LA COLUMNA de El Diario de Juárez

domingo, 06 marzo 2022 | 08:38

"Luego vinieron las grandes reformas que reconocieron la doble nacionalidad pero tampoco me he acogido a la doble nacionalidad...”                                                                                

Cualquiera que tenga interés genuino puede asomarse en cualquier momento al Registro Público de la Propiedad (RPP) del Estado de Chihuahua y comprobar que el terreno de 277.64 metros ubicado en la calle Costa Rica número 179 de Ciudad Juárez sigue escriturado a nombre de Francisca Muñiz Viuda de Pérez, Elia Pérez Muñiz y Sergio Pérez Muñiz, no a nombre de Javier Corral Jurado.

El exgobernador de Chihuahua sostiene ahora que ese predio le pertenece porque se lo compró al particular Ricardo Álvarez Chabre el 29 de octubre del 2018, quien a su vez, lo habría obtenido de una subasta llevada a cabo casualmente solo días antes de su venta a Corral.

No hay un solo dato oficial en el RPP que valide esa operación, pero sí antecedentes específicos sobre el mismo terreno de un juicio desarrollado durante más de 20 años que hacían prácticamente imposible su venta. Aparte del embargo que llevó a ese juicio presenta otros tres embargos bien anotaditos ahí en el RPP.

El prolongado litigio incluía solo a uno de los herederos, Sergio Pérez Muñiz, y el terreno pertenecía en partes iguales a los tres. Los subastadores pasaron por encima de ese y muchos otros “detalles”. Entregaron el 100 por ciento de la propiedad cuando, de ser válido el juicio, debió ser solo una tercera parte.

En su momento hablamos de un terreno caliente el adquirido por Corral Jurado. Y lo sigue siendo hasta ahora. La Judicatura del Tribunal Superior de Justicia en el Estado tiene un caso para profunda investigación puesto que hay configurado al menos el delito de fraude procesal rematado con una notificación judicial a Pérez Muñiz sobre una subasta dos años después de haber fallecido.

Salta a la vista, por lo tanto, también el evidente abuso de poder cometido por Corral en su calidad de gobernador. Ese terreno era prácticamente un tentador baldío pegado a su casa ubicada en la calle Costa Rica e Ignacio de la Peña.

Su amigo Álvarez Chabre (que en paz descanse) investigó lo necesario y operó el remate, “adquirió” la propiedad y al instante se la “vendió” a Corral, que ni como abogado que es ni como titular máximo del Registro Público de la Propiedad en ese tiempo, revisó la situación legal del predio. No lo quiso hacer por razones lógicas, según las evidencias.

Más caliente todavía, en mayo del 2019, un médico de origen mexicano, pero con residencia en El Paso, José Ricardo Castro Pérez, nieto, hijo y sobrino de Francisca Muñiz, Elia y Sergio Pérez Muñiz, interpuso en el Poder Judicial de Chihuahua una demanda de juicio intestamentario sobre ese famoso lote que fue radicada y sigue vigente en un juzgado civil de Ciudad Juárez bajo el expediente 473/19.

En octubre del 2019, la directora de Procesos de Investigación de la Secretaría de la Función Pública, María Antonieta Arreola Valenzuela, envió al juzgado sexto civil asentado en Juárez el oficio número SFP-DPI-387-2019 solicitando el expediente sobre la demanda de juicio intestamentario ante “la probable comisión de faltas administrativas”.

Cabeza Corral de la Función Pública no se volvió a saber nada en el seguimiento a esa indagatoria, pero los juzgadores americanos podrán tener acceso a esos datos cuando lo requieran.                                                                                

***                                                                                

El grueso de esos detalles fueron publicados por El Diario en distintas notas informativas en 2019. Fue incluida una entrevista con otro de los herederos, Miguel Castro Carmona, quien advirtió que sería el gobernador denunciado por lo que llamó “invasión” de la propiedad.

Corral reaccionó con coraje, con furia. Acusó sin pruebas a los directivos de El Diario de extorsionadores; lo repitió y lo ha repetido impunemente desde entonces. A toda la información publicada contestó no con las aclaraciones respectivas más allá del solitario contrato de promesa de venta, sino con insultos y amenazas aun investido como gobernador, como servidor público, con todo el control policiaco y judicial desplegados en distintos frentes contra sus opositores.

Anunció que demandaría a esta empresa en tribunales judiciales de México y Estados Unidos, pero iniciaría el pleito no con dinero propio, sino de “amigos”, incurriendo en un claro conflicto de intereses. Así lo confesó a una televisora en la ciudad de Chihuahua el 8 de enero del 2020.

“Creo sinceramente, estoy convencido, así lo he platicado con un grupo de amigos a los que he pedido el apoyo económico para patrocinar y sustentar estas demandas, sobre todo en Estados Unidos, donde los despachos cuestan bastante, que tenemos que dar esa batalla y debo decir que me alienta muchísimo la respuesta que he encontrado de decir: vamos a sentar un precedente en esta materia cueste lo que cueste”.

