada.

Será más fácil prender la tele y dejarlos frente a la caja idiota, en compañía de un hermanito o hermanita, el abuelo, un vecino. 300 mil niños en esas condiciones.

Le están torciendo el cuello, no al cisne, sino al ganso.