Opinion

Tiene todo el aroma a cacería de brujas

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GPS / Dominical

domingo, 01 mayo 2022 | 05:00

Bajo las carpas instaladas en el exterior del SAT, con temperaturas altísimas, se arremolinan decenas de personas casi a toda hora del día, en los horarios de atención gubernamental. Ni las vacaciones escolares de Semana Santa ahuyentaron a los contribuyentes.

Por igual si son trabajadores de empresas privadas o dependencias públicas, han tenido que desfilar por las famosas instalaciones en la calle Cosmos, con esperas de varias horas, para obtener, si no hay algún detalle, la constancia de situación fiscal.

Se puede sacar por internet, pero para hacerlo hay que contar con diversas claves y hacer una serie de pasos de identificación que incluye grabar un video personal con un mensaje, procedimiento complicadísimo para una persona común, que prefiere irse a tostar lentamente afuera de las oficinas de Hacienda.

Los trabajadores acuden aterrorizados algunos, otros con la gran incógnita de lo que está ocurriendo, y cuáles serán las consecuencias. Ellos nada saben de la deducibilidad fiscal, el CFDI 4.0 que sustituye al actual 3.3, o cualquier otro tecnicismo de miscelánea recaudatoria. Hay muchísima desinformación incluso entre profesionales de la contaduría.

Muchos trabajadores no han obtenido una constancia favorable, porque adeudan alguna declaración mensual o anual, y sienten que peligran sus condiciones laborales actuales de no presentar la constancia. 

Hay el temor de sanciones en las empresas, que podrían llegar inclusive, ya en el ánimo de especular, al despido. ¿Qué va a pasar con quienes no presenten la susodicha constancia?

En el contexto, es indudable que hay una disposición federal desesperada para ir tras los recursos que se requieren para sacar adelante los proyectos insignia de la cuarta transformación, como el aeropuerto concluido, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya en construcción. Nada más estos últimos requieren algo así como 796 mil y 230 mil millones de pesos.

Debe haber dinero para pagar los cerca de 400 mil millones de pesos distribuidos de manera directa a la población, como adultos mayores, estudiantes y otros grupos, que se supone reciben apoyos mensuales de varios miles. Indudable la presión sobre las finanzas.

Para estas misceláneas no necesita el gobierno de México la engorrosa mayoría calificada en el Congreso, porque son disposiciones administrativas que son dictadas en un escritorio y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin mayor complicación que la voluntad unipersonal del secretario de Hacienda.

En busca de arrancar esos recursos de los contribuyentes, el gobierno tiene que acudir a cualquier mecanismo con disfraz de alto tecnicismo fiscal, escondido en las meticulosas pero pantanosas e indescifrables reglas de miscelánea, cuando la finalidad es una, arrimar fiscalmente a las personas, incluso actualizar su domicilio para ejecutar los créditos fiscales. Tufo de cacería de brujas.

Aún más, presionar a las empresas y dependencias públicas, para que obtengan esas constancias de sus empleados, como única vía de acreditar debidamente el salario pagado, o bien, hacerse acreedores a sanciones, como, por ejemplo, no aceptarles la deducción del Impuesto sobre Nómina o bien –pensamos podría llegar- a fincar cargos por pagos ilegales en el sector público.

¿Pagarle a un empleado con nombre, RFC o domicilio incorrecto, es peculado? No lo sabemos, pero la miscelánea es una técnica astuta que cierra la pinza sobre las empresas y los trabajadores, cuyos alcances aún son desconocidos.

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Hay versiones de que la disposición fiscal en que todos los trabajadores deben sacar la constancia de situación, tendría que estar lista al día de hoy, y que los salarios que se paguen a partir de esta fecha, tendrían que estar acordes a los datos asentados en la mentada constancia.

Esos datos son el Registro Federal de Contribuyentes, el nombre o razón social, el régimen fiscal, el Código Postal y la clave de uso de la CFDI.

Pero parece que no se logró ni de chiste, al menos en el 100 por ciento, ni en el sector público ni privado.

Muchas empresas sólo están solicitando la constancia a sus nuevos trabajadores, y en el sector público, hay infinidad de dependencias que no lo han hecho.

El problema es que se está presionando a las empresas, con no permitirles la deducción de ciertos impuestos a través de la demostración de los salarios pagados, si es que esos datos no están asentados correctamente. Son miles de millones de pesos de manera general, y para una empresa, es un incentivo fiscal imprescindible, casi en estas condiciones de crisis, lo que les permite estar a flote.

Por lo regular, y de manera simplista y genérica, las empresas realizaban retenciones del ISR y las pagaban al SAT, pagaban en efectivo algún subsidio al empleo, entregaban constancias de percepciones y retenciones, presentaban declaraciones informativas al respecto, y hasta ahí.

La nueva carga de recabar de sus trabajadores las constancias de situación fiscal constituye una obligación inédita, cuando antes casi solo era necesario el RFC.

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El Gobierno de la República ha adoptado varias medidas polémicas en los últimos meses para fortalecer las finanzas públicas con cargo a los contribuyentes, muchos, la gran mayoría, conformados por la clase media, los fifís aspiracionistas.

Por ejemplo, la inscripción obligatoria a partir de los 18 años, que, si bien es cierto, la omisión de hacerlo –por el momento- no implica sanción, es una medida que fue criticada por innecesaria, porque infla el padrón de contribuyentes de manera artificial, pero que tiene una gran ventaja, porque permite rastrear tarjetas bancarias y compras, es decir, ingresos y egresos.

Es un modelo de captación de recursos que permite al SAT tener vigilado a cualquier preparatoriano o universitario que recibe recursos en efectivo en su cuenta de ahorro o que paga también en efectivo la colegiatura en la escuela. Es un contribuyente, presente o futuro, cautivo.

Lo otro, la constancia de situación fiscal a la que nos hemos referido. Un trabajador común y corriente que sólo se dedica a su empleo, y que no tiene ninguna otra actividad extraordinaria por la cual reciba ingreso, difícilmente tendrá alguna complicación.

Una asoleada afuera del SAT y listo, tendrá su documento, pero aquel empleado que realiza alguna otra actividad, enfrenta una situación diferente, si no ha sabido ser cumplido en sus obligaciones fiscales.

Es un hecho que su constancia no podrá ser emitida hasta que regularice su situación, con el agregado de multas y recargos, y la amenaza velada de perder el empleo que le da su principal sustento y prestaciones como el servicio médico y seguridad social.

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Ni sindicatos, ni partidos, ni los contadores, los trabajadores menos, han pegado el grito en el cielo en relación con esta nueva medida, que está en fechas en que debe ser cumplida.

Habría que preguntarnos hasta dónde es una real instrucción presidencial y hasta dónde ocurrencia de quienes están tomando las decisiones en materia hacendaria, porque el pánico es real en empresas y empleados.

Se siente en el ambiente de la carpa afuera del SAT y entre los mismos administradores de empresas y del sector público, que hay muchas dudas que no han sido aclaradas, en particular las consecuencias que vienen del incumplimiento.

Es curioso sino emblemático que la fecha en que se supone tendría que estar terminada la expedición de esas constancias, con miras a llegar al CFDI 4.0 en el mes de julio, lo sea el primero de mayo, el Honorable día del trabajador.