Opinion

Va ‘El Diablo’ contra Corral y compañía

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GPS / Dominical

domingo, 07 agosto 2022 | 05:00

Nunca antes los notarios habían sido perseguidos como lo fueron durante la administración corralista los abogados Luis Raúl Flores, “El Diablo”, y el juarense, Guillermo “Memo” Dowell Delgado. Les hicieron la vida imposible, con grave daño moral y económico. 

Nos concentraremos este domingo en Flores, quien ha decidido cobrarlas todas por elemental principio de justicia.

Se ensañaron sobre él y su función de notario, el ministerio público, la Secretaría General de Gobierno, la Consejería Jurídica y la Dirección del Notariado, violando las leyes respectivas, con indudable consigna del exgobernador Corral.

No les importó lastimar la honorabilidad del licenciado Flores, con amplio prestigio acreditado por el foro de abogados, el Colegio de Notarios y la misma sociedad chihuahuense donde es considerablemente conocido por su filantropía y don de gentes.

Pasaron todos estos altos funcionarios por encima de cualquier principio ético de la administración pública para defenestrar al profesionista de la patente notarial otorgada desde hace casi tres décadas. Con seguridad tenían ya planes para caer como buitres sobre el apetitoso botín.

No dudamos ni tantito que ese fuera el fondo de sus negras intenciones, quitarle la patente, para lo cual no dudaron en utilizar cualquier chicana jurídica, sin límite alguno, utilizando como argumento otro pleito colateral, el de la famosa nómina secreta.

La base de la increíble acusación formulada fueron los supuestos recibos de un escandaloso y millonario índice secreto de pagos, documentos divulgados públicamente por El Heraldo de Chihuahua, y que involucraban a decenas de personajes chihuahuenses, entre ellos la gobernadora Maru Campos, entonces virtual candidata, blanco directo del ataque.

Esos recibos aparecieron misteriosamente en la recepción del mencionado periódico; y después de publicarse, fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado, iniciando la integración de carpetas de investigación con lo cual dio inició el tormento al que fue sometido el reconocido notario y su familia.

Nunca fue probado el proceso de recepción de los supuestos recibos en las instalaciones de El Heraldo, pero sí fueron demostradas las reuniones de Corral con su entonces Directora e inclusive el actual Gerente General.

No podía el licenciado Flores reconocer algo que no había hecho. Divulgó en una entrevista que no podía aceptar la certificación de documentos que no tenía a la vista. Sólo los había visto en papel periódico.

Es principio fundamental de honor, ética y estricta técnica notarial, certificar sólo lo que se tiene a la vista en original.

Fue esa afirmación la que detonó el coraje oficial, razón suficiente para echarle encima todo el aparato ministerial y administrativo. Querían que a ojo tapado reconociera esos recibos como auténticamente certificados.

Inició el calvario, largos 17 meses de angustia y zozobra, con amparos bajo el brazo, renovados cada semana por la incansable y puntillosa apoderada legal, Rubí Cristina Cabello. Cualquier precaución para reducir al mínimo el riesgo de una arbitraria detención, no era una exageración en las condiciones de persecución que se desplegaron.

Estaba fresca en la memoria la arbitraria y prepotente detención del magistrado, Jorge Ramírez, con todo y amparo bajo el brazo.

Hubo que soportar la andanada mediática de un Javier Corral, un Fernando Mesta y un Jorge Espinoza, entonces gobernador, Secretario General y Consejero Jurídico, desbocados, litigando en medios, utilizando no sólo el poder jurídico, sino los recursos oficiales para hacer sentir el rigor político de la persecución.

Indudable la desigual batalla, que terminó la semana pasada con el amparo que causó ejecutoria, y el cumplimiento del mismo, en todos sus términos y a satisfacción del notario, por parte del actual Registro Público de la Propiedad.

El capítulo que viene se llama RESTITUIR EL DAÑO MORAL CAUSADO a un prestigiado profesional del derecho y la fe pública. Alguien debe pagar el daño provocado.

