Opinion

Tamales con peligro de Covid afuera del IMSS

Tras el berrinche recurre a la Suprema Corte Desde hace años les gritaba “El 309” Y sobre Casas Grandes, el mutis completo

GPS/ Columna

lunes, 16 noviembre 2020 | 05:00

 Todas las mañanas, sin importar el color del semáforo epidemiológico, afuera del área de urgencias del IMSS-Morelos se vuelve una romería. Llegan los tamales desde muy temprana hora, luego otros ambulantes que ofrecen café, burritos, donas, refrescos, lo que sea para matar el hambre madrugadora.

 Más tarde abren los puestos que tienen sitiado el nosocomio más importante de la ciudad, el del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se atiende a más de la mitad de los enfermos por Covid y a otros tantos pacientes con un sinfín de padecimientos.

 Las fotos que mandan de muestra asiduos y preocupados lectores pueden verse en la edición digital de GPS. En estas se exhibe la despreocupación que rodea a un sitio de alto contagio, por el que ninguna autoridad mueve un dedo.

 La queja que hacen llegar no pretende sacrificar a quienes cada día deben salir a trabajar, a exponerse al virus mortal; tampoco critica al personal médico o a quienes por necesidad o hambre deben comprar su comida en las cercanías del hospital, porque no tienen de otra aún en medio de la pandemia.

 Pero sí critican el descontrol y la falta de medidas básicas de sanidad, que no propician ni fomentan las autoridades. Ni sana distancia ni cubrebocas al alcance, menos sitios para el lavado de manos en un punto de alta concentración de gente por ubicarse en un centro demográfico de la capital, que difícilmente distingue entre el rojo y el verde del semáforo de riesgo.

 El IMSS, con toda razón, no puede hacerse cargo del problema a su alrededor. Su misión es atender enfermos, no vigilar el comercio. Pero ni la Policía Vial, a la que compete el congestionamiento que se forma producto de la actividad comercial, ni autoridades sanitarias del estado han sido para echar el ojo y poner orden. No cerrar a tontas y a locas toda actividad alrededor, pero sí ordenar y regular el caos que siempre ha existido alrededor del Morelos, al que nadie le ha metido mano durante décadas.

 La emergencia sanitaria amerita por fin hacer algo en las calles que rodean el hospital, si en verdad se quiere ayudar a prevenir los contagios que mantienen a reventar el lugar.

 

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Fue allá en la tercera semana de septiembre cuando el Gobierno del Estado decidió expulsar de la mesa de seguridad al delegado de programas federales Juan Carlos Loera, y como reacción, la Secretaría de Seguridad Federal trasladó las reuniones a la Quinta Zona Militar. A puñaladas iguales, diría “El Hereford” Artemio Iglesias, llorar es cobardía.

 Pues el llanto ha sido tal que la administración estatal acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la determinación federal, que dicen, interrumpe la coordinación en materia de seguridad.

 Es acción retardada, muy retardada, la que adopta el Gobierno del Estado al interponer el recurso hasta el pasado cuatro de noviembre, seis semanas, un mes y medio después de que ambas instancias blandieron espadas. Mucho le preocupaba la coordinación, porque de otra manera debió actuar de inmediato.

 No sólo se tardó en reaccionar la administración estatal, sino que incluso lo hicieron a través del buzón de la Suprema Corte. Tenían prisa, se les quemaban las habas, tuvieron miedo de algún término o simplemente no alcanzaron los viáticos para el propio enviado.

 Tenemos el proveído mediante el cual se recepciona el oficio CJ-2020/10/212 suscrito por el gobernador, con el que se da cuenta de la controversia en contra de “las ordenes verbales o escritas de Ricardo Mejía Berdeja en su carácter de subsecretario de Seguridad Pública Federal”.

 Durante todo ese tiempo ocurrieron decenas de actos criminales que exigían la coordinación entre ambas instancias de gobierno. Incluso, homicidios múltiples, ataques a cuerpos policíacos.

 ¿Que pasó entonces con la coordinación?

