Opinion

Varones implicados en violencia de género no deben ser candidatos

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Omar Bazán Flores

sábado, 20 marzo 2021 | 05:00

Me pronunció por restringir e inhabilitar a cargos de elección popular a varones que mantengan antecedentes de violencia de género, incluso si estos gozan de libertad y tengan sus derechos políticos vigentes.

A través de una iniciativa con carácter de decreto, solicité la aprobación a la reforma del artículo 38, fracción II, de la Constitución Política, una vez elevada al Congreso de la Unión.

Hemos sido testigos de casos en que aspirantes a puestos políticos cuentan con diversas denuncias en su contra por violencia política en contra de las mujeres, abusos sexual y hasta violación, que terminan siendo postulados y registrados por el órgano electoral.

Soy enfático en declarar que el Instituto Estatal Electoral no puede detectar esa conducta, bajo el entendido de que la persona se encuentra en el campo de la moral y la ética, en tanto no exista una sentencia que lo confirme y señale.

Es cierto que el principio de presunción de inocencia es un pilar para la administración de justicia, deben adecuarse mecanismos en los que puedan ponderarse las acusaciones de una o varias mujeres, en contra del varón.

Especifico que ante el camino tortuoso que vive la mujer al denunciar un delito relacionado con abuso sexual, debe establecerse expresamente que quien quede vinculado a proceso, por delitos que involucren violencia en contra de la mujer no pueda acceder a la postulación, hasta en tanto se dicte sentencia absolutoria.

Reprochó que en la legislación actual se ha interpretado en el sentido de que aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, es un tratado internacional que consagra y protege los derechos humanos y las libertades de las mujeres. Conocida como la CEDAW precisamente por sus siglas en inglés, es el primer instrumento que reconoce explícitamente las condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diferentes formas de discriminación que viven y establece parámetros de políticas públicas para combatirlas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la CEDAW en 1979. Esta Convención entró en vigor, como tratado internacional, el 3 de septiembre de 1981, al obtener la ratificación de 20 países. México la firmó en 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981, a partir de la reforma constitucional de derechos humanos en México —publicada el 10 de junio de 2011— los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales que México ha firmado adquirieron el mismo nivel jerárquico que los derechos contenidos en la Constitución.

La convención se compone de 30 artículos, que reconocen derechos a la igualdad, integridad personal, participación política y nacionalidad, entre otros y conceptualiza lo que es la discriminación contra la mujer, establece las guías y estrategias para eliminarla y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito privado y público, así como en las áreas educativa, social, económica, cultural, política y laboral.

Legislador / Analista Político