Nunca ha informado quiénes son esos amigos ni cómo está sufragando el proceso.

Interpuso la demanda en El Paso, Texas, en marzo del 2020, por difamación y calumnias, bajo el argumento de que las publicaciones “erróneas” tenían la intención “maliciosa de difamar y calumniar el buen nombre y reputación del Sr. Corral en nuestra comunidad regional”.

Puso allá su queja en calidad de ciudadano americano, nacido precisamente en El Paso, donde “tiene un buen nombre y reputación... Estas publicaciones sometieron al Sr. Corral, al odio público, bajas calificaciones de aprobación...”, dice el texto de la denuncia inicial.

¿Bajas calificaciones de aprobación? ¿En El Paso? Está palmariamente demostrado que el exgobernador ha sido residente en México prácticamente toda su vida; cerca de 30 años los ha pasado en la administración pública, la mayoría de ellos en funciones legislativas. Nunca se supo en Chihuahua que fuera objeto de calificación por los paseños, aunque ciertamente en México concluyó como el gobernador con menos aprobación de los 32 estados de la República.

La defensa jurídica de El Diario ha planteado que la jurisdicción sobre el eventual juicio es México por un sinfín de razones originadas en la operación inmobiliaria que hasta ahora ha beneficiado al exgobernador y porque el ejercicio periodístico desarrollado fue llevado a cabo para informar a los gobernados por Corral, los chihuahuenses, sobre esos hechos de obvio interés comunitario general.

La defensa del exmandatario ha insistido que el juicio debe ser en Texas porque “se sospecha que no podría tener un juicio justo en Chihuahua, México”; por lo tanto, nuestro país “no es un foro adecuado para Corral”.

Así es de incomprensible la conducta del exgobernador. También famosa es aquella entrevista ofrecida el 9 de marzo del 2016 al Canal 5 de televisión local en la que aseguró haber renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos.

“Yo nací en El Paso. Ya después tomé la decisión, bajo una conciencia plena, de renunciar a la ciudadanía americana. Pocos lo hacen... Yo lo hice, por cierto, por un impulso muy latinoamericano cuando Estados Unidos invadió a Panamá. Ahí fue el empuje. Me sometí a un cuestionario muy amplio. Te hacen muchas preguntas: y por qué Usted quiere renunciar, bueno porque mi Patria es México. La Patria es la tierra de los padres. Yo soy por la Constitución mexicano por nacimiento (¡¡!!)... Luego vinieron las grandes reformas que reconocieron la doble nacionalidad, pero tampoco me he acogido a la doble nacionalidad. Aquí están mis raíces. Tengo un compromiso con la nación”, dijo.

Agregamos en versión digital de La Columna esa parte del video y aquella fracción de otro video cuando anuncia que su defensa legal en Estados Unidos sería pagada por amigos suyos.

Fue una mentira esa renuncia. De hecho, en México enfrenta denuncias penales por usar dos actas de nacimiento, de México y de Estados Unidos, para participar en diversas elecciones constitucionales. El perjurio, o la mentira, en Estados Unidos es altamente castigado.

La demanda por difamación en El Paso contra El Diario ha continuado durante las últimas semanas. El 1 de marzo, el juez que lleva la causa 2020DCV919, Javier Álvarez, desestimó una moción para que el juicio se lleve a cabo en México y no en Texas.

Esta y otras determinaciones son apelables, pero Corral las ha presentado en redes sociales como “triunfos contra los Diarios”, incurriendo en más calificativos y en más acusaciones contra esta empresa sin aportar una sola prueba, pero tampoco sin aclarar el historial de fondo que, en efecto, debe estallar frente a la eventualidad del juicio: la operación inmobiliaria mediante la que, siendo gobernador constitucional del estado de Chihuahua, se hizo del polémico terreno.

Hoy presentamos un certificado oficial de gravamen extendido por el Registro Público de la Propiedad con fecha del 4 de marzo del 2022, firmado por la registradora, Karla Patricia Vergara Briseño. Sigue inscrito a nombre de Francisca Muñiz, y Sergio y Elías Pérez Muñiz... con todo y embargos.

A estas alturas solo alguna maniobra irregular podría modificar todo el embrollado estatus legal que rodea al terreno en mención.

Conocerá eventualmente la Corte de Texas a detalle cómo un gobernador del talante de Corral consigue acomodar procesos legales institucionales a modo para beneficiarse personalmente como es ese caso y el caso de sus dos nacionalidades que ya lo golpearon con rudeza en México cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le retiró la invitación para ser embajador de nuestro país en alguna otra nación porque no es nacido en México.

Esas son las verdades traducidas en el ejercicio periodístico las que sacan de su quicio al exgobernador y por las que busca el desquite, la venganza. Terminó peleado por esa razón no solo contra El Diario, sino con gran cantidad de periodistas y medios informativos. Las hemerotecas hablan de ello.