Opinion

Todo el peso de la ley

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Héctor García Aguirre

martes, 27 abril 2021 | 05:00

"Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo." 

Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, Capítulo XLII.

¿Metáfora de la justicia? ¿Falacia? ¿Deseo apasionado?... qué bien haría Juan Carlos Loera en explicarnos la expresión "todo el peso de la ley", con la que a diario taladra nuestros oídos en sus spots de campaña; ¿sabrá lo que está diciendo?....lo ignoro, lo suyo no es el derecho, sino las actividades empresariales y la política; para ello, aunque no me permita señor Loera, lo voy a ilustrar al respecto, no siento desilusionarlo, pero, en el caso que usted llegara a gobernar este desgobernado Estado, es altamente probable que jamás vea cristalizada su frase de campaña; le explico:

Quiero creer que lo que usted trata de decirnos es que aplicará la máxima pena en las sentencias que se dicten a partir de que, eventualmente, se convierta en gobernador, pues bien, aquí empieza su desilusión, y la de quienes creen que la frase "todo el peso de la ley" puede ser una realidad:

Primero. Las sentencias no las dicta el Poder Ejecutivo, es función exclusiva del Poder Judicial, a menos que usted supere a su antecesor en la invasión de poderes y se meta "hasta la cocina" del Tribunal Superior de Justicia a cocinar sus propias sentencias.

Segundo. Debe saber señor Loera, que las penas tienen un mínimo y un máximo de sanciones, en función del grado de culpabilidad del sentenciado, y aunque posible, es muy poco probable que se llegue a imponer la pena máxima, para ello, habrán de sortearse condiciones bastante complejas, subjetivas y poco claras de los artículos 67 y 68 del Código Penal del Estado, que llegan a convertirse en un verdadero intríngulis, dejando al arbitrio del juzgador la determinación del monto de la sanción.

Tercero. En el caso que se llegara a imponer la pena máxima, el sentenciado tiene a su favor el derecho fundamental de recurrir la resolución y lo más seguro es que entre la apelación, el amparo o aún la atracción que pueda ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un alto grado de probabilidad (la experiencia nos lo ha demostrado) de que le sea reducida la sentencia de primera instancia, e incluso, ser absuelto (casos como Florence Cassez o Israel Arzate Meléndez).

Cuarto. Supongamos, en una situación extraordinaria, que llegara a quedar firme una sentencia con la máxima pena, es decir, "todo el peso de la ley", pues aquí hay algo más: El artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal contiene otro desencanto, si el sentenciado se encuentra en prisión, podrá obtener el beneficio de libertad condicionada con sólo un cincuenta por ciento de la pena impuesta, bajo determinadas condiciones, que un alto porcentaje de sentenciados suele reunir, quedando en libertad con apenas la mitad del tiempo de su condena. Así, por ejemplo, en el delito de homicidio simple, generalmente se impone la pena mínima, que son 8 años de prisión, ya sea en primera instancia o modificada en apelación o amparo, por la inexacta individualización de la sanción; sin embargo, de acuerdo al artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esa pena se reduce a 4 años de prisión, cuando la expectativa de castigo, atizada por los medios de comunicación, era de 20 años, así lo anuncian: Fulano de tal podría alcanzar hasta 20 años de prisión…y todo se reduce a 4 años tras las rejas.

Frustrar una expectativa de castigo para los responsables no es cuestión de los operadores, particularmente de los tribunales de control, enjuiciamiento o ejecución de penas, es, definitivamente, de quienes hacen la ley. Existe un margen tan amplio como absurdo entre la pena mínima y la máxima, veamos:

En el delito de violación, dice el artículo 172 del Código Penal, se aplicarán de 10 a 30 años de prisión, en este caso, la víctima espera que su victimario purgue una pena de 30 años de encarcelamiento, pero dado el mecanismo de individualización de la pena y el beneficio que concede la Ley Nacional de Ejecución Penal, la sanción se reducirá a sólo 5 años de prisión.

Aún más, si el imputado acepta un procedimiento abreviado por ese delito, logrará la reducción de un tercio de la pena mínima, es decir, se le impondrán 6 años 8 meses de prisión, pero atendiendo al beneficio contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la reclusión real será de sólo 3 años 4 meses, absurdo, ¿verdad?, de una expectativa de 30 años, la sanción privativa de libertad se reduce a un 11%. Así están las leyes y aquí aplica parafrasear a Cervantes: ¡Con los beneficios de la ley hemos topado, Sancho!

Resulta pues que "todo el peso de la ley" se reduce a una frase trillada, hueca y hasta ridícula, que empleada como slogan de campaña, mueve a risa, sobre todo a la comunidad jurídica, porque en este país, en la aplicación de penas se reciben todo tipo de rebajas que más bien parece la feria de los descuentos.

Finalmente señor Loera, para qué quiere usted que se aplique "todo el peso de la ley", si las cárceles mexicanas no cuentan con un verdadero sistema de reinserción social, son, ante todo, verdaderas escuelas del crimen y asquerosos nidos de corrupción.