Opinion

Salud mental con derechos humanos

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Armando Sepúlveda Sáenz

miércoles, 11 noviembre 2020 | 05:00

En artículo previo se trató los modelos aplicados en la normativa vigente respecto de las personas en situación de discapacidad: el vestigio anacrónico del modelo rehabilitador o médico y el denominado social o de derechos humanos. El propósito de su exposición, es crear conciencia sobre las diferencias y la necesidad de pugnar en toda oportunidad por la remoción del primero, y contemplar en el marco normativo secundario el segundo; toda vez que es el vigente en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en los que México es parte, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y las disposiciones vinculantes conocidas como Observaciones Generales, emanadas de las Comisiones de Derechos Humanos de la ONU; así como la jurisprudencia y resoluciones parciales de la SCJN y entidades del sistema interamericano en materia de derechos humanos.

El objeto de análisis son diversas iniciativas, primero, para instrumentar un descomunal entuerto al intentar aprobar en pleno, una Ley General de Discapacidad Mental y Adicciones. Este intento fue revertido por las oportunas y contundentes críticas de las organizaciones de personas con discapacidad. 

Ahora la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados pretende establecer las bases normativas, reformando diversos artículos de la Ley General de Salud, con el obvio fin de dar lugar a la Ley mencionada. Sin embargo, el contenido de las reformas y adiciones, son a la luz de los derechos de las personas con discapacidad mental e intelectual (psicosocial) sancionados en la Constitución y en la Convención y otros ordenamientos, inconsistentes con el modelo social y con los principios y disposiciones de la CDPD.

En estas circunstancias, el tema de salud mental preocupa y mucho. También por la multiplicación de casos provocados por el encierro de la pandemia y los muchos decesos. Se necesita una profunda reforma a los servicios de salud mental existentes en México, todos lo sabemos. De ahí que surjan distintas iniciativas que busquen abordar el tema, pero es importante que consideren el marco normativo vigente y una especificación correcta del problema.

En primer lugar, se debe recordar que nadie sufre discapacidad, dado que no es un atributo ni una condición de los seres humanos, es el resultado de una interacción entre la persona con diversidad funcional y su contexto, mismo que puede ser modificado. Además, conforme al modelo social de discapacidad, los sujetos son seres humanos titulares de derechos, que deben contar con capacidad jurídica para ejercerlos, elemento que no está sujeto a interpretación; dada la vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. La Convención (2006) establece que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. No obstante, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) de la OMS, señalaba en el 2001 que “Discapacidad es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”.

Si bien, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se refiere a que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Del mismo modo el Informe Mundial sobre Discapacidad elaborado por la OMS y el Banco Mundial en el año 2011 señala que la “Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales”. Por consiguiente, la confusión de la Iniciativa de reforma de las “deficiencias” mentales e intelectuales con “trastornos mentales” introduce trasmano la subsunción de éstas (enfermedades) con las estructuras o funciones corporales. 

Otro aspecto fundamental de la Iniciativa es que priva al colectivo con severas restricciones de participación y que son objeto de exclusión y discriminación por su condición de salud, para que se les consulte debidamente. Esto sí, acorde con la CDPD: Obligaciones generales de los Estados: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.

En estos dos aspectos: a) la confusión entre las personas que adolecen de enfermedades (cuestión de salud) y las deficiencias estructurales y  b) la ausencia de consulta al colectivo de enfermos mentales y adictos, la Iniciativa encuentra dos características no atendidas que la hacen improcedente.

El que antefirma piensa, que los que sufren trastornos mentales como enfermedad adquirida no son cubiertos por la sombra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no dejan de ser sujetos de derecho y constituir un colectivo que amerita distinción.

Finalmente la novedad sobre la iniciativa de reformas que se pretendía someter a votación en pleno el jueves pasado; en virtud de las numerosas críticas, fue suspendido para dar lugar a la participación social mediante la modalidad de parlamento abierto.  La Cámara de Diputados emitió ayer el Boletín No.5314: “La Comisión de Salud organizó el Parlamento Abierto “Un nuevo modelo de Salud Mental”. El cual recabó los pareceres de los miembros de dicha Comisión. De sus afirmaciones se puede inferir que las reformas y adiciones serán sometidas al Pleno sin mayor cambio. Por consiguiente, la suerte de las reformas y adiciones si los colectivos de personas con discapacidad mantienen su voluntad habrá de definirse en el circuito judicial federal.