Opinion

Suprema Corte de Abyección

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Gerardo Cortinas Murra

lunes, 05 octubre 2020 | 05:00

Una vez más, resuenan las amargas palabras del diputado constituyente Rafael Martínez de Escobar: “Suprema Corte de Justicia, que entre nosotros es un doloroso sarcasmo, una amarga irrisión que no debemos, que no podemos a conciencia llamarle Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que a través de nuestra historia sólo ha sido una corte de abyección y servilismo. Esto es una verdad”.

Sin duda alguna, los argumentos vertidos para validar la constitucionalidad de la consulta popular formulada por AMLO, so pretexto de que su finalidad no viola el artículo 35 de la Constitución Federal, constituyen una aberración jurídico-política:

“…la consulta no debe interpretarse en el sentido de que está encaminada a que las autoridades de impartición y procuración de justicia cumplan o dejen de cumplir con sus atribuciones, pues estas son de ejercicio obligatorio; sino que se encamina a consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, con la finalidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas”.

Recordemos la pregunta original de la consulta: “¿Está de acuerdo o no con que a las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresientes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Sin embargo, los ministros de la Corte reformularon una pregunta totalmente distinta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” (¿Cuáles?). 

Resulta evidente que la nueva pregunta nada tiene que ver con la interrogante presidencial; porque, inclusive, el propio AMLO criticó el cambio de la redacción de la pregunta original, la cual tildó de “genérica” y “poco clara”.

La ambigüedad de la pregunta aprobada por la ‘Tremenda Corte’ es inaudita. Al extremo de que el ministro presidente, Arturo Zaldivar, reconoció que “la consulta popular solicitada no vinculará a las autoridades a actuar o dejar de hacerlo en virtud de los resultados… (pero) puede tener efectos importantes en la vida púbica”.

Yo me pregunto: ¿Qué caso tiene realizar una consulta que no será vinculatoria? ¿Cuáles decisiones políticas deberán ser motivo de esclarecimiento? ¿Hasta qué época habremos de remontarnos con la frase “en los años pasados”? ¿A cuales “actores políticos” será necesario investigar?

Para el investigador Luis Rubio, con la decisión de endosar la consulta para procesar judicialmente a los expresidentes, “la Corte cedió, se doblegó y perdió toda credibilidad. Con una Corte subordinada -tramitadora de las ocurrencias presidenciales- resulta innecesario crear un tribunal constitucional como el que proponía el presidente porque ya está ahí”. Asimismo, destaca lo siguiente:

“Primero, la consulta no es un tema legal sino político: La Corte le ha regalado lo que quería lograr con la revocación de mandato: un vehículo para promover su iniciativa sin violar estamento electoral alguno. Me queda claro que lo último que le importa es acusar penalmente a los expresidentes”.

“Segundo, existe un enorme resentimiento de López Obrador en contra diversos exmandatarios (por la crisis financiera de 1994-95 y por la elección de 2006). En lugar de cambiar la realidad a través de mejores políticas públicas que resuelvan aquellos agravios en lo que importa, la calidad de vida de la ciudadanía, el presidente ha optado por una estrategia de confrontación y distracción. La consulta le cae como anillo al dedo para este propósito”.