Opinion
Periscopio

Resoluciones de la SCJN y derechos de la mujer

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Armando Sepúlveda Sáenz

miércoles, 29 septiembre 2021 | 05:00

La semana previa la SCJN alcanzó varias resoluciones que afectan el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que han provocado malestar de ciertos grupos con ópticas vinculadas a credos religiosos, y el júbilo de grupos feministas que de largo tiempo han enarbolado los derechos en cuestión como razón de movilización. De entrada, las resoluciones levantan enconados desacuerdos que alcanzan al ámbito público

En este espacio se realizan análisis a partir del enfoque de derechos humanos, por dos razones fundamentales, porque los derechos son derechos humanos universales asumidos por el Estado mexicano y segundo, porque sustentan la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales que le dan valor a las instituciones democráticas.

Los acuerdos del Supremo Tribunal se refieren a tres asuntos que significan indicaciones al Poder Legislativo para asumir y/o subsanar vacíos o contradicciones en la Legislación federal y en las locales. En el primero de los casos, de acuerdo a su secuencia cronológica, la Corte reconoció la existencia de un derecho a la interrupción del embarazo, conforme al cual el Estado no puede criminalizar a las mujeres que decidan abortar; en el segundo, se determinó que los estados no pueden reconocer un derecho a la vida desde la concepción, en virtud de que no les corresponde definir el concepto de persona titular de derechos humanos y porque al hacerlo viola el derecho de las mujeres a decidir; y en el tercero, se resolvió que la objeción de conciencia en el ámbito médico debe ser cuidadosamente regulada para que su ejercicio no produzca violaciones del derecho a la salud, particularmente la reproductiva y sexual.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (aborto voluntario), tiene dos vertientes. La negativa, corresponde a la abstención del Estado, consistente en la incapacidad de éste para criminalizar a las mujeres que deciden abortar; pero a juicio de la Corte también tiene una dimensión prestacional, que corresponde al deber que el Estado tiene de proveer las condiciones para que los abortos sean dignos, accesibles, seguros e igualitarios. A este fallo arribó la Corte a partir del análisis de las disposiciones del Código Penal del Estado de Coahuila. Con base en el engrose de las resoluciones, habrá que volver a considerar el análisis. 

Ahora bien, ¿por qué la objeción de conciencia prevista en la Ley General de Salud pone en riesgo la posibilidad de ejercicio del derecho a suspender el embarazo? Según el presidente de la Corte, el derecho a la objeción de conciencia en la forma en que está previsto en la ley tiene un impacto desproporcionado sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; en consecuencia, al pleno de la Corte “nos obligaba a mandar un mensaje claro de que debe desterrarse, de una vez por todas, la violencia institucional de género a la que cotidianamente se ven sometidas las mujeres que deciden poner fin a un embarazo no deseado”.

En congruencia la Corte resolvió invalidar el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que otorgaba al personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud el derecho a ejercer la objeción de conciencia, en condiciones claramente especificadas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y otros propios de diversas condiciones de salud de pacientes, sin menoscabar el correspondiente al personal médico; deficiencia que hasta ahora subsiste en el artículo citado.

En efecto, la Corte sostuvo que la objeción es un derecho derivado de la libertad religiosa y de conciencia, pero que de ninguna manera constituye un derecho absoluto ni ilimitado que pueda ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier modalidad. La forma amplia y genérica en que la Ley General de Salud preveía la objeción de conciencia, sin una regulación detallada que asegurara la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud, generaba una situación de inseguridad jurídica incompatible con el goce de los derechos de las y los pacientes.

Por la relevancia del contenido del artículo publicado el día de ayer en el periódico Milenio, por el ministro presidente de la Corte, se citan textualmente algunas de sus afirmaciones: “Hay que recordar que, en todas partes del mundo, el reconocimiento de ciertos derechos como los reproductivos y sexuales o los de las minorías sexuales se ha topado con reacciones de sectores de la sociedad que abiertamente se oponen a que las personas los ejerzan libremente. Una de las vías a través de las cuales se ha buscado obstaculizarlos es, precisamente, la objeción de conciencia.

Mantener vigente un derecho a la objeción de conciencia tan amplio y carente de salvaguardas como el que preveía la Ley General de Salud hubiera menoscabado por completo la eficacia del derecho a la interrupción del embarazo. Hubiera dejado la puerta abierta para que desde el Estado se siguieran imponiendo a las mujeres embarazos no deseados. Hubiera sido mantener en pie las estructuras arraigadas que estigmatizan, castigan y humillan a las mujeres que eligen abortar.

Ciertamente, el aborto no es el único caso en el que puede ejercerse la objeción de conciencia, pero los jueces constitucionales no resolvemos con los ojos vendados frente a la realidad. Es nuestro deber identificar las desigualdades y los desequilibrios de poder que dan sustento a la discriminación y la injusticia en nuestra sociedad. El impacto desproporcionado que tiene la objeción de conciencia en el goce de los derechos reproductivos y sexuales nos obligaba a mandar un mensaje claro de que debe desterrarse, de una vez por todas, la violencia institucional de género a la que cotidianamente se ven sometidas las mujeres que deciden poner fin a un embarazo no deseado”.

Queda pendiente analizar las implicaciones de los fallos de la Corte sobre las potestades de los legislativos federal y locales en cuanto los cambios legales a que hay menester para hacer procedentes las resoluciones de la Corte.