Opinion

¿Y ahora qué?

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Jorge Fernández Menéndez

viernes, 01 octubre 2021 | 05:00

Ciudad de México.- El próximo 8 de octubre se mantendrá en la Ciudad de México la reunión de alto nivel entre las autoridades mexicanas y las de Estados Unidos sobre seguridad. El tema es clave en las relaciones bilaterales, pero también para nuestra política interna. La estrategia de seguridad no tiene los resultados que demanda la sociedad y desearían las autoridades. Las presiones, internas y externas, para dar una vuelta de tuerca en la estrategia de seguridad son muchas y las razones para hacerlo están confirmadas en los propios datos oficiales.

La reunión a la que asistirá la plana mayor de los organismos de seguridad de la Unión Americana, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken y el del Homeland Security, Alejandro Mayorkas, servirá para redefinir una estrategia conjunta en el sector. Como adelantó ya el canciller Marcelo Ebrard servirá también para cerrar todo el periodo marcado por la Iniciativa Mérida, firmada en 2007 por los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush. Como ya hemos comentado aquí en otra oportunidad, la Iniciativa Mérida, que implicó la aportación de miles de millones de dólares a instancias de seguridad en México, se creó como una suerte de réplica, adaptada a nuestra realidad, del exitoso Plan Colombia que terminó rompiendo redes de narcotráfico y criminalidad en ese país (y también de guerrilla) y regresando en buena medida una paz social que estaba absolutamente perdida.

Pero el Plan Colombia, con las implicaciones de intervención directa estadunidense, incluso con elementos policiales y militares en activo, no era aplicable en México. La Iniciativa terminó siendo una suerte de híbrido en el contexto de una estrategia de enfrentamiento frontal contra los grupos criminales. La Iniciativa, a pesar de la derrama económica interna y externa, fracasó en algunos capítulos, quizás sobre todo en los judiciales y en la formación de policías estatales y municipales, pero tuvo éxito en otros, permitió la destrucción de varias organizaciones criminales muy peligrosas, también permitió la llegada de equipos policiales y de seguridad al país, algunos a costo cero. Sin embargo, terminó permitiendo una intervención demasiado amplia de organizaciones como la DEA y de otras agencias estadunidenses en el país, con una autonomía de operación también muy marcada. La idea era tener transparencia y efectividad, pero la política y los intereses de grupo, en México y en EU, oscuros o no, terminaron contaminando esa operación conjunta.

Queda claro que esa etapa ha sido superada, pero las exigencias de la etapa que se ha abierto no son menores. Cuando se haga la reunión del viernes 8 de octubre, el número de muertos de la administración López Obrador habrá sobrepasado ya los 100 mil, muchos más, para el mismo período, que los gobiernos de Calderón o Peña Nieto. Para el Gobierno federal reducir la violencia es un imperativo que no puede ignorar. En ese mismo sentido, el reclamo de los Estados Unidos, en el terreno de la seguridad, transita por dos grandes andariveles: uno es cortar o por lo menos controlar el tráfico de personas que ha sido calificado por el Índice Global de Delincuencia Organizada como el más grande y sofisticado de América. Ese tráfico es manejado ya por los grandes grupos criminales del país, tanto en la frontera norte como en la sur.

Relacionado con ello está la exigencia, reiterada la semana pasada, de romper con las redes de tráfico de drogas, golpear sus estructuras, detener y juzgar a sus jefes. Inquieta en la Unión Americana que desde hace tiempo no haya una detención importante. Los capos deben ser perseguidos, detenidos y juzgados. No es posible emprender una lucha eficaz contra el crimen organizado sin hacerlo, y eso nada tiene que ver con estar declarando una guerra.