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Aquella mañana del mes de marzo del 2022 llegó una amplia comitiva a la Notaria Número 4, con la instrucción de notificar el inicio de un juicio administrativo en contra del licenciado Luis Raúl Flores. Pero fue más que eso.

Le exigieron la entrega de los libros y sellos, y lo cesaron en su función. Tomaron posesión material del edificio y dejaron a una adscrita como responsable. Espectáculo de no creerse en la historia del notariado chihuahuense. 

La razón de tan ilegal y abusivo proceder lo fue una denuncia que presentó un agente del ministerio público dos meses antes ante la Secretaría General, en la cual reclamaba lo que llamó una “lamentable declaración” vertida al periódico digital La Opción.

En esa afirmación pública, les molestó que el notario se refiriera a la certificación de 34 recibos de la nómina secreta “que forman parte medular” de una carpeta de investigación contra diversas personas, entre ellos funcionarios y exfuncionarios.

“Declaraciones –afirma el MP en el documento que tenemos en nuestro poder- en las que pone en seria duda la autenticidad de la certificación sin base objetiva alguna, mismo que ha tenido como consecuencia se cuestione públicamente la validez de dichos documentos, así como el serio y responsable actuar no solo de quienes participamos en la investigación de estos hechos, sino el de la propia Fiscalía General del Estado”.

Es inaudito que un MP inicie una denuncia de carácter administrativo sólo por el orgullo de un narciso herido por el actuar basado estrictamente en las normas que regulan la función notarial.

Paradójicamente, en ese juicio administrativo efectuado en el mismo Registro Público de la Propiedad, se negaron una a una todas las pruebas, desarticulando cualquier posibilidad de defensa para el notario, ante la impotencia de su hábil defensa jurídica.

La que podría ser la reina de todas las pruebas ofrecidas, la pericial en grafoscopia y documentoscopia, le fue negada una y otra vez. Jamás le fueron puestos a la vista los supuestos recibos.

Tuvieron que irse Corral, Mesta y Espinoza, así como las cabezas del Registro Público, antes de que se pudiera tener acceso a las documentales, para efectuar el estudio técnico pericial.

El resultado aclaró las dudas existentes y derribó la maquiavélica confabulación, al arrojar que las firmas del notario fueron realizadas a “calca y error” y los sellos simple impresión digital.

En ese lapso, la batalla jurídica careció de tregua. La licenciada Cabello promovió inmediatamente un amparo y obtuvo una suspensión provisional y después la definitiva, para lograr que el notario regresara a sus funciones.

La notaría permaneció tres semanas cerrada, con grave riesgo para los clientes y sus asuntos, personas que confiaban y confían en la honorabilidad de su notario, que toda la vida los ha atendido con calidad y calidez humana.

No se explicaban cómo Flores enfrentaba una embestida de esta naturaleza.

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Hace dos semanas recibió la notificación el notario y su apoderada que el juicio de amparo 514/2021 había concluido. Causó ejecutoria la resolución definitiva, en la cual se le otorga la protección de la justicia federal y se le ordena al Registro Público de la Propiedad cumplir a pie  juntillas el resultado en el lapso de tres días, los cuales se cumplieron esta semana que acaba de concluir.

Se dejó insubsistente el acuerdo del 22 de marzo del 2021, en el cual arbitrariamente se le había suspendido al licenciado Flores por un lapso de seis meses, dejando como consecuencia sin efectos la designación de la Adscrita designada para sustituirlo.

Esta es la parte formal del asunto, pero viene ahora la exigencia de restituir el daño causado a la honorabilidad del notario, la natural y legítima acción de reparación integral del daño, con todo lo que ello significa.

La responsabilidad recae desde el gobernador, hasta el último funcionario involucrado. Unos por materialmente ejecutar un acto arbitrario y otros por ordenarlo desde la comodidad de un mullido sillón y una copa de vino en la mano.

Está acreditado el abuso de poder de “pe a pa”, por parte de Javier Corral, Fernando Mesta y Jorge Espinoza. Es su turno de enfrentar la consecuencia de su abuso, uno de los muchos cometidos durante el quinquenio.