Vicisitudes locales del Derecho humano al agua

PERISCOPIO

Armando Sepúlveda Sáenz
miércoles, 13 marzo 2019 | 02:06

Una de las debilidades de la exigencia de los derechos humanos, es su amplio desconocimiento por sus sujetos. Uno de los casos extremos es el relativo al derecho al agua para consumo humano. La legislación relativa se ha olvidado sistemáticamente de su especificación legal, salvo en los textos constitucionales En 2012 el Congreso de la Unión inscribió en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Derecho humano al agua. Aunque en el derecho universal ya estaba presente de tiempo atrás. Y quedó contemplado del siguiente modo: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
A partir de esta base, el legislativo federal se ha visto incapaz de formular una propuesta razonable de ley general del agua (o al menos federal) acorde con este derecho. Sigue vigente la Ley de Aguas Nacionales misma que para nada incluye referencia o intento de adecuación a la reforma constitucional. El último intento de legislación abortó ante la presión de la sociedad civil, incluyendo en ella a los expertos y académicos.
El Congreso del Estado de Chihuahua, con celeridad inusitada efectuó la correspondiente reforma constitucional, para insertar el mencionado derecho humano, homologando el texto relativo de la Constitución Federal en su Artículo 4º cuyo texto omito pues prácticamente reproduce el contenido en la Constitución Federal. Esta Reforma se publicó en el órgano oficial el 21 de junio de 2014.
Cuando se presentó el proyecto de Ley del Agua para el Estado de Chihuahua al pleno (11 de octubre de 2011), aún no veía la luz la reforma a la Constitución Federal. Fue una Ley a modo para la instrumentación de la política pública en materia del uso del agua de la entrante administración estatal. Esta afirmación se puede confirmar en la negativa a adecuar la Ley al texto del artículo 4º.del ordenamiento constitucional local. De tal modo que las menciones al derecho humano al agua están ausentes y lo siguieron estando, en tanto perduró el titular del Ejecutivo estatal, y la mayoría parlamentaria mantuvo el control político del Congreso.
Véase si no, en el primer artículo relativo al Objeto de la ley vigente, en su versión original y en el segundo, concerniente a la regulación del Objeto, se olvida toda mención del derecho humano de los Usuarios y por si fuera poco, en el capítulo III de disposiciones referentes a Derechos y  Obligaciones de los Usuarios,  si algo omite son precisamente los derechos, así fueran de orden administrativos, no se diga el derecho humano al agua.
Por todo ello, con el cambio de Poder Ejecutivo y de mayoría parlamentaria, se podía postular la idea ingenua de que la Ley del Agua, fuese objeto de una adecuación a la del texto del Artículo 4º de la Constitución Local y enmendaría el error de fondo de la versión inicial de la Ley. Esta idea se fortalecía al iniciar la lectura de su texto, pues al artículo 1º se adiciona un párrafo tercero que a la letra expresa: “La presente Ley reconoce el derecho de todas las personas a tener acceso al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y asequible, al saneamiento de las aguas residuales y a su disposición”. Pero la presunción se desvanece cuando consultamos las definiciones: no hay enunciado para el derecho humano al agua y segundo no pudieron vincular a éste con la descripción de Consumo Humano de Agua. Se mantiene en sus términos la definición original.  La perplejidad se incrementa cuando la misma ausencia de la versión original en el Capítulo III, se ratifica. En definitiva, la  mención del derecho humano al agua del artículo 1º en su tercer párrafo tiene una calidad meramente declarativa de derecho humano, sin contenido alguno.
La reforma básicamente se circunscribe a contenidos propios de una ley orgánica y procedimientos reglamentarios, inadecuados en una ley reglamentaria de disposiciones constitucionales.
Ignoro si la actual legislatura tiene los conocimientos, el interés y la voluntad para enmendar el yerro o habrá que esperar un turno de cambio legislativo o gubernamental ¡Que penosa suerte para el enfoque de derechos en la materia hidráulica!