 En términos fácticos, la coordinación jamás se suspendió, atendiéndose incluso operativos de importancia para el estado. Todos ellos documentados no sólo en términos de medios de comunicación, sino en los oficios enviados de un lado a otro entre corporaciones policíacas y el Ejército.

 Por eso, el recurso interpuesto por el Gobierno del Estado tiene muy pocas posibilidades de avanzar. Con la mano en la cintura acreditará la Secretaría de Seguridad con evidencias la coordinación existente. Lo demás es berrinche del titular del Ejecutivo que no encuentra qué hacer en los estertores de su gobierno, cuando todo le sale mal.

 Uno de los operativos innegables en los cuales se observa con plenitud la coordinación con el gobierno federal, es la detención del presunto asesino del empresario parralense, Uriel Loya, donde el Ejército tuvo intervención fundamental.

 

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Precisamente en ese tema, salieron a hablar de la detención del supuesto asesino del reconocido empresario Uriel Loya tras dos años que les gritaba su presencia en Parral a través de face y redes sociales.

 Así como se escucha. Ha acreditado El Diario que César Ulises R. J., conocido como “El 309”, tenía una actividad continua y permanente en redes sociodigitales. ¿Donde estaba la afamada policía cibernética?

 Cualquier estalkeo incipiente les pudo haber revelado su presencia, pero ni eso.

 Un gran despliego mercadotécnico para cacarear el arresto, pero durante dos años ni un solo avance sólido.

 Es más, debieron recurrir los estatales al apoyo federal para realizar la detención, como ellos mismos lo aceptan, al revelar la intervención del Ejército.

 En ese contexto de mucha difusión, llama la atención que ni una palabra de la narcofosa en una región donde han incumplido con un decreto de creación de la Fiscalía Zona Noroeste.

 Hay un cementerio clandestino con más de quince cuerpos, ya acreditado, en la zona de Nuevo Casas Grandes. De ello, ni un solo dato, ni una sola aseveración.

 Los grupos criminales operando como si nada, con más de nueve mil homicidios en lo que va de una administración errática e ineficiente en materia de seguridad.

 

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Ha sido Ana Luisa Herrera, la secretaria del Trabajo y Previsión Estatal, una constante activista en contra del gobierno federal y todo lo que huela a 4T.

 Lo hace a través de sus redes sociales, en el marco de la necesaria libertad de expresión de la cual gozamos todos los ciudadanos.

 Pero se le olvida que se encuentra en una función de carácter gubernamental de gran importancia, pero que además depende en muchos de sus programas precisamente de la coordinación con el gobierno federal.

 Uno de estos programas es el del Servicio Estatal de Empleo, que en realidad es Servicio Nacional de Empleo, porque los recursos vienen en su totalidad de la Federación.

 Durante muchos años la STPS Estatal se hizo cargo de ejercer esos recursos, pero ese tiempo se acabó.

 El grave problema es que lo mismo ocurrirá en cultura y en muchas otras áreas. Sin una relación política adecuada, la administración estatal se quedará sin el ejercicio directo de los recursos. Los mil millones o 2 mil 500, serán nada a ese paso.

 La politización de la función pública cobra necesariamente factura.

 

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Tendrán que solicitar los ciudadanos multados ilegalmente por no usar cubrebocas, durante los últimos días, la devolución de lo pagado o en dado caso, oponerse al cobro, si aún no realizan el pago.

 Será legal la multa hasta dentro de diez días, así lo dice el decreto publicado el sábado en el Periódico Oficial del Estado.

 Durante todo este periodo, llamado vacatio legis, la norma no puede ser aplicada por ninguna autoridad.

 Es obvio, inexistente cualquier campaña auténticamente masiva de conocimiento para los ciudadanos por parte de la autoridad, incumplimiento vil e inmediato a un ordenamiento incluido dentro de la ley.

 Mal ejemplo de la autoridad, que deslegitima cualquier intencionalidad de eliminar rasgos de recaudación en la determinación oficialmente autorizada por el poder legislativo.