Opinion

Responsabilidades. Las de Corral y las de AMLO

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Luis Javier Valero Flores

domingo, 27 septiembre 2020 | 05:00

Hay de responsabilidades a responsabilidades, máxime en nuestro país en el que el presidente de la república tiene un peso mayor, y no sólo por las facultades constitucionales que posee, sino por la enorme influencia que ejerce sobre la mayoría de la población.

Además, el primer mandatario mexicano posee inmensas atribuciones legales, especialmente las derivadas del ejercicio del presupuesto federal.

Y si ese peso tiene quien ocupe la silla principal de Palacio Nacional, más lo tiene quien llegó a ella con el apoyo de más de la mitad de los votantes en 2018, a la cabeza de un vasto movimiento político-electoral.

Andrés Manuel llegó a la presidencia encarnando un extendido y profundo sentimiento de esperanza.

Hoy, a pasos cada vez más crecientes, grupos de mexicanos se suman a quienes se han desencantado de su gestión.

No les faltan razones, así haya numerosas acciones y conductas gubernamentales merecedoras de reconocimientos, crecen los asuntos en los que se advierten serias equivocaciones, con gravísimas consecuencias.

Si alguien debe aportar mesura en el país, es el presidente. 

Lo que hace López Obrador es precisamente lo contrario. Todos los días se confronta con alguien, con algún movimiento, alguna organización, o grupos de ciudadanos; permanentemente con sus críticos.

No son pocas las ocasiones en las que exhibe su desconocimiento de temas que, por otra parte, no está obligado a saberlos en el detalle.

Por encima de todo lo anterior, prevalecen la terquedad del presidente, su persistencia a creer que tiene razón, siempre; a que no se equivoca y a que todos los que se le oponen o contradicen, o están completamente equivocados, o forman parte de los sectores “conservadores” o “fifís” y a sostener que todo lo efectuado en el pasado, antes de su llegada al poder, estuvo mal, que nada fue para bien.

¡Ah, y cuando se equivoca, jamás lo reconoce!

El problema del agua de las presas de Chihuahua y el cumplimiento del Tratado de Aguas y Límites del ’44 (TILA) es uno de ellos.

¿Qué mejor reconocimiento de su equivocación es la de las renuncias -seguramente exigidas por él- de los 6 mandos principales de la Conagua?

¿Qué mejor prueba de su empecinamiento que sostener en el cargo a la directora, Blanca Jiménez, la misma que, frente a sus ojos, calló ante los increíbles e inaceptables argumentos del subsecretario de Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, que “armó” una tremenda, gigantesca acusación en contra de distintos actores sociales, políticos y empresariales, como argumentación para sustentar que el conflicto es el resultado de un inmenso complot armado por el PAN, -como dijo el presidente- que llegaba hasta la Conagua, que no observaron, ni la directora, ni el acucioso Mejía?

Ante la nariz de Blanca Jiménez, Mejía desplegó la información del acaparamiento del agua por una serie de productores, “ricos nogaleros”, pero en las imágenes proyectadas se les ubicaba como propietarios de ¡“concesiones de pozos”, ubicados en la zona de Jiménez!

¿No pudieron ponerse de acuerdo, y la directora informarle al subsecretario Mejía que el motivo del actual conflicto no son las aguas subterráneas de los pozos, sino las aguas superficiales del río Conchos?

Ante el agravamiento del problema, AMLO optó por hacer renunciar a seis subdirectores nacionales y mantener a la directora, quien fue la que los nombró y tuvo bajo su mando a lo largo de casi dos años y solo hasta ahora se dan cuenta que tienen al caballo de Troya bien adentro, pues dijo el presidente que la Conagua estaba “tomada por el PAN”.

¿Será? Entre los “renunciados” se encontraba Celia Maya García, quien había sido una de las propuestas del presidente para ser ministra de la Suprema Corte.

Pero antes de que el país reaccionara ante lo que es una auténtica declaración del fracaso de su gobierno en el manejo del agua y del Tratado, se sacó de la manga un auténtico distractor. 

Trajo al subsecretario de Protección Ciudadana y lo que el país presenció es una de las ocasiones en las que desde el poder más se violenta el estado de derecho.

No, el conflicto no lo originó “el PAN”, como sostiene el presidente. 

