Opinion

Se despide por la puerta de atrás

.

Cruz Pérez Cuéllar

domingo, 05 septiembre 2021 | 05:00

Tuvieron que pasar tres décadas completas para que desaparecieran privilegios de los expresidentes de la República, por demás onerosos y excesivos, más bien eran insultantes y bochornosos. Me refiero a la pensión vitalicia, a los seguros de vida, escoltas y gastos de operación.

En noviembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución, por la que nadie podrá ganar más que el presidente de la República y en definitiva se acaban las pensiones para los expresidentes de la República.

La ofensa a los mexicanos estriba en un pago mensual de poco más de 205 mil pesos que recibía cada expresidente, además de un seguro de vida, gastos médicos mayores, equipo de seguridad  y el salario de 25 agentes que fungían como escoltas, también para cada uno. Además, recibían pensión de 81 mil pesos las viudas de dos expresidentes. Un dispendio monumental, sobre todo si se compara con las percepciones de los ciudadanos comunes, quienes no llegan a cubrir con su sueldo, en un año, siquiera la mitad de la mensualidad de quienes se decían servidores del pueblo mexicano.

Fueron sexenios de ver y callar, de dejar ser y dejar pasar; luego sí hubo señalamientos, algunos reclamos, pero tímidos, ninguno con la intención de borrar la ignominia para el pueblo mexicano, no solo para los trabajadores que se parten el alma todos los días para llevar el sustento a sus casas, sino también para los empresarios que saben lo que cuesta el dinero, el esfuerzo que requiere obtener cierta utilidad una vez librados los impuestos, los servicios, el pago de salarios y responsabilidades para con los empleados, gastos de operación, entre otros. La ofensa era también para los propios servidores públicos honrados, quienes veían sexenio tras sexenio cómo las cúpulas llevaban una vida palaciega y luego para rematar les daban una pensión a la que ellos jamás podrían aspirar.

El pueblo mexicano se hartó tanto que dejó de creer en los políticos en general y luego les fue devolviendo su confianza individualmente, según sus obras y no solo sus palabras.

Desde aquél decreto de 1987 expedido por Miguel De la Madrid, hasta el 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación, se fue encendiendo ese ánimo adverso a la altanería de los gobernantes, que ya no les concede más abuso durante y estando fuera de la silla gubernamental, y menos cuando su gestión fue mala.

A muchos de esos malos gobernantes en lo local no les cayó el veinte, siguen pensando en explotar al pueblo aún después de dejar las riendas de la administración pública, no solo son atrevidos por tratar de rascarle más al desmejorado presupuesto público ahora que ya se van, sino que son descarados por los pésimos resultados que dejaron.

Naturalmente me refiero a Javier Corral Jurado y su fallida administración, quién todavía hace unos días hizo el intento para que el Congreso del Estado le autorizara un cuerpo de escoltas, para él, para el fiscal César Augusto Peniche y el secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta.

Una mentada para el pueblo chihuahuense, porque en cinco años se dedicaron a perseguir a sus enemigos políticos, a encarcelarlos y denigrarlos por todos los medios (no defiendo a nadie, quien con justa razón haya sido procesado por los delitos de corrupción, desvío de recursos, entre otros, no lo discuto). El problema es que se entretuvo tanto en ello que se le olvidó gobernar, se dedicó a endeudar más el estado y a disfrutar a su modo las mieles del poder.

Quiere Corral y compañía que el pueblo sufrague el pago por su seguridad, camionetas blindadas, equipo táctico y de seguridad cuando nunca se preocupó por controlar la inseguridad que ahora campea por todo el estado tras varios fracasos en sus estrategias de seguridad. Por mencionar una, la de suplantar la seguridad preventiva en varios municipios cuyos índices delictivos no solo no retrocedieron, aumentaron en este quinquenio.

La segunda incongruencia del mandatario saliente es que siempre, en toda su vida parlamentaria, estuvo censurando precisamente que los expresidentes y gobernadores exigieran seguridad después de su período, cuando ya habían ganado lo suficiente para que ellos mismos pagaran esos servicios.

También es incongruente porque si tanto le preocupa su seguridad, ¿por qué no hizo lo necesario para mejorar las finanzas estatales? Deja un déficit de 14 mil 500 millones de pesos, de acuerdo a diputados del mismo partido que el gobernador saliente, ni siquiera para pagar la primera quincena de la nueva administración, de acuerdo a la gobernadora entrante.

Así como ocurrió en el caso de los expresidentes, los chihuahuenses compartimos ese sentimiento adverso en contra de los malos gobernantes, pero sobre todo de aquellos aprovechados que no hicieron nada y todavía quieren hacernos responsables de sus problemas.

Hacemos votos porque el nuevo Gobierno estatal mejore pronto las condiciones financieras del estado, que atienda los grandes déficits que no sólo se presentan en materia económica, sino en todos los rubros sustanciales de la administración pública de Chihuahua; pero también ofrecemos nuestro apoyo para que juntos podamos superar estos problemas, para que los chihuahuenses podamos vivir en paz.

Una primera medida que implementaremos desde nuestra llegada al gobierno de Ciudad Juárez es que ningún servidor público de nivel directivo, comenzando por el presidente municipal, adquiera un vehículo nuevo, vamos a operar con los que ya existen y sólo se compraran unidades nuevas para los agentes de la Policía Municipal, y en caso de mayor necesidad, para los trabajadores del Ayuntamiento.

No venimos a la administración pública a que nos sirvan, venimos a servir, ese es nuestro compromiso y convicción.