Opinion

Tiempos violentos

“La juventud es el presente y el futuro del país en tiempos de agonía, son nuestros delanteros en busca de una sociedad más justa”

Teporaca Romero del Hierro

domingo, 28 junio 2020 | 05:00

Abuso policial, la otra peste que desaparece y mata jóvenes en México, fuentes periodísticas dan fe de ello. En mayo pasado, la detención y muerte de George Floyd a manos de cuerpos policiales en Minnesota, Estados Unidos, encendió la ola de protestas a nivel mundial en contra del racismo, la desigualdad, la corrupción, el mal gobierno, el desempleo, el abuso policial y/o castrense, la misoginia, la discriminación y la censura informativa, agudizados por el confinamiento, contagios y defunciones por COVID-19. Por desgracia, la muerte de Floyd es común en nuestro país, para muchos el movimiento #BlackLivesMatter lleva el nombre de Giovanni López.

Un joven albañil de 30 años de edad, detenido el 4 de mayo por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, presuntamente por no utilizar cubrebocas en la vía pública, un día después fue regresado a sus familiares sin vida, provocando indignación entre cierto sector de la población que comenzó a "movilizarse" por redes sociales pidiendo justicia por Giovanni. 

La muerte de López a manos de la policía generó protestas en la Ciudad de México, Guadalajara y otras entidades federativas, el cual coincidió con las manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de Floyd. Ante esto, algunos expertos han señalado que el hartazgo ante los abusos y la ineficiencia de las fuerzas de seguridad en México es tan viejo y profundo que no se debería vincular el caso López a las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos, ya que los motivos y las explicaciones que se exigen de las autoridades no son las mismas.

En Guadalajara, las protestas terminaron en graves disturbios: patrullas incendiadas, un policía herido después de que le prendieran fuego, varios detenidos. Los hechos violentos, como tantos que ocurren en manifestaciones en todo el mundo, son condenables, a pesar que el espíritu de las exigencias sea razonada. Lo que no se justifica, de ninguna manera, es una reacción como la que sucedió al día siguiente. Según crónicas periodísticas, agentes vestidos de civil detuvieron ilegalmente (levantaron) a decenas de jóvenes, como quedó registrado en innumerables vídeos. Muchos de ellos, torturados. 

Analistas aseguran que resulta preocupante la reacción de las autoridades, particularmente la del gobernador Enrique Alfaro, en varias declaraciones, pidió disculpas y condenó tanto la muerte de Giovanni López como el uso excesivo de la fuerza de los agentes en las protestas; a la par que lanzó varios mensajes de que no tolerará más el uso de la fuerza por parte de los manifestantes. También insinuó que las protestas responden a una campaña política para deslegitimarlo. Sobre el levantamiento de los jóvenes, el gobernador sostuvo que la policía respondió a “órdenes ajenas a las de la autoridad estatal” y que se había abierto una investigación para ver si estas venían del crimen organizado: admitió indirectamente que la máxima autoridad del Estado no tiene el control absoluto sobre su propia policía. A los días, el tema se tornó político-electorero, una guerra de declaraciones entre el presidente López Obrador y el gobierno jalisciense. 

Una editorial del New York Times habló sobre el hecho, textual: “En un país, donde la credibilidad y la confianza en la policía desapareció hace años; en un Estado donde el crimen organizado ha perpetrado en los últimos años crímenes horrendos –como la desaparición de tres estudiantes de cine que fueron disueltos en ácido–, resulta sumamente preocupante y totalmente inadmisible la reacción de las autoridades, incapaces de responder quién y por qué se tomaron unas decisiones que violaron los derechos humanos de decenas de personas. El gobernador Alfaro debe dar respuesta inmediata, clara y satisfactoria a la angustia y la ira de la ciudadanía. Cualquier subterfugio (evasiva) le descalificará como el dirigente político de renovación que pretende ser”.

Estudios revelan que la brutalidad policial también es sistémica en México. Las protestas contra la violencia policial en Estados Unidos han tenido eco en el país, donde reina la impunidad, los abusos de las corporaciones de seguridad son recurrentes, que crecen bajo la miopía y el silencio ciudadano. 

En las últimas semanas se han hecho públicas decenas de historias de abuso policial. Alexander Martínez, de 16 años, asesinado por policías municipales de Acatlán, Oaxaca, afuera de una tienda. Según notas periodísticas, él y sus amigos fueron confundidos con delincuentes, como si ser sospechosos de algún delito justificara la ejecución extrajudicial. Hace un mes, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, fue asesinado por policías Giovanni López, su cuerpo presentaba lesiones extremas que sugieren la aplicación de tortura antes de su muerte. En Tijuana, Baja California, Oliver López murió asfixiado por los policías que lo detuvieron, un video muestra cómo el agente pisa su cuello con la bota hasta que muere.

El exhibir el abuso, nos obliga a reflexionar en qué contexto se dan los numerosos casos de brutalidad de las fuerzas de seguridad mexicanas. El movimiento #BlackLivesMatter ha propuesto desfinanciar a las policías en Estados Unidos, esto significa quitar responsabilidades a las policías que no son propiamente policiales, como la atención a las víctimas de violencia familiar, la atención a las adicciones o el cuidado de las escuelas, para devolvérselo a instituciones de carácter social, no represivas. Según especialistas, trata de una alternativa interesante para México, “donde muchas funciones sociales se han concentrado en el Ejército, institución usada como remedio de las deficiencias policiales pero con aún más problemas en el abuso de la fuerza letal y no letal”.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra lo común que es la violencia ejercida por los policías en todo México, particularmente durante la detención. De las 64 mil150 personas encuestadas en 2016, el 75% afirmó haber sufrido algún tipo de “violencia psicológica” durante el arresto, esto incluye maltratos tan graves como ser desvestido o asfixiado. Casi el 64% de los encuestados sufrió agresiones físicas, incluidas patadas o puñetazos, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas. 

Siete de cada 10 personas detenidas en el país sufrió amenazas o agresiones por parte de la autoridad que lo detuvo. Si la detenida es mujer, los abusos frecuentemente son sexuales. Estos datos son relevantes no sólo porque muestran el estado deplorable de las instituciones en el país. 

Ante el contexto de violencia extrema que se vive en México, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en días pasados, que recibió información que indica el desconocimiento del paradero de varias personas detenidas en la Fiscalía de Jalisco. “La desaparición forzada y la desaparición por particulares son delitos en MX. Hacemos un llamado a las autoridades a prevenir cualquier práctica que tendría como resultado esta grave violación de #DDHH, en línea con los compromisos internacionales del Estado mexicano en la materia”.

México desnuda sus carencias, vive a pulso el largometraje de Quentín Tarantino, Tiempos Violentos (Pulp Fiction), violencia, inseguridad, adicciones y narcotráfico. Hemos insistido, el coctel de pandemias están colapsando a la sociedad, que ante la desesperanza, el abuso y las malas decisiones gubernamentales sale a manifestarse sin pudor a las calles o en las redes sociales para exigir soluciones. Los jóvenes, son un segmento vulnerable en nuestro país, viven bajo el asecho de grupos delincuenciales y criminales, debido a la falta de oportunidades educativas, de empleo y de desarrollo; por desgracia, el COVID los condena. Seamos su voz. Sumemos voces de conciencia.