Opinion

Urge a la presidenta poner orden

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GPS / Dominical

domingo, 14 noviembre 2021 | 05:00

Está urgido el Tribunal Superior de Justicia de encontrar el rumbo para superar dos sexenios, y lo que va del que inicia, pletóricos de confrontación e incertidumbre, con daño descomunal a la función jurisdiccional en su funcionamiento e imagen.

Han ido cayendo como naipes los titulares del Poder Judicial, los últimos como consecuencia de una clara e innegable influencia del Poder Ejecutivo, a veces burda, burdísima, en ocasiones con delicada y fina mano blanda, suave.

Duarte llegó al extremo de enviar reformas a la ley para crear nuevas salas e instaurar el Consejo de la Judicatura, que era ajeno a la tradición judicial chihuahuense, y que se ha convertido en un pesado lastre, porque se llevan las disputas palaciegas y legislativas a un órgano que es eminentemente técnico. Corral hizo lo propio con reformas que fueron echadas abajo por la Suprema Corte, porque mangoneaban al Poder Judicial a contentillo.

Antes de todo este relajo, las funciones administrativas recaían desde siempre en el Presidente del Tribunal y las que tenían que ver con remociones o nombramientos de jueces y magistrados, directamente competían al Pleno en el caso de los primeros y a un jurado eventual, en el caso de los segundos, con participación del Ejecutivo y Legislativo. No existía un órgano intermediario permanente.

De pronto todo se extravió. Se rompió con la tradición de elegir presidentes con amplia experiencia y carrera judicial, designando por ejemplo a José Miguel Salcido o Gabriel Sepúlveda, alejados del conocimiento de la realidad jurisdiccional y con una historia de vida separada años luz del tribunal.

Curiosa y paradójicamente fue con César Duarte que se creyó necesario instaurar el mismito sistema que existe a nivel nacional, con un Consejo de la Judicatura donde intervienen los poderes Ejecutivo y Legislativo, auténtico intervencionismo continuo e injustificado en tareas de administración que competen sólo al Judicial.

Con Javier Corral se acentuó el intervencionismo, otorgando poderes extrajurídicos a la representante del Poder Ejecutivo, Luz Estela Castro, quien hizo chilar y huerto en la institución. Nada menos se le entregó en sus manos la prerrogativa de manipular la selección y ratificación de jueces y magistrados, mediante exámenes que terminaron muy mal, con gravísimas consecuencias que aún se resienten.

En este contexto, toca ahora poner orden en la casa a una presidenta, la primer mujer en 196 años que ocupa el cargo de titular del Poder Judicial del Estado, la magistrada Myriam Hernández Acosta.

Su carrera judicial iniciada desde abajo en Parral como actuaria, posteriormente secretaria proyectista, juez en Camargo y Magistrada en 2014, la colocan en una posición de tremenda responsabilidad.

Sin experiencia política ni administrativa para un cargo de esta envergadura, requerirá mucha ayuda hacia el interior del tribunal y desde afuera, para apagar los fuegos previos de insurrección que terminaron por ser simples diablillos.

Tiene enfrente y sin dilación que emprender la ruta de recuperar la imagen de la institución perdida en los escandalazos recientes y pasados. Tiene a su favor y es innegable la bendición con que cuenta por parte de la gobernadora Maru Campos, en operación política cuidadosamente tejida.

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La elección el viernes de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia y por tanto cabeza del órgano administrador denominado Consejo de la Judicatura, careció de sorpresa alguna. Fue planchada desde la semana pasada de manera cuidadosa, lenta y meticulosa.

Lejos de ser casualidad la designación de nuevo titular en el Tribunal. Era natural en función del relevo en septiembre del Poder Ejecutivo y la gran influencia que tiene quien ocupa su titularidad. 

Había otros nombres sobre la mesa, pero se le acomodaron los momios a la magistrada Hernández, cercana a los que entregan estafeta, “oxigenada” y con carrera judicial. Les llenó el ojo a todos, con el agregado de la reivindicación de género y su capacidad innata de trabajo. Hundida en los libros y criterios jurisprudenciales, ha tenido un desempeño destacado, sin escándalo alguno, bajo perfil, siguiendo un método simple de trabajo mata grilla.

Ni uno solo de los sublevados de hace unas semanas levantó ya no digamos la cabeza, ni siquiera las cejas en su contra. Al contrario, uno a uno estamparon el nombre de ella en los papelitos que fueron depositados en una pequeña urna transparente, con voto nominal cantado a todo pulmón en transmisión en vivo y a todo color por YouTube. ¿Y la dignidad? ¿Y la independencia? Al carajo! Depende del plato fuerte en el menú.

Luego la conferencia de prensa, donde se le vio firme, novata, pero muy inteligente en el manejo de medios. Contestó con gran sagacidad y astucia, estrictamente lo necesario, sorteando, unos minutos después de su elección, a los representantes de los medios -que desprovistos de ingenuidad- cuestionaron acerca de la intervención de la gobernadora en su designación. Salió airosa al hablar de independencia, y un largo etcétera. No se enganchó ni por asomo.

El destituido ahora expresidente del Tribunal, Pablo Héctor González, no tenía ninguna oportunidad de terminar su periodo, con el desgaste a cuestas de una persecución encarnizada instruida desde la casa de Gobierno en contra de los enemigos políticos de la administración corralista. Simplemente no había confianza. Sus blasones albiazules le permiten permanecer en la magistratura, pero nada más.

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Ahora viene el reto de regresar a la institucionalidad perdida en uno de los organismos más importantes en un Estado democrático. El Poder Judicial es el que brinda certidumbre en la impartición de justicia, no sólo a los particulares, sino entre estos y la autoridad.

Es la justicia una mujer que, con balanza en ambas manos, en los últimos años ha visto de reojo por debajo de la cinta que cubre sus ojos, para beneficiar en el capricho al gobernante caligulesco, que aún desde afuera pretendió innegablemente intervenir, con la pretensión de prolongar su mandato con operación subrepticia.

Estaba sin dudarlo la mano de Corral en los últimos movimientos de insurrección que pretendieron mover al Consejero de la Judicatura, Gabriel Ruiz, porque exigió un proceso de revisión concienzudo a dos jueces.

Las tareas que vienen bajo la batuta de la primer mujer en ocupar la presidencia del Poder Judicial, no son sencillas, por ejemplo, revisar desde abajo los expedientes retardados, inexplicablemente olvidados, con resoluciones intermedias y finales absurdas, francamente violatorias del derecho de acceso a la justicia.

La Actuaría lenta como tortuga, en grave perjuicio de personas comunes, que son llevadas al matadero prácticamente sin defensa alguna.

La resistencia de algunos jueces que se niegan a asumir la suplencia de la queja en asuntos familiares, infancia o por cuestiones de género. Las historias son trágicas porque está de por medio la pérdida de patrimonios y la separación de familias.

Los juicios laborales que vienen en sede jurisdiccional, sin recursos suficientes desde la federación, que deja a las entidades federativas toda la carga que esto representa; el déficit financiero, la deuda con pensiones y mil problemas más.

Son todas estas dificultades, más el drama humano de la impartición de justicia, lo que ahora recae en manos de la magistrada Myriam Hernández, en un entramado burocrático complejo que involucra miles de personas –muchos de ellos con largo colmillo retorcido- a lo largo y ancho de los catorce distritos judiciales con que cuenta. Literal, se sacó la rifa del tigre.  .