Opinion

Vitas y Bankaool, en la crónica de Aras

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GPS / Dominical

domingo, 02 enero 2022 | 05:00

El exclusivo departamento 19B en el edificio Ph Waterview San Francisco que habitan socios de Aras en Panamá, como domicilio de la empresa creada en aquel país, tiene una de las más extraordinarias vistas al Océano Pacífico sur.

Está localizado este inmejorable inmueble muy cerquita de otros exclusivos edificios, como el Sheraton Grand Panamá, apenas a unos minutos de la carretera Interamericana. La renta es una de las más caras de la zona. 

No podía haber sido de otra manera el arribo de la ambiciosa empresa al paraíso fiscal envuelto en escándalo con los Panamá Papers, más que ubicarse en un edificio de esta envergadura y calidad, como corresponde al alto nivel que han demostrado les encanta, patente ya, por ejemplo, al funcionar en Chihuahua dentro de la exclusiva Torre Azenzo. 

Es aquel país, Panamá, uno de los que tiene como asiento el mayor número de empresas fantasma y operaciones raras al estilo Bahamas o Islas Caimán.

Esta simple operación de constituirse en aquel país con una empresa distinta, pero perteneciente al mismo grupo, debió haber alertado a la Unidad de Inteligencia Financiera, y a partir de ahí, con los vasos comunicantes y las amplias facultades de intervención, haber tomado medidas mucho antes de que se presentaran las primeras denuncias.

Pero no ocurrió así. La creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Panamá el pasado 18 de febrero del 2021 pasó desapercibida para las autoridades como la UIF, en aquel entonces aún a cargo de Santiago Nieto, más preocupado por bloquearle cuentas a los líderes agricultores y políticos involucrados en el asunto del agua y La Boquilla, y claro por supuesto, atendiendo menesteres de su boda. (Por cierto, Andrés Valles sigue preso).

Tampoco se dio por enterada por supuesto la Secretaría de Hacienda, en aquel entonces encabezada por Arturo Herrera, que realizaba más política que otra cosa, extraviado en sus visitas, por ejemplo, a Chihuahua, embelesado por los cuentos chinos del exgobernador Corral y sus sueños por llegar a la gubernatura del Banco de México.

Ni qué decir de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que aún sin ser alertada por la UIF, o la SHCP, pudo haber intervenido con mucha anticipación por la oferta de inversión que se realizaba de manera pública por Aras, constituida como una Sociedad Anónima de Promoción de Inversiones, pero que en la realidad actuaba como una intermediaria financiera a todas luces irregular, rozando lo francamente ilícito.

Pudieron todas estas autoridades dar vista a la Fiscalía General de la República, o, es más, sin necesidad de ello, pudo la UIF inmediatamente congelar cuentas no sólo de las empresas irregulares, sino de sus principales accionistas y administradores. 

Hay un amplio catálogo de actividades vulnerables indicadas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en muchas de ellas pudo haber cabido la interpretación indispensable para actuar, como ha hecho en otros muchos casos la Unidad de Inteligencia.

Las facultades de la UIF son ampliamente discrecionales para intervenir dada su naturaleza preventiva para evitar daños a la hacienda pública y al interés colectivo ante la posibilidad de manejo de dineros de origen ilícito. Es la UIF un brazo fundamental para proteger el sistema financiero y tributario nacional.

Pero nada, fueron hechas a un lado las facultades amplias con el pretexto formal y riguroso de que se trataba de una institución regulada por la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y por tanto la CNBV carecía de posibilidad de intervenir. La UIF ni por enterada se dio porque no se encontraba en el radar del interés coyuntural.

Santiago Nieto cayó en desgracia precisamente por su boda, y Arturo Herrera igual, fue desplazado en la ruta trazada hacia el Banco de México. Peor les fue a los inversionistas de Aras, que hoy enfrentan un pleito ratero desigual, porque la empresa se defiende como gato patas para arriba. A la fecha no se ha judicializado ni una denuncia siquiera de las casi dos mil 500 presentadas.

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La noticia de que Aras se constituyó como empresa en Panamá hace diez meses, poco antes del escándalo por fraude, no es más que la continuación de un manejo desaseado en perjuicio de 18 mil inversionistas, frente a las narices de las autoridades financieras que debieron vigilar la actuación de esta organización mercantil y que hasta el momento han sido omisas en lo sustantivo, recuperar los cientos de millones de pesos invertidos.

Es un duro golpe a los miles de inversionistas de Aras conocer que bajo el folio de registro 155702474 se constituyó en aquel país una nueva empresa perteneciente al grupo, con socios mayoritarios involucrados en la actividad fraudulenta.

En particular, que haya sido Jorge Mario Valdez el presidente del Consejo de Administración de aquella empresa panameña, mismo personaje que adquirió parte de las acciones del CEO Armando Gutiérrez Rosas, a principios de año.

Tienen los socios de cualquier empresa la posibilidad de participar en las decisiones internas de la misma, en virtud de una diversidad de leyes existentes, en el caso específico la que regula a las S.A.P.I., careta legal con la cual existe Aras Investment Business Group y se firmaron los contratos de inversión.

Hay un breve apartado en la Ley de la Comisión Nacional bancaria y de Valores que regula las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, donde se establecen los requisitos del funcionamiento y las facultades de los accionistas.

Una de ellas es intervenir en la venta de las acciones mediante el derecho al tanto, con mayor razón cuando se trata de un movimiento de este nivel, es decir, la venta de las acciones controladoras de la empresa, que dan la posibilidad del manejo del Consejo de Administración, designación de comisarios, auditores externos, y un largo etcétera, que son candados para evitar precisamente lo que en estos momentos está ocurriendo.

Pero en el caso de Aras, los accionistas fueron ajenos a todo el movimiento, desconocen los estados financieros, las operaciones realizadas, los ingresos obtenidos, los egresos realizados entre ellos sueldos y prestaciones, los dividendos repartidos, y por supuesto, la constitución de otras empresas como la creada en Panamá.

Todas estas irregularidades pensamos que forman parte de la carpeta de investigación –junto con la maquinación para convencerlos en invertir con suculentos dividendos- que se ha convertido en eterna y que está esperando el momento de llegar ante un juez, a ver si se logra, a dos meses de estallado el escándalo, recuperar algo de lo perdido, ya no se diga de los dividendos mensuales altísimos ofrecidos, sino del capital.

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La fatídica situación que enfrentan los inversionistas de Aras, en un contexto de decenas de irregularidades sin que autoridad financiera alguna interviniera, es una advertencia seria en relación con otros dos casos que también a la luz del día se presentan sin que se enciendan alertas rojas o se actúe de manera preventiva para cuidar a otros cientos o miles de inversionistas.

Vitas es un supuesto grupo financiero que está promoviendo una torre de lujo frente a la presa El Rejón, sin contar con trámite alguno siquiera ante la autoridad municipal, quien debe revisar y autorizar la viabilidad del proyecto.

El otro caso es el de Bankaool, antes Caja de Ahorro Progreso, en el hoyo de capitalización, con alto nivel de cartera vencida, prácticamente en condición inviable.

Aras ya es, pero los otros dos asuntos parecen calca de crónica de una quiebra versus fraude anunciada al estilo magistral de Gabriel García Márquez.