Opinion
Periscopio

Zulma y sus derechos humanos

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Armando Sepúlveda Sáenz

miércoles, 08 septiembre 2021 | 05:00

Zulma González García, es una niña de 12 años, cuya odisea ha trascendido a los medios, al dar a conocer vía Twitter, la negativa de las autoridades para atender su reclamo de vacunación contra Covid-19.  Para entender el hecho requerimos de los elementos antecedentes y la configuración de la situación. La persona menor de edad (12 años) es oriunda de Xalapa Veracruz; como la mayoría de las niñas y niños ha asistido a los cursos escolares por Internet; desea asistir a clases presenciales. Entre su propósito y la posibilidad de concretarlo para su seguridad en salud, se interpone su condición de padecer una enfermedad crónica que debilita su sistema inmunitario, pues como muchas otras personas de todas las edades padece de diabetes tipo 1, conocida como infantil, (aunque no solo se presenta en menores de edad), ella debe recibir aplicaciones diarias de insulina sintética para procesar la glucosa que asimila con los alimentos. En general, los que padecen un síndrome diabético son inmunodeficientes.  Así que en un futuro deberá recibir dosis de refuerzo, como cualquier otro diabético.

Zulma además de ser consciente de su deficiencia fisiológica es consciente de sus derechos humanos, condiciones que no todos los niños comparten. En buena parte su situación privilegiada es fruto de haber nacido en un hogar cuyos padres son profesionistas y en particular por la formación académica de la madre, que es abogada, y su nombre es Zulma García Hernández. 

Aunque Zulma hija, tiene personalidad jurídica propia y pudo en su momento, haber gestionado ante las autoridades judiciales la exigencia de respeto de su derecho a la salud, fue la intervención responsable de su madre la que permitió obtener un amparo específico que obliga a las autoridades sanitarias de Veracruz a inmunizar a Zulma mediante la aplicación de la vacuna anti Covid-19 de los laboratorios Pfizer – BioNTechm, en virtud de la recomendación de Cofepris para su rango de edad.

La resolución del juez federal obligaba, el día 1 de septiembre a la mencionada aplicación, en un plazo no mayor a 24 horas. Al respecto, transcurrido el plazo la abogada Zulma García Hernández declaró a los medios locales que si a su hija le llegara a suceder algo grave, hará responsables al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues señala dilación en el proceso de aplicación de vacuna anticovid a la menor que logró amparo del Poder Judicial. Detalló que el viernes 3 de septiembre presentó unos alegatos y será el Tribunal el que determine si acepta el recurso para resolverlo. Molesta, dijo no entender la negatividad, cuando en otras entidades sí han procedido los amparos.

Paralelamente, a través del video que publicó en Twitter, la menor de edad mostró la resolución del Poder Judicial de la Federación para que sea vacunada debido a que padece diabetes tipo 1, al mismo tiempo que recordó las palabras que López-Gatell le dijo en abril del 2020: “Pero de todos modos niños, niñas, hombres y mujeres que tienen diabetes tipo 1, deben considerarse de mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del Covid. Entonces, hay que tener las mismas precauciones, adicionales que se tiene con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades en la edad adulta”, expresó el subsecretario López-Gatell durante una ronda de preguntas y respuestas que sostuvo con niños del país con motivo del Día del Niño.

Sin embargo, Zulma González García, afirmó que el gobierno de Veracruz le negó la vacuna Pfizer con el argumento de que así lo “indicó el gobierno federal”. Supuestamente ya se le han realizado estudios previos en el sistema de salud veracruzano para establecer su condición de salud. 

El hecho simple es que las autoridades federales y locales se han negado a cumplir con la directiva del Juez federal y por tanto se encuentran en desacato. 

De las declaraciones públicas de subsecretario de Salud del día de ayer se desprenden la visión del problema de los niños amparados y la actitud ante las resoluciones judiciales. Primero, “… pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia a un niño y niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor, por eso la salud publica piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad", segundo, además “el funcionario de la SSA expresó que los jueces en sus argumentos para soportar su sentencias existen elementos de confusión muy importantes de los aspectos técnicos de la salud. Tercero. Por si fuera poco, el Presidente López Obrador afirmó “que enviarán un informe al Poder Judicial donde se expliquen las características de las vacunas o lo que significa vacunar a menores para que los jueces tengan más elementos al momento de resolver sus amparos”. 

Por sus afirmaciones queda meridianamente claro que: 1) Ni el subsecretario de Salud ni el presidente de la república entienden el enfoque de derechos humanos. Las personas no son clasificaciones de grupos definidos estadísticamente o por su condición de edad. Toda evaluación de satisfacción de derechos por personas toma en consideración su catálogo de derechos y libertades fundamentales y de acuerdo con sus condiciones personales (biológicas, económicas, sociales, políticas y culturales). 2) En tanto remiten sus “argumentos” y éstos son considerados por el poder judicial, los derechos humanos considerados en los amparos concedidos se incumplirán. 3) Es fácil advertir la calidad sofística del argumento del Sr. López Gatell, Desde la perspectiva del derecho a la protección a la salud, presenta inequidad vacunar adultos mayores sin deficiencias de salud y bien alimentados y se priva de la inmunización contra Covid-19 a los niños inmunodeficientes como Zulma, por su condición de salud; así como los niños que pertenecen a familias en pobreza alimentaria pues están subalimentados y por ello son inmunodeficientes, amén de otras deficiencias de salud (cáncer, problemas respiratorios, insuficiencia hepática, etcétera) . De estos riesgos condicionantes es consciente cualquier médico de pueblo. Por consiguiente, el gobierno mexicano aplica vacunas a quienes no las necesitan y se priva del acceso a ellas a quienes presentan una vulnerabilidad que puede ser fatal si se les expone a riesgos de infección; omitiendo de paso, toda consideración al interés superior de la niñez, cual si fueran anuncios de galletas y no principios y derechos inalienables.

En consecuencia, para cualquier autoridad local consciente y responsable debe ser de suyo evidente diferir el regreso a clases presenciales, en tanto no se analice la condición de salud de cada niño con base en pruebas de Covid, condición nutricional y en su caso, someterlos a un régimen de alimentación que subsane este aspecto y garantizar que los inmuebles escolares cuenten con todos los servicios básicos (electricidad, agua, sanitarios, ventilación) y la posibilidad de instrumentar las prevenciones de distancia y de elementos sanitizantes. Las vidas de todos son valiosas. Todos los adultos y niños, pero éstos últimos, tienen derecho de prioridad.