Lo originaron los funcionarios “renunciados” y su jefa, al grito de que Trump exigiría a como diera lugar el cumplimiento del TILA, y a que no le informaron que el mismo tratado ofrece alternativas de pago, las que Blanca Jiménez dio a conocer, sólo hasta hace unos días, cuando el conflicto había escalado a las áreas de seguridad pública, de seguridad nacional, de la economía nacional, de las relaciones con la industria maquiladora y con la muerte de una chihuahuense y la creación de un exacerbado ánimo social en una vasta región de Chihuahua.

Además, de una, además de inaceptable, inútil confrontación entre el presidente y el gobernador Corral.

Y claro que tiene responsabilidad el gobernador Corral en el crecimiento del conflicto. 

Puede que no haya firmado el acuerdo en el que se comprometió, junto con los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la secretaria de Gobernación y la directora de Conagua, a cumplir con los requerimientos del TILA. Pero si no lo firmó, jamás informó que estuvo en desacuerdo en los compromisos pactados el 3 de diciembre de 2019, su conducta inmediatamente posterior mostró su total acuerdo con aquel compromiso.

Al contrario, se mantuvo, no solo ajeno, sino hasta crítico de la participación de militantes del PAN en el movimiento, en los albores de éste, y más cuando los agricultores, para ser escuchados por él, tuvieron que movilizarse hasta la capital del estado y “tomar” el Palacio de Gobierno, durante días.

Sí a Corral debe reclamársele su ambivalencia, su desmedido protagonismo, en aras del supuesto “crecimiento” de su imagen y de su apuesta a su futuro personal, también a su ánimo beligerante que ha encontrado en el delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, su contraparte.

Pero al presidente López Obrador no podrá disculpársele (ojalá que no las haya ordenado) el haber permitido la comisión de inaceptables, ilegales y desmedidas conductas, ya no sólo por la directora Blanca Jiménez, sino del Subsecretario de Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.

Lo realizado por este funcionario, para crear supuestos responsables del conflicto, de señalar redes de complicidad y comisión de delitos, además de la supuesta colusión de gobernantes, productores y legisladores con el crimen organizado no tiene nombre.

Sólo en los regímenes autoritarios se hacía eso. 

Si el subsecretario Mejía tiene elementos para proceder en contra de cualquiera de los que señaló, está obligado a actuar legalmente, pero si sólo actuó para descalificar a un movimiento y a los supuestos creadores y financiadores del mismo, está cometiendo diversos y reprobables actos ilegales.

Lo mismo ocurre con el congelamiento de cuentas bancarias de distintos actores del movimiento y de funcionarios municipales. 

Lo hicieron en una clara transgresión al estado de derecho y en una flagrantísima violación a sus derechos humanos.

Son muchos atropellos al orden legal.

Solo para poner un extremo ejemplo. 

Mejía dijo que el empresario Carlos Cuevas -preso por el delito de homicidio- “… es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol… y tiene nexos con un operador del cartel del Pacífico… ”.

Puede ser cierto lo anterior, pero que lo afirme el segundo jefe de la seguridad pública en el país y no haya órdenes de aprehensión por esos delitos contra Cuevas, sí que preocupa. 

¿Por qué no está acusado de eso?

No, se trataba solamente de desplegar esa información para descalificar al movimiento y mostrarle al país los “oscuros intereses” detrás de él.

¿Para qué?

Total, si existen esos supuestos delitos, pídanle al Fiscal Gertz Manero que actúe, preséntenle las pruebas, las evidencias y las denuncias correspondientes.

Pero los afanes políticos no son exclusivos de los opositores del presidente, al panismo le cayó como “anillo al dedo” la conducta de López Obrador en el conflicto. 

El rechazo al presidente, en vastas capas de la población del centro-sur del estado, es inconmensurable y, por supuesto, extraordinariamente aprovechado por el panismo, el que ha recurrido, también, a inaceptables maniobras “politiqueras” para capitalizar el movimiento. 

Se equivocó el presidente, entregado al equipo de Blanca Jiménez, presa de la información y la visión de esta funcionaria, se aferró a esa equivocada conducta, la sostuvo, y empleó para ello herramientas y procedimientos que jamás se hubiesen esperado del primer presidente emanado de un partido de izquierda en México.

Todo por hacer política. 

Es el colmo que todavía el viernes insistiese en que todo es culpa del PAN, “porque va a haber elecciones”. 

Si así fuese, tendría por lo menos otros 10 conflictos en el país, de las 15 entidades en las que habrá elecciones a gobernador.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF